Dos informaciones aparentemente desligadas se han hecho públicas al mismo tiempo y por vías diferentes. Una ha sido la fiscalía reconociendo ahora que se puede conceder la libertad provisional a tres de los siete detenidos los CDR acusados de terrorismo.
Sorprende la decisión, porque los presuntos delitos son tan graves y comportarían, en el caso de demostrarse la culpabilidad, penas tan altas, que resulta insólita la libertad provisional, aunque sólo sea de tres de los siete. Más aún cuando dos semanas atrás, la misma fiscalía argumentaba que no se podía conceder este tipo de libertad precisamente por la gravedad de los delitos.
Naturalmente que lo solicite el fiscal no significa que la Audiencia lo atienda, a no ser que presente hechos que demuestren, al menos para estos tres inculpados, que la acusación inicial era infundada. No es un hecho ajeno que casi simultáneamente el Parlamento de Cataluña con el voto de ERC pidió su liberación.
Es difícil no pensar que este gesto forma parte de la negociación entre Sánchez y los republicanos, sobre todo de cara a sus bases para demostrar que en este diálogo se obtienen beneficios concretos para el independentismo. El gesto se ha producido, y ahora hay que ver los resultados y su incidencia política.
En la misma línea se puede situar el anuncio del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de llamar a Torra, si bien envuelto de las llamadas a todos los demás presidentes autonómicos, siguiendo un riguroso orden protocolario. De esta manera Sánchez satisfaría parcialmente la petición de ERC de devolver la llamada a Torra, si bien la concreción ha sido de perfil mucho más bajo, sumergida en el «café para todos» telefónico.
Naturalmente Torra, por boca de su portavoz Budó, ya ha dicho que este hecho es insuficiente y reclama unas conversaciones políticas de presidente a presidente, pero, de cara a sus bases, ERC también puede argumentar que al menos ha conseguido una grieta en un Báltico que estaba muy helado.
Está claro que todas estas circunstancias que apuntan al acuerdo se ven enturbiadas por el problema planteado entre los dos partners del independentismo debido a la clasificación penitenciaria de los presos. En teoría, y desde una lectura del independentismo que lucha, es razonable la crítica a que no se haya pasado directamente al tercer grado. En definitiva, está en manos de la propia Generalitat.
Sin embargo, más que protestar contra ERC, a quien habría que dirigir los cañones es sobre el propio Torra, porque el presidente tiene la facultad de ordenar a un consejero que cumpla una determinada medida que, como en este caso, tiene un elevado grado de discrecionalidad.
Por lo tanto, la crítica de JxCat es en parte oportunista. El presidente de la Generalitat quiere que todos los presos pueden ser clasificados en el tercer grado. Pero esta decisión conlleva un riesgo muy importante que ERC ha querido evitar. Para el segundo grado la decisión se mueve en el ámbito ordinario de la justicia en cuanto a la presentación de un recurso de disconformidad, de difícil éxito en este caso. La concesión directa del tercer grado podría ser recorrida por la fiscalía al Tribunal Supremo, con riesgo no ya de perder los beneficios que les querían otorgar, sino de continuar una temporada más sin poder salir de la cárcel.
