En un momento en que la situación de Cataluña es cada vez más crítica, el anuncio de Seat de invertir 5.000 millones en su planta de Martorell es una noticia extraordinaria, porque significa la continuidad de la empresa y su preparación industrial para a la progresiva producción de vehículos híbridos y eléctricos. También representa una consolidación de su segunda marca, Cupra, con un perfil de un comprador dispuesto a pagar más por la tecnología y el carácter deportivo del nuevo vehículo. De esta manera Seat añade a la política de otras empresas automovilísticas de situar vehículos en una gama más alta que su estándar habitual. Este es el caso de Lexus con Toyota, y de Infiniti con Nissan.
Ahora bien, esta inversión no es incondicional, porque, como ha hecho constar el presidente de Seat, Luca de Meo, pide que la administración actúe también de manera consecuente, sobre todo multiplicando los puntos de recarga, única manera de popularizar el coche eléctrico. La cuestión de fondo es cómo es compatible que Seat, la única empresa que nos quedará de automóviles con sede en Cataluña, en Barcelona para ser más concretos, pueda desarrollar su proceso inversor si al mismo tiempo la principal finalidad de la ciudad que la acoge es expulsar a los coches de la vía pública; todos, con independencia del motor que utilicen. Porque las radicales medidas de Ada Colau, restringiendo cada vez más la circulación y alterando el funcionamiento de la ciudad no discriminan según el impacto ambiental del vehículo. Sencillamente las cuatro ruedas están ideológicamente vetadas, aunque los coches sean eléctricos o híbridos, pero al mismo tiempo todavía mantiene una flota de autobuses contaminantes, no ha hecho nada para que los taxis y coches de alquiler con conductor se pasen a vehículos de bajo impacto ambiental y sigue siendo una asignatura pendiente la acción sobre la distribución de mercancías, que es uno de los principales focos de contaminación de la ciudad.
Es una actitud de intolerancia ideológica llevada al extremo, como lo manifiesta la teniente de alcalde de urbanismo Janet Sanz cuando declara ante las críticas a las medidas de restricción que «salvar vidas no es una cuestión negociable«. Esta grandilocuencia es terriblemente perjudicial para la ciudad, como lo es que pretendan equipararse con Londres o París sin poner en la balanza las diferencias entre estas enormes ciudades y Barcelona.
Esta actitud de Colau ha llevado al enfrentamiento más duro con el sector comercial de la ciudad, que nos retrotrae al inicio del primer mandato de la Colau cuando abominaba del Mobile World Congress y restringió la apertura de nuevos hoteles y quiso oscurecer, y lo consiguió, las fiestas de Navidad. Una manifestación de este mal ambiente es que las organizaciones municipales plantaron el miércoles pasado a la alcaldesa y a su teniente de alcalde, Jaume Collboni, en una reunión convocada para informarles de las iniciativas locales para fomentar la actividad económica, acompañadas de canapés. Los comerciantes consideraron que lo que necesitan son reuniones para consensuar las medidas de restricción del tráfico y no sesiones que consisten en que les pasen presentaciones en Power Point.
Foment del Treball tomó la iniciativa de organizar un acto con el único fin de cuestionar las políticas de movilidad del Ayuntamiento, pidiéndole que rectificara y pactara. Advierten que se podrían perder 50.000 puestos de trabajo. Caído el turismo, la base comercial de Barcelona es demasiado grande para sostenerse sin nuevos cierres. Pero es que además una parte importante del consumo interno procede del área metropolitana y del resto de Cataluña. Dificultar el movimiento del coche, facilitar la congestión, disuade de venir a comprar a la ciudad. Se considera que el 57% de los clientes de las tiendas de Barcelona tienen esta procedencia. Si este segundo segmento también se reduce, la mortalidad comercial de la capital de Cataluña será grandiosa. En este sentido, la mejor manera de incentivar la ciudad es favorecer la propia demanda que, por la naturaleza de la capitalidad, comprende toda Cataluña. Es sorprendente la falta de visión sobre la realidad de la base económica de Barcelona que tiene el gobierno municipal. Como también sorprende la impotencia de Jaume Collboni, precisamente el teniente alcalde responsable del área económica, para disuadir de la aplicación de políticas tan contrarias a la superación de la crisis.
