Una vez más, los 6 votos en el Congreso del PNV, una cifra que puede parecer exigua, le reportarán sustanciales beneficios para su país, dada la necesidad que Sánchez tiene de su apoyo para aprobar la prórroga, al menos de un mes, del estado de alarma. En cada una de las cuatro votaciones anteriores, más o menos, las representantes de este histórico partido fundado por Sabino Arana «Juangoikoa eta Lege Zarra» (Dios y Ley vieja) han logrado ventajas tangibles.
En esta ocasión, quinta prórroga, la más reñida y la que situará el escenario político a las puertas de las vacaciones de verano y la prolongación de la parálisis parlamentaria, las contrapartidas no son modestas. Se pueden resumir en tres puntos.
Un aumento de la capacidad de endeudamiento del País Vasco, lo que le permitiría aumentar el techo de gasto. Una segunda cuestión afecta a la parte de la cifra de 16.000 millones que Sánchez se ha comprometido a distribuir entre las autonomías. Los vascos no únicamente quieren negociar su porción aparte del resto, sino que también exigen que la fórmula para hacerlo efectivo sea diferente y en el marco de la Comisión Mixta del Concierto Económico. Esta negociación la está llevando a cabo directamente el gobierno vasco con el Ministerio de Hacienda español.
Finalmente, el nuevo salario mínimo vital será utilizado para aliviar la aportación que el País Vasco hace ya en este sentido y que es importante, porque otorga una renta básica en Euskadi de entre 650 a 959 euros a casi 65.000 personas. Ahora este gasto se vería minorado porque la aportación estatal la reduciría sustancialmente. Con estas medidas, más las negociadas para sortear la caída de ingresos debido a la crisis y que afecta mucho al contingente pactado, el «cupo», muy sensible a la pérdida de actividad económica, Euskadi podría encarar mejor la situación de este año tan difícil.
Estas ventajas contrastan con la nula utilidad de los votos catalanes, mucho más numerosos. JxC no negocia nada fuera de la inalcanzable independencia, a pesar de que sabe que no hay condiciones para ella, y ERC quiere que la Generalitat tenga todas sus facultades restauradas para poder tomar decisiones en las fases de la desescalada, desde la descentralización de competencias y poderes en todos los ámbitos, incluida la salud, hasta la aprobación de medidas sociales para facilitar a las familias conciliar el trabajo de los padres con el cuidado de sus hijos, y que los ayuntamientos puedan utilizar su excedente económico acumulado para destinarlo a medidas que ayuden a sus ciudadanos.
El contraste entre unas y otras por su dimensión y visión estratégica salta a la vista, sobre todo en el plano económico, poca cosa comparada con los vascos. A lo largo de las cinco negociaciones, si la Generalitat hubiera tenido una estrategia de fondo como el PNV, podría haber ido desgranando hoja a hoja todo un programa de compensación económica, más cuando tiene sectores básicos, como el turismo o la automoción, sumergidos en una crisis profunda. Pero no. Ya no es una cuestión de ser o no independentistas, es otra cosa. Se trata de tener visión y capacidad de gobierno.
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