En condiciones normales 140.000 millones de euros para España serían como el maná del cielo, pero que en el caso español puede acabar francamente mal, tanto que tenga consecuencias críticas para la propia Unión Europea.
Hay que tener claro de entrada que la UE no realizará un especial control de las reformas españolas. Digamos que será “generosa” con su interpretación. Ahora mismo puede constatarse con la conformidad a transferir 10.000 millones de euros, que se añaden al anticipo de los 9.000 que ya recibió España, a pesar de que las dos más importantes reformas, la del mercado del trabajo y la de las pensiones, están en el aire.
Y esto es así porque el núcleo de poder de la Comisión Europea no quiere crear más complicaciones a España, por dos razones esenciales. Porque nuestro país estaría quebrado y derrumbado sin las ayudas, y evidentemente la exigencia de reformas no puede impedir que el dinero que sirve para salvarnos de la asfixia quede bloqueado. La otra condición es más interesada. Al núcleo de poder, el comunitario, ya le viene bien Sánchez, presidente de gobierno de un país grande que siempre hace seguidismo de quienes mandan , a diferencia de la Italia de Dragui que marca camino. Este punto es particularmente valioso para Alemania, ahora que la “intente” histórica con Francia se tambalea, y este país aprieta las relaciones con una Italia que parece recuperarse de su crisis histórica.
Es evidente a estas alturas de la película que no sólo el nivel de ejecución es bajo, vistas las cifras oficiales, sino que reina el retraso y la incertidumbre en los PERTE que dan lugar a quejas de los sectores afectados empezando por el muy importante del automóvil.
No es un tema menor que el dinero se utilice en mala dirección a consecuencia de los diagnósticos inapropiados y del seguidismo del lenguaje políticamente correcto de la Comisión Europea. Algunos casos concretos de gran magnitud lo ponen de relieve. Así, el problema de la baja productividad de las empresas españolas no está con la suficiente digitalización, que es mucho mayor que la de otros países de Europa, sino en la escasa dimensión de las empresas de nuestro país, en el que abunda la micro y la pequeña empresa. Los datos muestran el salto de productividad que se produce cuando superan los 50 trabajadores, pero el problema radica en que los de esta magnitud son una clara minoría en el conjunto atomizado del mundo empresarial de nuestro país.
Algo parecido se puede decir de la administración. Su problema debido a su baja eficiencia no es el déficit digital en primer término, y en algunos casos ni en el segundo, sino la carencia de una reforma administrativa que introduzca criterios de productividad en el servicio público. Y algo parecido ocurre con la enseñanza. Los datos muestran que el problema del pésimo rendimiento de nuestras escuelas no está en la falta de recursos, porque si así fuera las rentas superiores mostrarían unos resultados abrumadoramente mejores que el de las familias con rentas inferiores, y no es así. El problema radica en el propio sistema escolar, en los planes de estudio, las metodologías, el funcionamiento de los centros, la preparación del profesorado. El problema de la enseñanza española está en el aula y la escuela, más que en el dinero, y si no mira la evolución de Polonia que con menos recursos que España ha superado ampliamente los resultados de nuestro país. También tiene que ver con la situación de las familias, en las que su inestabilidad, desestructuración y carencia creciente de capacidad educadora, se remite al rendimiento escolar. En todos estos casos, más dinero puede significar enmascarar el problema en lugar de resolverlo.
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