Por primera vez desde hace años, el Ayuntamiento de Barcelona cerró el 2020 con déficit. Hacía 8 años que tal hecho no sucedía. El signo negativo fue de 20 millones, pero lo más grave es que en 2021 se espera que crezca hasta 150 millones más. Y ello con la previsión oficial que tiende a subestimar la crisis de la ciudad y su consecuencia sobre los ingresos municipales.
A pesar de este hecho y la necesidad de mantener un nivel de gasto alto para afrontar la crisis, el Ayuntamiento de Barcelona está ausente del frente formado por grandes ciudades, que reúne a 10 partidos diferentes y que reclama de la ministra de Hacienda, Irene Montero, más ayudas para la población.
Se produjo una reunión en la que estaban presentes los alcaldes de Madrid (PP), Zaragoza (PP), Valencia (Compromís), Granada (Cs), Reus (PDeCAT), Girona (JxCat), Lleida (ERC), Torrelavega (Partido Regionalista de Cantabria), Pamplona (UPN), Cádiz (Adelante Cádiz, que forma parte de Podemos) y Tenerife (Coalición Canaria). Todos ellos y 20 alcaldes más suscribieron un acuerdo en el que piden gestionar el 14% de los fondos europeos no condicionados que recibirá España, o sea unos 20.000 millones de euros. Esta cifra es mucho mayor que la que en principio ha previsto el gobierno, de sólo 1,2% y un importe que no llega a los 1500 millones. Además piden un fondo incondicional de 1.000 millones de euros para el transporte público, ya que la falta de viajeros les está afectando gravemente, como es patente en el caso de Barcelona donde va creciendo el tráfico automovilístico pero se mantiene la baja afluencia en el transporte público por miedo al coronavirus.
Hay que decir que otros países de la UE, como Francia, Alemania, Italia y Portugal, reciben ayudas muy importantes para favorecer la situación de los entes locales. Alemania tiene previsto aplicar 30.000 millones este año y destinó 19.000 el año pasado. Francia e Italia han movilizado más de 5.000 millones cada uno este año. En el caso francés ha exonerado 5 años el cómputo de déficit para todo el gasto relacionada por Covid-19, y en el caso italiano se destinan 17.000 millones adicionales hasta 2023.
Barcelona necesita incrementar la escasa ayuda estatal si quiere evitar que la crisis Covid se transforme en una crisis sistémica que deje dañada la ciudad durante años. El Ayuntamiento va anunciando medidas y más medidas sobre el papel, pero en la práctica la dificultad radica en la disponibilidad de dinero fresco. Por ejemplo, se han anunciado a bombo y platillo más de 300 medidas para encarar la era Covid, pero estos planteamientos no tienen traducción práctica si detrás no hay suficiente dinero para sacarlo adelante. Y hacen falta muchos porque en este momento en Barcelona ya se han cerrado un 21% de los puntos de venta y se prevé, si las cosas no empeoran, que un 13% más cerrarán este año. En total, esto representa la tercera parte de los puntos de venta de la ciudad, que además tienden a concentrarse en aquella área más central, antes beneficiada por el turismo.
Sólo la inyección de dinero líquido permitiría evitar que este destrozo se consolide, pero la falta de recursos y el déficit previsto lo impiden. Además la política de Ada Colau consiste en apostar por las subvenciones que permitan un control de los receptores que, mayoritariamente, no son actividades económicas, sino asociaciones y organizaciones de todo tipo, que en gran parte Colau vincula así a su continuidad en el Ayuntamiento. El escándalo de DESC, la asociación de la que ella proviene y su pequeña galaxia, que han recibido más de 3,5 millones de subvenciones, es un indicador claro que encima algo más no acaba por tener un buen uso.
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