Derrumbe y reconstrucción de la economía española

El hundimiento del PIB de España el segundo trimestre en un 18,5% en términos intertrimestrales y de un 20% en el interanual, constata el hundimiento de la economía española. El gobierno, que tiene el deber de presentar la parte positiva del asunto, lo saldaba con un “se trata del pasado”. Cierto, pero es un pretérito que deja huellas tremendas en el futuro, al que se añade un tercer trimestre temible a causa de la espantada turística de julio y agosto. A todo ello hay que añadir el extraordinario aumento de los casos de Covid-19 que, si no es una segunda oleada, se le parece mucho. Hace pocos días, en unas declaraciones en La Vanguardia, la economista principal del Banco Mundial, Carmen Reinhart, diagnosticaba que nos encontramos ante una crisis mayor que la del año 2008, porque esta es global, y la anterior no lo fue, y que su equivalente debemos buscarlo en la gran contracción de 1929.

Para situar una perspectiva histórica, la recesión iniciada en 2008 significó una pérdida del 9,5% del PIB en seis años; un daño del que a duras penas nos habíamos recuperado. En la crisis relámpago de 1993, colofón de los JJ.OO., la Expo y Madrid Capital de la Cultura jugadas simultáneamente, perdimos 1,6 puntos. En 1936 la Guerra Civil ocasionó una caída del 26,8%. En 1896, a causa de la guerra de Cuba, y preludio de la crisis existencial de España que marca la “generación del 98”, se perdieron 10 puntos del PIB. Es evidente, vivimos un periodo que oscila entre Escila y Caribdis, el crac del 29 y la postguerra de la Guerra Civil.

Dos conclusiones son evidentes:

1. Sin la ayuda del Banco Central Europeo España sería un estado fallido, con una economía derrumbada, un paro atroz y una deuda pública que a final de este año puede significar el 120% del PIB.
2. Dispondremos de 140.000 millones de la Comisión Europea entre subvenciones y créditos, además de otras posibles facilidades crediticias del MEDE, y de fondos para el desempleo. De ambas surge un corolario: solo un uso excelente de los fondos permitirá salir de una economía en ruinas. Para ello son clave tres conceptos: reforma, reconstrucción y regeneración, además de una condición previa y necesaria: un control epidemiológico eficaz, porque este es el principal fracaso español, y el principal impedimento para la recuperación. Sin controlar el Covid-19 antes de la vacunación masiva no hay recuperación posible.

Reforma de las administraciones públicas. Reconstrucción de la economía. Regeneración de la moral política y colectiva, eso es lo que debe promover y realizar la política y las instituciones de la sociedad.

Reforma de la administración, porque sobre su burocracia descansa la condición necesaria de la reconstrucción. Si ella fracasa, todo estará perdido. Lo grave es que este coronavirus ha mostrado sus miserias causando su colapso. El daño que sufren las personas sujetas a un ERTE todavía no resuelto, o que tramitan su situación laboral, el desbordamiento de la administración de justicia, el retraso administrativo de ministerios y consejerías, indica que todo anda mal. Y el tiempo apremia. En octubre el gobierno debe enviar un programa previo de reformas y financiación hasta 2023, y en marzo se presentará el programa definitivo que en un 70% debe invertirse entre 2021 y 2022, y todo ello bien coordinado con las autonomías y ayuntamientos. También con el sector privado, sin el que nada es posible. Es una gran tarea. La máquina, colapsada, debería estar echando humo… pero se irá de vacaciones, claro.  El gran riesgo es empezar entregando unos papeles para quedar bien, y después echar mano al fondo de armario para presentar proyectos cuyo estado de concreción pesará más que su utilidad. Claro que España, incluida la Generalitat, dispone de “programas”, pero no está nada claro qué hay de concreto detrás de estos.  Creo que se imponen dos conclusiones:

1. De forma inmediata, a corto plazo y con urgencia, es necesario consensuar un nuevo organismo, bajo el modelo de agencia, que concentre toda la planificación, coordinación de la gestión y control de los resultados de los planes de reconstrucción y sus proyectos. El precedente de la AIReF es muy válido.
2. Es necesario realizar, empezando ahora, un plan de reforma y mejora de la administración del estado, para salir de una vez del siglo XIX. Esta reforma debería permitir ganar un 14% de eficiencia en el conjunto del gasto público. La segunda gran reforma necesaria es la fiscal, para superar el Frankenstein de los retazos de la actual legislación. Es necesario, además, que aborde los problemas del presente y del futuro, y no los del pasado, como una parte del gobierno sigue empeñado en hacer. En términos prácticos, nuestros progresistas son muy antiguos.

