Otra vez en España, y esta ya es la tónica de los últimos años, tendremos un gobierno que su prioridad es la de mantener el poder en las próximas elecciones y no la de realizar las reformas, a medio y largo plazo, que tanto necesita España.
La Comisión Europea (CE) ya tocó la cresta a Sánchez sobre los frustrados presupuestos de 2019 que condujeron a la celebración de elecciones en mayo.
En aquella ocasión la CE argumentó que los ingresos previstos estaban sobreestimados y que por tanto España se desviaría del objetivo de déficit para 2019 que el mismo gobierno socialista estableció en el 1,8% del PIB. Debido a la no aprobación de ese presupuesto, el mismo Pedro Sánchez resituó el objetivo de déficit para 2019 en el 2% del PIB, muy lejos de senda presupuestaria aprobada en 2017 que lo situaba en el 1,3%.
A pesar de este mayor margen de maniobra, la Autoridad Fiscal Independiente (AIREF) ha estimado en diciembre que tampoco se cumplirá este 2% autoimpuesto por Sánchez. Este hecho impacta directamente en la deuda pública que el tercer trimestre de 2019 se situó en el 97,8% del PIB.
Por tanto, en los últimos cinco años en los que hemos vivido una importante bonanza económica, la deuda pública se ha reducido en menos de 3p.p. Paralelamente, todo parece indicar que el crecimiento del PIB bajará del 2% y el paro continuará situado en el 14%, lejos de nuestros vecinos europeos.
Además, en este escenario hay que añadir que entrará en vigor la reforma constitucional del artículo 135, en concreto el artículo 135.2. [1] . Por lo tanto, si el margen presupuestario ya era pequeño en 2019, el 2020 lo será más.
En todo caso, PSOE y Podemos se han cubierto parcialmente las espaldas mencionando en el acuerdo que las diversas medidas deberán articularse «adaptándose al nuevo contexto macroeconómico». Es decir, un empeoramiento de la economía es motivo para que no se apliquen las medidas mencionadas en el acuerdo de gobierno.
Sintetizando, el margen presupuestario es más estrecho en 2020, además en la Constitución por primera vez se obligará al gobierno a no presentar un déficit estructural según los estándares de la UE.
Paralelamente, el PSOE y Podemos presentan un acuerdo con un aumento de gasto muy importante pero que no queda claro cómo se financiará. Finalmente argumentan que todas estas medidas estarán sujetas a la situación macroeconómica. Juzguen ustedes mismos.
Y mientras tanto las medidas necesarias para asegurar la sostenibilidad y el progreso de España a largo y medio plazo continúan posponiéndose. El sistema de pensiones ya hace meses que es sencillamente insostenible. Quienes hoy cotizan ya no cubren las necesidades de los pensionistas. La inversión en I + D sigue siendo de las más bajas de Europa y al parecer no se revertirá, y si sumamos el desajuste actual entre oferta y demanda de trabajadores (falta de trabajadores técnicos y exceso de universitarios), lastra la productividad laboral y por lo tanto hace persistir la endémica tendencia española que para ganar competitividad debe reducir costes en lugar de aumentar el valor añadido.
Igualmente, el sistema laboral dual continuará provocando que los trabajadores con contrato temporal, especialmente jóvenes, continúen viviendo en la incertidumbre y la precariedad aumentando las desigualdades no sólo de clases sociales, sino sobre todo intergeneracionales.
Así pues, tendremos fuegos artificiales de un acuerdo que habla de progreso, pero como se dice, será «más de lo mismo». Velando en la revalidación del poder a corto plazo y olvidando que el futuro se empieza a construir hoy y no mañana.
[1] «El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los Márgenes establecidoen, en super caso, por la Unión Europea para sobre Estados Miembros.
Una Ley Orgánica Fijar el déficit estructural máxima permitida al Estado ya las Comunidades Autónomas, en relaciones con super producto interior bruto. Las Entidades Locales deberia presentar equilibrio Presupuestario. «