Después de la ley sobre la homosexualidad y las personas trans, i la innecesaria legislación sobre el “solo sí es sí”, dado que la necesidad del consentimiento ya está establecido en la actual legislación y práctica judicial española, ahora viene otra reforma, en este caso la de la ley del aborto a cargo, como no, de Irene Montero, que llevará este mal a sus últimas consecuencias. Cuatro son los elementos clave de este cambio.

El primer de ellos es que modificará la ley orgánica 2/2010 para establecer la libertad completa de abortar. Ya no habrá un periodo de tiempo en el que este es libre, pero que debe ser avalado por supuestos concretos. Montero pretende que se pueda abortar en cualquier momento y solo con la decisión de la madre. La liquidación total de la naturaleza humana del hijo engendrado se habrá consumado de manera que una persona, la madre, tendrá el derecho absoluto de decidir sobre la vida del otro, su hijo, mientras este todavía no haya nacido.

Dos, la mujer tendrá derecho a acudir no ya a un hospital público, sino al más “cercano” a su domicilio para poder abortar eligiendo el método que considere más adecuado.

Tres, para que esto sea posible se pretende, según Montero, liquidar la objeción de conciencia de los médicos y del centro, porque esta objeción en ningún caso puede significar la eliminación del derecho a abortar de la mujer. Es un paso más en la conculcación de derechos y la progresiva transformación del estado de derecho en un estado de leyes en el que la práctica de los derechos es asimétrica, de manera que según en el lado ideológico en el que se encuentre el sujeto los puede practicar o no.

Y último, elimina el modesto periodo de reflexión que existía de 3 días de manera que el aborto pueda ser instantáneo. Montero aduce que la mujer no necesita supervisión y tutela, y por tanto “eliminemos estos 3 días de reflexión” como si el hecho de reflexionar una decisión tan grave significara una tutela y no una forma de perfeccionar la validez de los motivos del acto que se va a cometer.

Lo que Montero persigue es obviamente una brutalidad sobre la brutalidad ya existente, y contribuye a agravar una situación extrema en la que por una parte, ni cultural, ni laboral, ni económicamente, la maternidad es bien vista. Se educa a los adolescentes en un tipo de sexualidad en la que el embarazo es visto y tratado como una enfermedad de transmisión sexual más, y por otra parte se decreta lo que no existe en ningún país: el aborto libre y a expensas del estado, sin reparar en los derechos de los no nacidos y de los médicos. De todas maneras es posible que el importante lobby de clínicas abortistas estrechamente vinculado al PSOE, frene aquellos aspectos de la ley que “nacionalizan” el aborto, hecho que reduciría el mercado actual de las clínicas privadas. Sería el segundo choque, el primero fue con las feministas, que Montero forzaría con un sector importante de apoyo al partido socialista.

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