Evidentemente el problema no viene de ahora, pero sí se ha multiplicado hasta extremos insólitos. Por ejemplo, no es normal que los parados con derecho a prestación desde agosto no hayan ni siquiera podido tramitar la ayuda por el colapso de las oficinas de Trabajo. Un colapso que desgraciadamente no es el primero que se produce, ni es específico de esta área concreta. En el ámbito judicial, incluido el registro civil o las rentas dirigidas a paliar las situaciones más agudas, sufren el mismo problema. Una ley no escrita dice que la actual pandemia estresa lo que está estresado y este hecho pone de relieve el mal estado de la administración y la acción de gobierno española.
El origen principal del problema es que en España la acción gubernamental siempre es a destiempo y el caso de la pandemia lo confirma. Por segunda vez y de acuerdo con la opinión de los expertos se ha actuado tarde y de manera descoordinada. El retraso viene determinado porque tras el fracaso de la primera ola no se quiso poner en marcha una evaluación de las políticas desplegadas que sirve para ser más eficaz ante la segunda ola. Esta era la reivindicación de un numeroso grupo de científicos en la revista The Lancet. También se añade el problema de que es un estado que tiene una carencia que se revela fundamental: no dispone de una agencia de salud pública dotada de los medios y la independencia necesaria para centralizar toda la información, elaborar datos y formular recomendaciones fundamentadas en evidencias científicas. España sólo dispone de un funcionario, el Dr. Simón, convertido en el busto parlante de la pandemia que hace una narrativa similar a la de un locutor de partido de fútbol.
En junio, según todos los datos, ya había elementos de juicio para aventurar la falta de capacidad para afrontar una segunda ola, y a finales de julio, según los expertos, ya se había detectado el peligro eminente de la aparición del virus. Tanto es así que desde el mes de agosto España ya estaba muy por encima del que se considera el límite razonable de 50 casos por cada 100.000 habitantes. Esta evolución se fue complicando a lo largo de los meses hasta llegar a la crisis de la segunda mitad de octubre, a partir de la cual se declaró el estado de alarma. Desde julio hasta entonces no se hizo nada para desplegar medidas que compensaran las carencias. Por ejemplo, en materia de contratación de personal médico. Es claro que la peculiar situación española: un gobierno débil pero que consigue agrupar mayorías parlamentarias amplias a base de hacer concesiones de todo tipo, no ayuda a desplegar políticas transparentes y coherentes. La mejor verificación de lo que es el oportunismo político lo que marca la ruta. Es haber pasado de un mando único muy estricto a una situación que más que federal se puede considerar como confusa.
Pero incluso en este caso, las soluciones que experimentan las comunidades autónomas podrían constituir una especie de costoso sistema de prueba y error, que permitiera al gobierno identificar qué es lo que está funcionando mejor. Determinar qué se debe a factores estructurales y qué a las políticas desplegadas, y qué es lo que no funciona. Pero este trabajo, que al menos sacaría provecho de la heterogeneidad de las políticas que se llevan a cabo, el gobierno no la hace. Entre otras razones porque tampoco ha dotado de muchos más recursos los niveles centrales, que continúan sin tener una capacidad mínimamente a la altura de la crisis; nos estamos refiriendo al Ministerio de Sanidad. Todo ello influye en la falta de transparencia y en la desconfianza que impera en una sociedad que cada vez más tiene la sensación de que la hacen responsable de resolver el problema de la pandemia. Parece más bien que se trata de un ir pasando hasta que llegue la vacuna salvadora.
Claro que, a diferencia de otros países como la vecina Francia, aquí el gobierno cuenta con la impunidad ante la justicia por sus responsabilidades en la gestión de la Covid-19, gracias a que la Fiscalía está dirigida por una ex ministro, Dolores Delgado, de la máxima confianza de Sánchez. En Francia con 40.000 muertes por una población que es un 20% mayor que la española, la justicia está actuando contra responsables gubernamentales por posibles delitos a causa de actuaciones irregulares y deficientes. En España, con 65.000 muertos según el INE y 39.000 según los datos oficiales, la fiscalía se dedica a detener todas las numerosas denuncias que se han producido. Esta impunidad también ayuda a entender el porqué las cosas no funcionan.
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