El Gobierno presenta de manera reiterada la referencia a la denominada presión fiscal para señalar que en España se pagan pocos impuestos. El reciente informe de Funcas «Breve nota sobre Presión fiscal, sacrificio fiscal y Presión fiscal normativa en España: análisis comparado» de José Félix Sanz-Sanz y Desiderio Romero-Jordán, pone de relieve que en términos reales la fiscalidad española es alta y que al utilizar sólo el indicador de presión fiscal desvirtúa esta realidad. El primer punto que plantea el informe es como se mide la carga fiscal. Una de las maneras habituales es la de la presión fiscal que señala la relación entre la recaudación y el valor del PIB. El problema comienza cuando sólo se utiliza este indicador y se le da una importancia desmesurada. Para ello se necesitan otras mediciones técnicas como es el del sacrificio o esfuerzo fiscal.
La presión fiscal en España en el 2017 era del 33,8%, claramente inferior a la de la Unión Europea situada en el 39%, si bien inferior a la de Japón (31,4%) y la de EEUU (26,8 %). El índice de sacrificio fiscal conocido desde hace más de 50 años, introduce otros elementos. Este índice considera el tamaño de la población y sobre todo la renta per cápita. Y aún quedaría un tercer elemento que detalla el mencionado informe que es la presión fiscal normativa, que identifica la carga fiscal que sufre ese país concreto al margen de la recaudación generada. Este último elemento permite constatar la eficacia de la administración a la hora de recaudar, por lo que señala si el problema es que la legislación establece pocos impuestos o bien que lo que sucede es que hay mucho fraude.
El concepto de sacrificio fiscal tiene en cuenta la renta per cápita porque no es lo mismo aplicar un determinado porcentaje a una cifra que a otra mucho más alta. El ejemplo que sitúa el informe es el de Dinamarca con una presión de 45,4%, pero lo que pasa es que los daneses tienen una renta per cápita de 51.600 euros anuales, mientras que la renta española es menos de la mitad, de 24.200 euros. Lo que le queda al ciudadano tras pagar al fisco es radicalmente diferente porque si se aplicara la medida danesa en España, la mayoría de ciudadanos españoles vivirían (mejor dicho, no vivirían) estrangulados. Aplicar este indicador es también sencillo de calcular y rápido de entender: si yo gano 2.000 euros al mes, caso de un español medio y tengo que pagar el 50%, o bien soy un danés y cobro 4.300 y he de pagar la mitad, es evidente que lo que me queda marca una gran diferencia.
Los países muy productivos tienen una renta per cápita muy elevada y los que no lo son tanto, como el caso español, la tienen más baja. Unos pueden pagar porcentualmente más que los otros. España ocupa el puesto 15º en presión fiscal, pero si se aplica el concepto de esfuerzo fiscal entonces asciende a las primeras posiciones, entre la cuarta y la quinta según se utilice el índice de Frank o el de Dior. Los primeros lugares son ocupados por Grecia, Portugal e Italia. Y en los últimos encontramos, descontados los países no europeos, a Suiza, Irlanda, Noruega y Países Bajos. Dinamarca, que es un país de alta presión fiscal, ocupa el puesto número 3 y desciende hasta el 15 en términos de esfuerzo fiscal o sacrificio. La idea es clara: la fiscalidad no puede ser independiente de cómo afecta al ciudadano en su renta neta.
Finalmente, el estudio contempla la presión fiscal normativa, que como hemos dicho es el diseño legal de los impuestos que se deben pagar. También en este caso España se sitúa en relación al 2019 por encima del valor medio expresado con un índice 100 porque logra el 108,1, prácticamente lo mismo que Dinamarca, que es del 108,4. Si de la visión impositiva total se pasa al impuesto de sociedad, el diseño fiscal es aún más acentuado porque España alcanza el 116, por encima de la media de 100. Naturalmente en este caso juegan el conjunto de desgravaciones que rigen.
La posición relativa del sistema fiscal español es una de las más elevadas en relación con su entorno, un hecho que aún se acentuaría más si introdujéramos otro concepto como es el de la cuña fiscal que por su significación merece ser tratada aparte.
La conclusión es evidente. Lo que se necesita es un sistema fiscal más competitivo, mejor, y esta mejora no consiste en observar sólo la presión fiscal, sino todos los demás componentes. Y uno y decisivo es la capacidad real que la administración tiene de recaudar los impuestos que ha determinado que se deben pagar, y otro qué le queda al ciudadano tras pagarlos.
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