El gran revuelo causado por la nueva ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial ha llegado a Europa y ha merecido un tirón de orejas al gobierno español de coalición PSOE-UP.
El gobierno tiene prisa en cambiar las mayorías en el Consejo porque éste es el que nombra los jueces y magistrados a cualquier nivel, y hay causas, como la del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que querrían despejar de modo favorable. No puede estar la Justicia al servicio del Gobierno, si no, se quiebra el Estado de Derecho.
El escollo fundamental está en la Constitución (art. 122, 3) que establece que los cargos del Consejo General del Poder Judicial duran cinco años. Son 20 los miembros, de los cuales 12 son nombrados por jueces y magistrados y ocho por el Congreso (cuatro) y el Senado (cuatro), y en ambos casos requerirá la mayoría de tres quintos. Esta mayoría no se puede conseguir sin los votos del Partido Popular.
La propuesta del gobierno merma o anula sin duda la independencia de jueces y magistrados, o sea la independencia judicial, ya que los hace depender prácticamente del gobierno. O, dicho de otra manera, rompe con la división de poderes del Estado.
Un poder judicial controlado por el gobierno reduce los tres poderes del Estado a dos (Ejecutivo y Legislativo) que son primos hermanos y nos lleva a una dictadura.
De momento, el proyecto de reforma no parece otra cosa que presionar al Partido Popular a que se avenga a negociar con Podemos. Y aquí está el error del Gobierno. Quienes deben llegar a un acuerdo, no es el gobierno y el principal partido de la oposición, sino los grupos parlamentarios, y antes que Podemos estaría Vox en la negociación, por ser el tercer partido del Congreso. Porque son el Congreso y el Senado los que proponen los ocho miembros de los 20 que tiene el Consejo General del Poder Judicial. El ejecutivo, el gobierno, no entra en esta negociación como tal, sino los grupos parlamentarios. El PP quiere excluir a Pablo Iglesias de la negociación, y quiere una negociación PSOE-PP.
Lógicamente, las asociaciones de jueces están contra la reforma, porque pierden independencia, pues deberán su cargo al partido o gobierno que los nombró. Esto no es aceptable en la Unión Europea, que precisamente lo que quiere es incrementar la independencia judicial. La Fiscal General, Dolores Delgado, ex ministra de Justicia con el PSOE, no quiso comentar la ley-exprés, y quien calla otorga.
No creo que esta ley-exprés tenga mucho recorrido. Puede ser aprobada por el Congreso y el Senado, lo que es muy complicado porque no todos los partidos que apoyan al gobierno apoyan la ley-exprés. Esquerra Republicana, no se fía de la ley-exprés, pues cuando cambie el gobierno y tengamos un gobierno de derechas, cambiará el Consejo del Poder Judicial en otra línea. Es un pésimo argumento, porque no busca la independencia de los jueces.
Pero habrá que salir del impass actual, ya que algunos miembros del Consejo del Poder Judicial, entre ellos el presidente, que a la vez es Presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, lleva ya siete años en el cargo, cuando solo podía estar cinco, al igual que todos los demás consejeros.
Por eso hemos dicho que la ley no puede tener mucho recorrido por cuanto choca con la Constitución y, aunque se apruebe por las dos cámaras, parece difícil que el Tribunal Constitucional apruebe la reforma. Claro que con las leyes se pueden hacer acrobacias interpretativas, aunque esta vez resulta muy difícil.
En consecuencia, no parece que la propuesta del Gobierno tenga mucha fortuna al pasar por las dos cámaras, por el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo.
Vivimos una etapa de disenso, de falta de consenso. A eso ya estamos acostumbrados desde hace unos años, pero es malo para el país, es malo para la democracia, es malo para la convivencia y es malo de cara al futuro.
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