Reconstrucción. Las propuestas deben presentar una estrategia clara, que articule los proyectos concretos, distribuidos en objetivos específicos. Todo esto se ha de redactar primero y ejecutar con eficacia después. No se trata de “gastar”, como hizo desgraciadamente Zapatero, sino de gastar con eficiencia, ha de permitir mejorar la productividad, sobre todo el total de los factores, la competitividad, la generación rápida de empleo, y además de mayor calidad que buena parte del destruido (pero no hay todo eso sin empresas capaces de realizarlo, y en ellas y en la administración, las personas capacitadas). Todo ello en el marco de las líneas de la Comisión Europea: transición ecológica y energética justa, y digitalización de la economía (incluida la administración, ¡la de la justicia también!), del conocimiento y de los oficios, a los que se añade la resiliencia en términos de autonomía en sanidad y en producción.

Pero no se puede olvidar lo que ha hundido la economía española: la incapacidad de gobiernos y administraciones para controlar el SARS-Cov-2. La condición de todo es ganarle esta vez la mano: el mejor gasto es aquel que permita cortar toda progresión, y esto significa detección rápida, que se basa no en esperar, sino en ir; intervención inmediata y control de territorio, sin el que nada es posible y que en último término permite microconfinamientos efectivos. Y todo esto necesita dinero y personal preparado. La otra gran dimensión sanitaria se refiere a la capacidad de sanar a los enfermos de Covid-19 y reducir al máximo las secuelas mediante tratamientos farmacológicos desde el primer momento, que podrán tener una eficacia imperfecta, pero que son mejor que nada, y sobre todo permiten un aprendizaje rápido. No puede ser que a las personas con síntomas iniciales claros se las envíe a casa sin tratamiento de contención.  Todo esto está dejando una población invisible y creciente afectada por las secuelas, que no puede trabajar, con un coste invisible que crece y que debe ser abordado.

Finalmente, la sanidad pública debe normalizar todos los retrasos que han sufrido los enfermos de otras patologías.

Pero para servir a todo esto ¿qué política tenemos? Los informes de la Airef sobre el mal uso de la inversión y gasto público, empezando por el AVE, son demoledores, pero hasta ahora nada parece haber cambiado. Por ejemplo, se han gastado 55.000 millones en AVE, pero solo 3600 millones en Cercanías; si dividimos la cifra entre el número de usuarios, podemos constatar la enormidad del malgasto, sin hablar del mal estado de los ferrocarriles regionales e intercomunitarios, o las desviaciones sistemáticas de lo presupuestado, convertidas en un sistema que encarece la obra en prácticamente un 50% como norma.

Por eso necesitamos una regeneración moral, una redefinición de los valores que compartimos y desde ellos las virtudes que son necesarias para realizarlos. Educar en las virtudes y saber trasmitirlas. ¿Cuánto cuesta la poca responsabilidad de tantos jóvenes que sitúan su diversión por encima de la lucha contra el coronavirus? Carecen de las virtudes para asumir su responsabilidad cívica.  Es solo un ejemplo de la ingente tarea. Porque toda esa inmoralidad, porque de eso se trata, tiene siempre un coste social, que se traduce en costes de oportunidad (lo que podríamos hacer con el dinero que nos vemos obligados a gastar para paliar el daño) y de transacción (los costes de gestión y control, que serían menores en una sociedad más virtuosa). Una manera de enriquecer un país es ganando en virtudes y en capital social, cuyo núcleo es un bien escaso, el capital moral. De todo esto la política no habla. Simplemente porque lo ignoran. Pero no podemos progresar de verdad guiados por los ignorantes.

Esta reforma moral afecta también a las instituciones: necesitamos una nueva ley electoral que ayude a embridar la metástasis de la partitocracia. El ciudadano debe recuperar el valor de su voto, en lugar de mantener la esclavitud de una lista cerrada y bloqueada.

Perdónenme por el juicio, pero no sé ver nada de esto en el gobierno español. Lo de la Generalitat es un holograma, la tensión febril lúcida y creadora del buen trabajador. Solo se observa un presidente engreído pendiente de la imagen y un vicepresidente que vive en el pasado. Muy posiblemente me equivoque.

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