En el caso de que la medida siga adelante, el gobierno quiere que la creación de empresas sea más fácil que nunca. Eliminando el requisito de contar con un capital mínimo de 3.000 euros para la creación de empresas bajo la forma jurídica de sociedad de responsabilidad limitada (SRL), con un euro bastaría para formar una nueva empresa.
En el texto de la consulta pública del ministerio, también se recuerda que una directiva europea de 2019, ya sometida a consulta pública por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, obliga a los Estados de la UE a permitir el registro de este tipo de compañías de forma digital en un plazo máximo de 10 días, una medida que también se prevé incluir en la futura norma española.
El departamento dirigido por Nadia Calviño, asimismo, planea aprobar iniciativas adicionales para combatir la morosidad entre empresas, en vista de los «incumplimientos de los periodos medios de pago estipulados» (60 días de máximo como norma general) por distintas leyes desde 2004. «Se constata un desequilibrio de poder entre grandes y pequeñas empresas. Las empresas más pequeñas tienen una probabilidad más alta de aceptar unos plazos de pago más largos o de que les sean impuestos por parte de empresas más grandes, debido al temor a deteriorar las relaciones comerciales. En caso de incumplimiento, la mayoría de las empresas no exigen las penalizaciones previstas en la normativa, como la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago», sostiene.
También apuesta por una mayor reducción de cargas administrativas para las empresas, con una mayor sustitución de autorizaciones o sistemas de control «ex ante» de la actividad económica por declaraciones responsables. Para acabar con el incumplimiento del plazo legal de pago para las operaciones entre empresas (60 días) propone profundizar en la implementación de medidas adicionales.
La futura ley de creación de empresas es una de las reformas contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y responde a las recomendaciones específicas de los organismos internacionales para mejorar el marco regulatorio, el clima de negocios y los mecanismos de financiación para aumentar la escala, la eficiencia y la productividad del tejido empresarial español. La consulta pública tiene como finalidad recabar las opiniones y aportaciones de los operadores económicos hasta el próximo 19 de marzo y servirá para configurar una propuesta de anteproyecto de Ley que se elevará a audiencia pública.
España pretende flexibilizar la creación de nuevas empresas. Con un euro y de forma digital, si sigue adelante la medida, el proceso será más fácil que nunca Share on X