Esta semana, que a efectos prácticos nos sitúa después de Reyes, es decisiva para la política española y catalana.
Lo es porque será determinante para cerrar el apoyo de ERC a la candidatura de Sánchez y también porque situará el marco de referencia en el que se moverá el calendario electoral de Cataluña.
El pacto del PSOE con los republicanos catalanes está prácticamente cerrado, a la espera de que la abogacía del estado presente su informe al Tribunal Supremo. Los negociadores, sin embargo, conocen a estas alturas las líneas generales del texto que en ningún momento cuestionará la sentencia, pero sí determinará que Junqueras debería haber sido dejado en libertad para poder recoger sus credenciales como diputado en el Parlamento Europeo.
El punto suspensivo es si esta constatación determina que el líder de ERC podrá salir ahora de la cárcel para hacer lo que en un momento previo el Tribunal Supremo le impidió. Si es así, la excarcelación de Oriol Junqueras sería un hecho que en libertad y en Bruselas, el Supremo debería cursar el correspondiente suplicatorio al Parlamento pidiendo su ingreso en prisión. Un procedimiento que tardaría meses en realizarse y que permitiría a Junqueras vivir en libertad al tiempo que contabiliza tiempo de condena. Naturalmente el Tribunal Supremo no tiene por qué acoger este informe y puede considerarse que ahora, una vez juzgado, ese derecho que tenía ya ha prescrito.
Este hecho se puede complicar aún más, porque el día 3 la Junta Electoral Central decidirá sobre la inhabilitación de Junqueras como consecuencia del recurso presentado por el PP sobre la base jurídica de que un condenado en firme es inelegible. La madeja se puede enredar más porque posteriormente esta instancia considerará hacer inmediata o no la inhabilitación de Torra por razón de la argumentación jurídica de que ya está privado de su condición de diputado, necesaria para poder ser presidente de la Generalitat.
Es evidente que todo esto condiciona el proceso de investidura. Pero todos los balones convergen en la misma portería, el Tribunal Supremo, porque las resoluciones que emita la Junta Electoral Central son también recurribles ante aquella instancia.
El problema de ERC es que su negociación ha llegado a un punto en que el coste político de no pactar es prácticamente el mismo que el de llevar a cabo el pacto, si bien a corto plazo y si las elecciones catalanas fueran inminentes, es más peligroso concurrir a ellas bajo la crítica de un mal acuerdo con los socialistas.
En cuanto a Sánchez, no es exacto que no haya un «plan B». Este es un argumento más para presionar el acuerdo. Pero, en realidad, el «plan B» existe y se llama Inés Arrimadas. La actual dirigente de Cs ha superado personalmente bastante bien la crisis casi terminal de este partido, y tiene una buena valoración política. Este hecho, y que una parte muy mayoritaria del electorado acepta que facilite la investidura de Sánchez incluso con el acuerdo con Podemos, puede dar lugar a una salida que acabaría siendo más cómoda para el PSOE que el proyecto con ERC. El inconveniente en este segundo caso es que perjudicaría al PSC y su visión de jugar en la política catalana a una nueva versión del tripartito con ERC y los Comunes. Y es sabido que la organización de Iceta tiene un notable ascendiente sobre Sánchez, al menos como deuda histórica por todos los servicios que le ha prestado, a pesar de que el presidente en funciones tiene un reconocido prestigio como persona que es capaz de pasar por encima de lo que sea necesario para lograr sus objetivos.
