Pere Aragonès, siguiendo la tónica a la que ya nos tiene acostumbrados ERC, cedió y acudió a la conferencia de presidentes autonómicos después de hacerse rogar. Nunca se ha entendido por qué no acude a estos ámbitos, sobre todo cuando su colega vasco se hace presente. Pero, más allá de este hecho, en esta ocasión Aragonès iba -decían sus portavoces- con un paquete de más de veinte medidas. La realidad, como también se pone de manifiesto en el Congreso, es que la presencia del presidente de la Generalitat, más allá de no acudir como es habitual a la foto con el rey, se produjo en la más total de las insignificancias. Y ahí hay un problema político. Si Torra era un presidente anómalo que llegaba a ser una parodia del cargo, el actual, pese a todas las preparaciones previas, sencillamente no lo llena.
La cuestión culminante de esta reunión de presidentes era, junto con el problema de los refugiados de Ucrania, el destrozo terrible económico y social que va acometiendo la inflación. Abordar este problema era una prioridad y el resultado fue más bien magro, si bien al final, y por la presión del presidente gallego, se acabó introduciendo una referencia a una indeterminada reducción de las cargas impositivas. Y es que el meollo del hueso de la cuestión y de la aparente paradoja, es que cuanto más alta es la inflación, más perjudicados resultan los ciudadanos y las empresas por este tipo de impuesto que genera, y más beneficiado se convierte el estado porque ingresa más.
Todo el sistema impositivo cuando es inflacionario otorga unas ganancias extraordinarias a la hacienda estatal. Basta con pensar en uno de los impuestos del IRPF. La inflación significa que puedes pagar más teniendo, en términos reales, es decir, de poder adquisitivo, una renta inferior. También ocurre con todos los impuestos que cargan bienes y servicios. El IVA es un caso clamoroso, acentuado por el hecho de que los productos que mayoritariamente compran las rentas más bajas son los que, en la actualidad, tienen mayores niveles de precios porque evidentemente el impacto de la inflación sobre el conjunto de productos no es igual para todos.
Un ejemplo de esta situación lo podemos observar en la gasolina y el gasoil. En la medida en que se encarece, el estado hincha su bolso. En la tabla adjunta se puede ver el gran diferencial de precios que existe entre algunos países en relación con el precio de venta de estos combustibles y también podemos constatar cómo más de la mitad de los 1,91 euros por litro de diésel que vale en Españase traducen en ingresos del estado.
La respuesta a esta situación sólo puede ser una bajada generalizada de los niveles impositivos y un reajuste de las tablas fiscales que regulan la tributación del IRPF. Ésta es la única manera de conseguir que la inflación encima no actúe como un expolio de las rentas de empresas y ciudadanos en beneficio de la administración del estado, sin que este hecho genere contrapartidas tangibles.
El resultado final de la reunión de La Palma se verificará con el compromiso sobre los impuestos, y aquí es donde quisiéramos ver, de una vez por todas, un papel importante del presidente Aragonès y de ERC.
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