Seguro que sabe qué es el juego del trilero y que quienes lo practican se denominan trileros. Son aquellas personas que se sitúan en un lugar concurrido y juegan a que el público acierte donde está escondida la bolita entre tres recipientes posibles que el profesional del juego mueve continuamente. Es un juego prohibido porque es tramposo. De hecho el incautO que juega sólo gana cuando quiere el profesional para captar a otros incautos.
La política española cada vez se parece más a esta práctica porque al gobierno español cuando no le gustan los datos, una determinada situación, la realidad, en definitiva, cambia las reglas de juego de modo que sin transformar lo que no va bien, el gobierno pueda decir que todo funciona.
Un caso espectacular de trilerismo político es el caso de Juana Rivas, notoria por sus desobediencias a la justicia y también por el escandaloso apoyo que su comportamiento incívico le ha valido por parte de ministros del gobierno, y no sólo de Irene Montero, sino también de las socialistas.
Recordémoslo, Rivas fue condenada por el juez de lo penal de Granada con 5 años de cárcel por 2 delitos de sustracción de menores, 2 años y medio por cada hijo. La audiencia de Granada ratificó la sentencia y posteriormente el Tribunal Supremo rebajó las penas a la mitad, a 2 años y medio, por considerar que sólo existía un delito en la sustracción de los dos menores.
Con esta condena debía ingresar necesariamente en prisión, pero gracias a la generosidad de los poderes públicos pudo hacerlo en un centro de inserción social de Granada. Esto ya era un motivo de escándalo por el trato desigual a otras muchas mujeres condenadas. Pero es que al cabo de los 4 días de ingresar ya salió en tercer grado, algo aún más escandaloso, para cumplir la condena en su casa. La fiscalía y el juez de vigilancia penitenciaria objetaron y le retiraron el tercer grado, pero aun así sus condiciones han sido óptimas porque, como declaraba su abogado, Rivas sólo tiene que ir al centro de reinserción social los fines de semana.
Condenada a 2 años y medio, ha estado cumpliendo una parte de la condena a base de pasar el weekend en un centro de reinserción. Pero para el gobierno de Sánchez esto no es suficiente y la quiso indultar porque se había convertido en bandera del feminismo gubernamental que, por lo visto, justifica que la mujer pueda sustraer a los hijos contra toda legalidad.
El Tribunal Supremo informó en contra del indulto total y no se puso de acuerdo con si se le podía conceder un indulto parcial, porque había magistrados que firmaban que sí y otros que no. Resultado: indulto parcial, la pena queda reducida a 1 año y 3 meses y no pierde el derecho a la patria potestad, que con la otra condena sí había perdido. El abogado pide que ya no tenga que ir los fines de semana para cumplir la pena. Y todo esto y el precedente es muy grave, sin que en ningún momento la culpable haya mostrado arrepentimiento por sus actos y voluntad de rectificación. En definitiva, el gobierno se salta la ley si uno de los condenados es de los suyos.
Segundo caso de trilerismo gubernamental. La guillotina a las enmiendas de los presupuestos generales del estado:
El gobierno ha vetado un millar de enmiendas a los presupuestos. Es una cifra extraordinariamente elevada, porque el veto se reserva sólo para casos singulares de enmiendas que provocan el desequilibrio presupuestario, ya que establecen nuevo gasto sin decir de dónde va a salir el dinero.
Sin embargo, lo más grave es que los letrados del Congreso han hecho un informe en el que establecen que al menos 400 de estos vetos no se pueden aplicar porque o bien no hay modificación de gasto, o bien no se prevé por qué vía se producirá el ingreso para compensarlo. El informe pide que sea remitido al gobierno para que lo tome en consideración. ¿Qué ha hecho la presidenta del Parlament, la señora Batet? Pues sencillamente ha decidido no dar rienda suelta al informe, guardarlo y evitar así un trance incómodo para el gobierno Sánchez.
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