Se ha producido un nuevo escándalo en el Ayuntamiento a consecuencia de la investigación que ha abierto la fiscalía de Barcelona a la alcaldesa Ada Colau y a otros miembros del consistorio. Concretamente, Gala Pin, que fue concejala en el anterior mandato y que recientemente ha sido apercibida por incumplir el código ético del consistorio al aceptar trabajar en una fundación que recibió 287.000 euros en subvenciones cuando ella era concejala.
Otra denunciada es Vanesa Valiño, mujer de Pisarello, quien fue teniente de alcalde también en el anterior mandato y que ahora está como diputado en Madrid. Valiño es jefe del gabinete de la concejalía de la vivienda y dirigió DESC (Observatorio de los derechos económicos, sociales y culturales ) desde 2000 a 2015.
También están denunciadas la actual directora de DESC, Irene Escorihuela, la cuarta teniente de alcalde y directora del área de derechos sociales, Laura Pérez, y la concejala de derechos sociales en el primer mandato de Ada Colau, Laia Ortiz.
La denuncia formulada por la Asociación de Abogados Catalanes por la Constitución, hace referencia a la reiterada y presuntamente injustificada concesión de subvenciones al observatorio DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la pobreza Energética (ACPE) e Ingenieros sin Fronteras (ESF), todas ellas entidades vinculadas a la galaxia del observatorio con las que Colau mantiene estrechos vínculos personales y profesionales. El importe de las subvenciones por las que se produce la acusación asciende a 3,5 millones de euros.
Con todo esto hay que recordar los antecedentes. DESC fue constituida en 1998 y en realidad era una plataforma para el activismo político en el que asumió un éxito muy importante la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que fue la instancia que catapultó Colau a primer nivel de notoriedad y fue la palanca para llegar a la alcaldía, superando a Xavier Trias. Este activismo de Colau era posible porque trabajaba en DESC, de donde cobraba el sueldo que le permitía estar permanentemente liberada. De hecho de este núcleo salió la base de Barcelona en Comú en el Ayuntamiento con Jaume Asens, hoy también diputado en Madrid, y el citado Pisarello. También tenían este origen Vanesa Valiño y Agueda Bañón, directora de comunicación del Ayuntamiento, que también desarrollaba esta función en DESC con un nombramiento en su día que se convirtió en muy polémico.
Esta denuncia, que hay que ver qué recorrido tiene, representa una diferencia, pero no una novedad. La diferencia son las elevadas cantidades recibidas por las asociaciones de la galaxia DESC, pero no el hecho de ser subvencionadas, porque Trias estuvo aportando importantes recursos a esta organización en su época a la alcaldía. Alimentó a los que después lo echarían del Ayuntamiento.
DESC y las otras plataformas que configuran el entramado constituyen este perfil de asociaciones teóricamente de iniciativa social, pero que en realidad viven de rentas públicas porque la casi totalidad de su presupuesto procede de instituciones de esta naturaleza: Ayuntamiento de Barcelona, y en otros casos, de la Diputación y la Generalitat.
El capítulo de las subvenciones sigue siendo en tiempos de crisis y escasez uno de los aspectos más escandalosos de la vida política por el elevado grado de discriminación y favoritismo que incorporan.
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