- Sencillamente no funciona. El mejor ejemplo son los ayudas para autónomos y pymes aprobados en motivo de la pandemia. 7.000 millones que prácticamente aún no han llegado a los autónomos y pymes. Hay que decir, además, que España fue de los últimos países en legislar en este ámbito.
- El uso abusivo del decreto ley. Este instrumento jurídico está pensado para cuestiones de urgencia que hacen necesario comenzar a actuar para luego tramitar la ley en el Congreso. El gobierno Sánchez ha generalizado su uso de una forma aterradora. Es un vicio creciente de los gobiernos españoles, pero nunca se había llegado a tal extremo. Desgraciadamente, en Cataluña este vicio se ha contagiado y es la primera autonomía en número de decretos leyes, 141 en total desde 2008. Representaron el 50% de toda la normativa 2019, el 94% en 2020 y el 100% en 2021. El abuso del decreto ley debilita el estado de derecho, limita la democracia y fomenta la mala legislación.
- Leyes de «parte y de momento». Se hacen leyes casi siempre a toda prisa para quedar bien con un grupo social determinado y en un momento concreto para que se produzca una efemérides. Las temáticas sobre homosexualidad, transexualidad y feminismo son las que más responden a este vicio legislativo. Por ejemplo, ahora el PSOE ya garantiza que habrá una ley trans antes del día del orgullo gay. La nueva ley sobre la memoria democrática es otro caso de ley de parte en la que se hace una lectura histórica, donde se determinan unos culpables y unas responsabilidades según al bando de la Guerra civil.
- Los cambios legales de «Matute». Se aprovecha la tramitación de una ley determinada para incorporar uno o varios artículos sobre cuestiones que poco tienen que ver, y que de esta manera son legales, aunque sean poco legítimas. Uno de los casos que más llamó la atención fue el del papel de Iglesias en el CNI, pero los ejemplos son numerosos y públicos. Lo que pasa es que quedan desapercibidos dada la baja información y deficiente calidad de la misma sobre las cuestiones parlamentarias. Por ejemplo, se ha utilizado la ley de garantías y uso racional de los medicamentos para modificar los precios de referencia de los fármacos. La ley de contratos del sector público, muy importante, fue cambiada a través de los presupuestos, y así la lista podría continuar largamente. Por citar las dos últimas que están sobre la mesa, una ley sobre la reforma de la legislación civil y procesal de personas con discapacidad ha dado pie a modificar el artículo 94 del Código Civil, vetando el régimen de visitas del padre denunciado por maltrato. O bien, en la ley de la infancia, eliminando la dispensa que la víctima declare contra el agresor aunque haya retirado la acusación.
- Actuar haciendo caso omiso a los informes de expertos y de colectivos profesionales. Es el caso del reciente informe del Banco de España alertando que el alza del 22% del SMI restó 180.000 puestos de trabajo. A pesar de este hecho, la vicepresidenta y ministra de Trabajo está preparando un nuevo incremento. También sucedió con la elaboración de la ley de la eutanasia, marginando el informe del Comité de Bioética de España. Se utiliza la astucia de no tramitar como proyecto de ley una iniciativa del gobierno, sino como propuesta a cargo de los partidos que lo apoyan, para evitar así consultas al Consejo de Estado y a otras instancias.
- La Mesa del Congreso bloquea todo el juego parlamentario. Por ejemplo, hace 11 meses que el decreto ley sobre el ingreso mínimo vital está pendiente, a base de prorrogar y prorrogar el período de tramitación hasta 34 veces, en este caso, 32 en la reforma de la ley de secretos oficiales, 31 en las medidas de reactivación económica ante la Covid-19 y así un largo etcétera. También ha evitado que el Congreso investigara la gestión de la pandemia. También ha evitado que el gobierno diera explicaciones sobre la crisis de Ceuta. De esta manera la guillotina de la Mesa del Congreso impide que temas de relevancia se sometan a la luz y al taquígrafo.
- Una legislación que va convirtiendo el estado de derecho en un estado de leyes. Un estado de derecho es aquel que se presupone que todos los ciudadanos lo pueden ejercer en la misma medida. Un estado de leyes es aquel que tiene un ordenamiento jurídico pero que beneficia una parte de la sociedad por razones ideológicas en perjuicio de la otra. Por ejemplo, los piquetes de huelga, a pesar de que fuerzan el cierre de tiendas o impiden incluso con violencia el acceso a la empresa fueron excluidos del delito penal que podían cometer contra la libertad de las personas, pero esa gente que en las inmediaciones de las clínicas abortistas ora o reparte folletos a quien los quiere coger, podrá ser condenada a prisión con la nueva legislación que prepara el gobierno.
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