España, y Cataluña no fue la excepción, vivió el escándalo de la «eutanasia forzada» en las residencias que ha enviado a la tumba miles y miles de personas de edad avanzada. A pesar de las denuncias, y a diferencia de Francia donde la justicia está incoando casos contra los gobernantes, en España la fiscalía ha parado toda denuncia contra los sujetos gubernamentales. Ahora vuelve a llover sobre mojado en el caso de las personas dependientes y seguramente la fiscalía, dirigida por la ex ministra de Justicia, continuará con su «impasible el ademán». La Asociación de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales de toda España ha hecho una durísima declaración afirmando que el Sistema de Atención a la Dependencia ha sido catastrófico: «ha provocado mucho dolor, sufrimiento y muerte a miles de personas en situación de dependencia y a sus familias». No es un partido político ni la oposición quien lo formula, sino unos profesionales que sólo tienen en común gestionar servicios sociales y que, por tanto, conocen bien lo que dicen.
Afirman en su declaración que ha habido un exceso de mortalidad de 40.065 personas, un 36% más de la esperada, que estaban en lista de espera. 30.000 tenían los derechos reconocidos y 18.000 de las personas muertas estaban pendientes de clasificar. Esta cifra representa 160 muertes al día. Son unas cifras escalofriantes que señalan otra herida importante de la administración del sistema.
Para ser objetivos hay que aclarar que si bien la gestión corresponde a las comunidades autónomas, el problema en este caso se sitúa en el gobierno español por el incumplimiento sistemático y cada vez mayor de la aportación económica que está obligado a hacer y que no hace, lo que fuerza a las comunidades autónomas a financiar y a hacerlo mal porque el gobierno no cumple con la legalidad, y este incumplimiento tiene consecuencias en la falta de atención, que ahora se traduce en un exceso de mortalidad.
El responsable último de todo este trágico lío es el ministro que tiene la cartera calificada pomposamente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, quien todavía es hora de que tenga nada que decir en relación con este agujero negro. Tiene tiempo para dedicarlo al Sahara, a la izquierda latinoamericana y 28 temas más, pero para afrontar cuestiones cruciales como es la situación de los dependientes o de las residencias, para poner fin al incumplimiento sistemático del Gobierno en estas materias, que son las cuestiones de su competencia, Iglesias no comparece. De ahí que una de las demandas de dicha Asociación sea que Iglesias convoque urgentemente el Consejo Interterritorial y acuerde incrementar la financiación, como se hace en otros ámbitos, como el de trabajo o pensiones.
En este contexto, la situación de Cataluña también es particularmente mala porque es la comunidad que encabeza las listas de espera con 12.013 casos, seguida de Andalucía y de Madrid. Ni por tamaño de la población, tiene más habitantes Andalucía, ni por su envejecimiento, Cataluña debería ocupar este destacadísimo primer lugar. Hay por lo tanto, siempre en segundo término, una carencia específica en la gestión del departamento de Chakir El Homrani.
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La Asociación de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales de toda España ha hecho una durísima declaración afirmando que el Sistema de Atención a la Dependencia ha sido catastrófico Share on X
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