Este pasado martes, en la correspondiente sesión en el Congreso, donde se debatió y aprobó el sexto estado de alarma, se puso de manifiesto que el ministro de Interior Grande-Marlaska no dimitiría, pese a la evidencia escrita de que Pérez de los Cobos fue destituido por no informar de la actuación de la Guardia Civil en las diligencias judiciales relacionadas con las manifestaciones feministas del 8 de marzo.
No sólo no hubo dimisión, sino que hubo un apoyo fuerte por parte de Sánchez, que tuvo la desafortunada idea de proferir un «viva la manifestación feminista del 8 de marzo» en la misma sesión en la que se ponía de relieve el elevado número de muertes de España, que lo sitúa como primer país del mundo en fallecimientos por Covid-19 en relación con su población.
Al asumir la defensa pública del ministro, Sánchez asume también todas las ramificaciones del caso y sus graves implicaciones políticas. En esta sesión Marlaska sorprendió afirmando que él no había destituido a Pérez de los Cobos, sino que había sido la directora general de la Guardia Civil, lo que formalmente es cierto, pero en términos reales y políticos es inverosímil.
El problema del cese continúa extendiéndose como una mancha de aceite, porque a continuación se ha sabido que el teniente general Laurentino Ceña, que dimitió como señal de protesta por el cese del coronel, leyó una carta a los altos mandos de la Guardia Civil en la que se especificaba que no se había dado la audiencia correspondiente a Diego Pérez de los Cobos para poder replicar los argumentos que se esgrimían para su destitución, como es habitual en estos casos, a fin de conocer la otra parte y luego indagar si había existido o no mala praxis. Desde este punto de vista, la interpretación es que se había tratado de una destitución política.
Hay que recordar que Laurentino Ceña era el Director Adjunto Operativo de la guardia Civil, es decir, el rango militar más importante en el mando de esta fuerza. Es uno de los 5 tenientes generales que tiene la Guardia Civil, que además cuenta con 71 generales, 21 de brigada y 50 de división. Todos ellos, como es lógico, forman parte del ejército de tierra, que al mismo tiempo dispone de 11 tenientes generales, que son en definitiva el vértice de las fuerzas armadas.
Por tanto, estamos ante un conflicto, el de Grande-Marlaska y Sánchez, que irradia sobre el generalato, y pese a que este ha mantenido siempre una exquisita neutralidad política y una obediencia completa al gobierno de turno, ahora se produce un hecho nuevo, la intromisión en la línea de mando de la Guardia Civil, al remover uno de sus elementos, el coronel Pérez de los Cobos, precisamente para cumplir estrictamente con la obligación de no revelar las diligencias encargadas por la justicia. Cabe recordar en este punto, que 3 de las 4 organizaciones representativas de los jueces también han criticado con dureza a Grande-Marlaska. Sólo Jueces para la Democracia, organización muy vinculada al partido socialista, ha mantenido el silencio.
El tercer elemento de este escenario crítico es el absurdo empeño de Sánchez en defender que la irresponsable concentración de masas de las manifestaciones del 8M fue una buena decisión, cuando se ve claramente su impacto sobre la ciudad de Madrid. Todo sería más sencillo si con un gesto de sinceridad hubieran reconocido que se trató de un error fruto de la falta de experiencia sobre la enfermedad. Pero por lo visto a este gobierno una de las cosas que le cuesta más es reconocer sus errores, a pesar de que puedan llegar a ser descomunales.
En todo caso, el problema de Grande-Marlaska no está resuelto, y lo mínimo que se puede decir es que deja una herida abierta en dos sectores tan sensibles como la Guardia Civil y la magistratura.
