La celebración oficial de la fiesta de la Constitución resultó breve, triste y polémica. Destruida en el formato, desafortunada en las intervenciones y escasamente representativa por la multitud de ausencias, sobre todo por parte de los partidos nacionalistas que constituyen el grueso de las fuerzas parlamentarias que apoyan desde fuera al gobierno Sánchez.
Cabe subrayar que el presidente del gobierno señaló que ahora no es el momento de reformar la constitución. Su capacidad de rectificarse a sí mismo sin que le tiemble la voz es infinita, porque cabe recordar que en el reciente congreso del PSOE afirmó todo lo contrario. La necesidad de reformar la Constitución y no sólo eso, sino que se creó una secretaría en la dirección del partido dirigida además por el hombre fuerte del gobierno, Bolaños, cuya finalidad es precisamente la reforma constitucional.
¿Cómo es posible que en el espacio de tan poco tiempo se pueda producir un cambio de esa naturaleza? Sería ingenuo pensar que las circunstancias han cambiado radicalmente de un momento a otro o que son fruto de la improvisación. En realidad es evidente que no existen condiciones de ningún tipo para modificar la Constitución, y éste no es un hecho de última hora, pero también lo es que el fin como explicaba el defenestrado asesor de Sánchez, en La Vanguardia, Iván Redondo, hay una mayoría del electorado que apuesta por la reforma constitucional y esta idea forma parte «del fondo de armario» que guarda Sánchez y que utilizará en la batalla electoral que se avecina, en la que levantará la bandera de la reforma.
La cuestión es cuál, porque, de entrada, su socio de gobierno pide proclamar la república. Juliana, un hombre estrechamente vinculado a la Moncloa, daba una pista. Sánchez puede acudir al artículo 92 de la Constitución y realiza un referéndum consultivo sobre la reforma, porque cree que esta iniciativa le reportaría beneficios electorales, sin necesidad de mojarse en los contenidos.
Por otra parte, la tentación de hacer una nueva Constitución que elevara a este rango lo que varias leyes muy polémicas han aprobado, está a la orden del día. Situar en el texto constitucional el aborto y su práctica eugenésica, la eutanasia y el suicidio asistido, las atribuciones del estado sobre los hijos recortando los derechos de los padres, las limitaciones en la escuela concertada, el matrimonio homosexual y adopción, y la introducción de la ideología de género y de las identidades de género y la transexualidad como políticas de estado, son objetivos de gran interés para todo un sector de los políticos españoles que creen en el actual momento y en un referéndum tendrían mayoría suficiente para ganarlo.
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