Hay que invertir, e invertir bien, 72.000 millones en tres años, dice Sánchez. Pero al mismo tiempo la pieza central que debe tramitar todo ello, la administración pública, está en quiebra y las protestas se multiplican.
La larga lista de quejas por los teléfonos que no contestan, las citas previas que tardan meses y meses, trámites telemáticos complicados que no están al alcance de una parte de la población, expedientes en estudio, oficinas cerradas, y las que están abiertas con menos plantilla de la necesaria, una parte de los funcionarios teletrabajando sin las condiciones ni los conocimientos necesarios. Todo esto marca la actual circunstancia de la admiración a todos los niveles, la del estado, la de la Generalitat y de los ayuntamientos.
Cuestiones básicas como el Ingreso Mínimo Vital, las peticiones de pensión, los informes de vida laboral, la renta garantizada a la ciudadanía, los empadronamientos, son cuestiones que sufren un grave colapso. El sistema está desbordado y muchas oficinas están cerradas. Este hecho conlleva dilaciones que se dan desde los CAP para atender a enfermos de patologías que no sean la Covi-19, pero que también pueden ser mortales, hasta las oficinas estatales del INSS. La tramitación digital, por su parte, crea una brecha considerable porque una parte de las personas no tienen ni los conocimientos ni los instrumentos necesarios para aplicarlas.
Un 55,4% de la población de Cataluña considera, según el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, que la administración del estado es mala o muy mala, y un 37,5% piensa lo mismo de la administración catalana.
Todos estos problemas se ven agravados por dos hechos. Uno, de la misma administración, que no sólo como ya se ha apuntado carece en algunos casos de personal, sino que además una buena parte de los funcionarios tienen edades que superan los 60 años. Por ejemplo, en la Seguridad Social casi 1 de cada 4. El proceso para que los empleados públicos trabajen desde casa va complicando aún más el panorama, porque las herramientas informáticas de las que disponen y su preparación es muy débil.
El otro problema viene ocasionado por la pandemia: por ejemplo hay oficinas del Servicio de Empleo de la Generalitat que están cerradas porque no pueden reunir las condiciones de seguridad necesarias. También relacionado con la pandemia es el desencadenante de demandas que colapsan los servicios, bien originados por nuevas líneas, como los de los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital, o bien porque se multiplican las necesidades en relación con las líneas actuales. En este sentido, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona ha presionado al Ayuntamiento para que se logre una mejor atención, especialmente a la nueva pobreza que se ha generado.
Critican de manera específica el mal funcionamiento de los servicios sociales municipales, por un lado, y de los Centros de Atención Primaria de la ciudad. Y aquí hay que recordar que la sanidad en Barcelona está gestionada por un consorcio formado por la Generalitat y el Ayuntamiento. En otros términos, aunque sea en el ámbito catalán una competencia del gobierno, en el caso de la capital de Cataluña, el Ayuntamiento es también corresponsable del funcionamiento de la sanidad.
Mientras tanto, se producen decisiones sorprendentes. Por ejemplo, la buena iniciativa del Departamento de Salud de construir 5 hospitales satélites para disponer de más plazas de UCI, en concreto 490 camas nuevas, distribuidas en anexos en los hospitales Arnau de Vilanova de Lleida, Germans Trias i Pujol, Bellvitge, Moisés Broggi y el Parque Sanitario Pere Virgili, viene contrapesada por el hecho de que no se contratará nuevo personal para tomar estas plazas. La pregunta es obvia: ¿cómo se pueden gestionar 490 camas de UCI adicionales con el mismo personal que en la actualidad, que ya manifiesta de una manera clara su nivel de saturación y fatiga extrema?
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