España sigue siendo diferente en el contexto europeo, porque tiene el único gobierno en el que forman parte ministros del Partido Comunista. Lo es la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y además ahora Enrique Santiago, secretario de estado para la Agenda 2030. Es un dato bastante significativo. Como lo es que Biden, después del tiempo que lleva ocupando el cargo, aun no haya llamado a Sánchez, a pesar de que EEUU tiene en España intereses estratégicos extraordinarios. Sorprendente.
La presencia de los comunistas en el gobierno está más que normalizada y al mismo tiempo se produce la estigmatización de Vox. Un partido del que se puede discrepar, pero que evidentemente se ajusta a las normas de funcionamiento democrático. Vox no es para nada un partido fascista. Y si alguien lo duda, sólo tiene que leer el editorial de El País del 9 de abril, y el anterior de La Vanguardia del 5 de abril. Tiene todo el derecho de expresar sus ideas y proyectos en el espacio público político y no se le puede impedir su desarrollo normal.
En este sentido, lo ocurrido en Vallecas es muy grave, porque nos dice que hay gente que con la excusa del antifascismo decretan que hay territorios vedados a determinadas opciones políticas. Pablo Iglesias es un gran irresponsable al justificar estas actitudes que, tal vez no serán fascistas, pero sí son totalitarias. Y aquí hay que recordar aquel poema de Bertolt Brecht referido a los nazis, en el que alertaba de que cuando empiezan a perseguir a otros, acaban viniendo también a por ti. También es poco responsable la disposición del sistema policial porque no permitió que hubiera una distancia de seguridad suficiente entre unos y otros, de modo que, el lanzamiento de piedras, adoquines y botes de bebida, conseguía llegar a los concentrados por el mitin de Vox.
Por la misma lógica es impresentable el cordón sanitario establecido en el Parlamento de Cataluña. Es una aberración democrática que debe ser denunciada porque una vez más los partidos que la practican se consideran que tienen autoridad para dictaminar quién es demócrata y quién no, al margen de la ley y de la práctica democrática. Los mismos socialistas que se han quejado toda la vida de que había partidos que entregaban el certificado de catalanismo, ahora ellos practican el mismo sistema contra otros. El principio esencial de la humanidad de «no hagas a otros lo que no quieres para ti» no rige en el Parlamento de Cataluña. Grave, muy grave.
Es una gran contradicción que señala el desorden moral de la política catalana, que ha transformado a la CUP en un factor de centralidad mientras se practicaba el supremacismo sobre todo aquello y aquellos que no les gustan. Los violenta y persigue, físicamente y en las redes, estigmatiza personas e ideas. La CUP, que practica la descalificación sistemática, la agresión verbal y por parte de algunos de sus grupos, también la física, que ataca locales, y explica en sus folletos cómo actuar contra la policía. Pero, esta organización de prácticas totalitarias en nombre de su democracia excluyente, éstos no sólo no deben ser sometidos a profilaxis democrática, sino que son socios privilegiados de ERC y de quien quiere ser presidente de la Generalitat. Este es un escenario absolutamente deformado, y como todas las deformaciones, el daño final está asegurado.
Nunca desde el fin del franquismo la degradación de la moralidad política había sido tan grande. Además de incapaces, inmorales.
