Una recopilación de miserias públicas de esta pasada semana otorga un panorama desolador del vuelo gallináceo que preside la vida de nuestro país, obcecado por unos cuantos ídolos que le impiden asumir la realidad y actuar en consecuencia.
La primera miseria es la información de RTVE de que modificará la letra de la canción de Chanel que ganó el Benidorm Fest y fue seleccionada para representar a España en Eurovisión. ¿Y por qué se debe revisar la letra de una canción ganadora? ¿El relato y la música no forman parte de la misma unidad?
Hay que retrotraerse a tiempo del franquismo para encontrar prácticas de la misma naturaleza. Y es que de hecho en España, con un revestimiento liberal, vamos evolucionando rápidamente hacia un estado de leyes, que poco tiene que ver con un estado de derecho, porque en el primero los derechos se aplican no de forma igual para todos, sino en función de si lo que dices o haces complace al Poder.
Concretamente, la iniciativa del cambio se produce después de que la diputada por el PSOE, Lidia Guinart, denunciara que la letra de la canción era «una forma de prostitución». “La normalización de la mercantilización del cuerpo de las mujeres no parece el mejor de los mensajes para representar a una televisión pública sobre la que pesa la obligación legal, pero también ética, de ser ejemplo en el camino hacia la plena igualdad real entre hombres y mujeres”, argumentó Guinart. Puestos así quizás lo que deberían censurar, dado que esta canción mercantiliza el cuerpo de la mujer, no sería a la mujer sino a la propia Chanel y al conjunto de baile que la acompaña, porque es evidente que la carta de la canción era esta y no otra. Estamos ante un nuevo puritanismo. Se ha pasado de no hacerle caso, a la reacción contraria. Ahora, las canciones, el teatro, la literatura cada vez más serán censuradas en función de si son políticamente correctas desde el feminismo de género, es decir, lo mismo que hacía el franquismo desde la ideológica del Movimiento Nacional y que mucho antes ya practicaban los bolcheviques en la URSS y los fascistas en sus países. Todo lo que se aparte de la ideología dominante debe ser prohibido o modificado. Esto es España en el siglo XXI y de estos temas nos ocupamos.
También nos ocupamos insistentemente del aborto. No es suficiente con tener una natalidad de derribo que nos condena a un futuro de miseria. No es suficiente con tener una de las leyes de aborto más permisivas de Europa. Ahora la inefable ministra Montero propone una nueva ley de aborto en la que, entre otros cambios, quiere liquidar el período de reflexión de 3 días. Quiere que la decisión de la madre de matar a su hijo no nacido sea instantánea. 3 días ya era un plazo muy escaso para una cuestión de esa trascendencia. La instantaneidad sobrepasa ya todos los niveles de brutalidad.
Una sociedad que no otorga ningún valor, significado, ni derecho al hijo engendrado no nacido es una sociedad condenada a la catástrofe.
Por si fuera poco, la ministra quiere señalar a los médicos que no hacen abortos, y pide que se cree un registro de sanitarios objetores de conciencia. Ésta es la otra línea junto con la acción de la cancelación y la censura, la del “señalamiento”, “marcar” al chivo expiatorio para generar amor y evitar que se agrupe y resista. Se ha hecho con la eutanasia, se hará con la acción policial sobre la gente que rece en las proximidades de las clínicas abortistas, que además de ser un texto inconstitucional, es sobre todo una ley instrumental para atemorizar al personal. Y ahora se quiere «marcar» a los sanitarios que no hagan abortos. También se quiere despojar a los padres del derecho a objetar el aborto de su hija menor,
En Cataluña no podíamos ser menos, y el inefable consejero Josep Maria Argimon ya ha anunciado que se ampliará el plazo de 9 semanas de gestación para poder realizar abortos farmacológicos. Este hecho puede acarrear importantes complicaciones sobre las mujeres. Pero, no importa, la cuestión es facilitar que aborten. Cabe recordar que todo el dinero que se gasta en el aborto, y que es pagado por la sanidad pública y cobran las clínicas privadas, está enteramente dirigido al hecho estricto de abortar, pero después no hay ningún tipo de seguimiento de sus consecuencias sobre la mujer afectada, aunque se sabe que entre un 30% y un 40% sufren de síndromes post aborto, que es una variante del síndrome postraumático y que en algunos casos puede ser particularmente grave. Pero esto ya no importa a nuestros políticos. Su manía no es la salud de la mujer, sino que aborten. Que no haya hijos. Es una ceguera suicida la que empuja a nuestras élites.
Argimon también ampliará los centros de interrupción de embarazo, por si ya no fueran suficientes, y además el departamento, siguiendo las instrucciones de la CUP, y con el fin de conseguir la “equidad menstrual” (sic) entregará 40.000 copas menstruales a las alumnas de 3º de ESO este mismo año. Puede constatarse que a nuestra sanidad le sobran los recursos y la creatividad para hacer frente a nuestras necesidades más imperiosas.
Y por último, un elemento que afecta a un grueso de población reducido, pero que es también significativo de lo que apuntábamos, del imperio del estado de leyes como sustituto del estado de derecho. Es la pérdida de concierto de aquellas escuelas diferenciadas que no aceptan suprimir su método educativo entendido en todo el mundo y considerado en términos positivos por la UNESCO. Por medio de un decreto del departamento de enseñanza que se ampara en la ley Celaá, lo que hace el gobierno catalán es pasarse por el forro la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que este método de enseñanza no es discriminatorio y tiene derecho a gozar de las mismas condiciones que otros modelos de escuela en cuanto a los conciertos económicos.
Pero da igual, entre que se dicta y se aplica la nueva normativa del decreto, que es ahora, y se asfixia económicamente a las escuelas y se inicia el procedimiento legal que acabaría dando razón a estas escuelas, pasarían años de miseria y dificultad por falta de concierto. Es una forma como otra de hacer trampas en la ley. El problema es que las trampas las realiza el propio gobierno catalán en nombre de una determinada ideología. ¿Cómo es posible conseguir una sociedad cohesionada que respete y otorgue credibilidad a sus gobernantes si ve que éstos se comportan más bien como grupos facciosos que utilizan la ley arbitrariamente siendo electos representantes de los intereses de todo el conjunto de Cataluña?
Cargando ...
