El Ayuntamiento de Ada Colau prepara una nueva y poco agradable sorpresa a los barceloneses: cobrarles por la recogida de basura. Si el residente en Barcelona se pensaba que ya lo pagaba, y además de una manera abundosa, con el agregado que hay en el recibo del agua, ahora se encontrará con la sorpresa de que aquel coste en realidad solo era para sufragar el tratamiento de residuos.
La novedad para 2020 consistirá en pagar también por el servicio de recogida. Concretamente, el Ayuntamiento quiere sacar de los bolsillos de los habitantes de la capital 40 millones de euros, que se añadirán a la factura ya existente y que hace que Barcelona sea una de las ciudades más caras de España para vivir. Se pagará entre 2,25 euros y 4 euros por hogar y mes, en función del número de personas que viven en cada casa. Se hará una pequeña excepción con 12.500 familias vulnerables que también pagarán, pero con descuento. Estas tasas fijas castigan a la población de menos ingresos y a las familias numerosas. Aquellas en las que además del matrimonio hay un abuelo viviendo en casa y tienen 1 o 2 hijos, serán las que recibirán el coste más elevado. La idea del Ayuntamiento es simple, 4 euros al mes es una cifra pequeña y que por lo tanto el ciudadano la paga sin aspavientos, pero que se suma a la multitud de pagos que ya hace cada familia al Ayuntamiento. Ha llegado la hora de que cada ciudadano cuente cuánto nos cuesta mantener en el gobierno municipal de Ada Colau y el PSC, y si lo que recibe a cambio es claramente mejor que lo que recibía años atrás.
Al final una pregunta se hace necesaria: Si todos y cada uno de los servicios que nos aporta el Ayuntamiento los pagamos con tasas e impuestos finalistas, ¿los ingresos con carácter general que percibe de los que viven y trabajan en Barcelona, de las empresas radicadas en la ciudad, en qué se gastan? Es necesario que con transparencia y concreción se nos indique los costes de cada uno de los servicios y la forma en que se financian, porque mucho nos tememos que la ciudad va creciendo en gastos de personal, no únicamente los directos de los funcionarios, sino también aquellos otros camuflados porque son realizados por empresas municipales, consorcios, contratos con terceros y convenios con entidades de todo tipo y condición.
Y de pagar más a la prohibición. La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ha recibido más de 2000 alegaciones, lo que ya da una idea de lo poco consensuada que ha sido la norma. Cuando se aplique será la zona de exclusión de vehículos más grande de Europa, 95 km2. Ninguna ciudad se ha atrevido a hacerlo hasta ahora, y Barcelona se quiere situar al frente de una medida que, además de ser socialmente discriminatoria, tiene un impacto limitado que podía conseguirse igualmente por otras vías.
Ahora el Ayuntamiento tiene que aprobar la ordenanza, que en definitiva es la que concreta el funcionamiento de la ZBE, y en primera instancia lo tiene que hacer la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad. La disconformidad es tal que difícilmente saldrá la ordenanza tal como ha entrado. En concreto una primera modificación parece clara: la exención de dos años a las familias sin recursos, ni alternativa de transporte con el coche, y los autónomos “precarios”. Todo dependerá de la amplitud que se aplique al concepto de familias sin recursos. Evidentemente si se trata de situaciones de pobreza, la repercusión será mínima, porque estas personas no tienen coche, ni viejo ni nuevo. Puede ser puramente un maquillaje para decir que se actúa contra la injusticia de la norma, pero si los partidos de la oposición presionan, se podría reequilibrar la cuestión estableciendo por los niveles de renta inferiores a la media de la ciudad esta moratoria que ya apuntaba Miró y Ardèvol. También puede suceder que, con el fin de conseguir que la ordenanza prospere, se vayan haciendo una serie de concesiones puntuales, mínimas, pero que creen un microcosmos que después sea difícil de controlar, por ejemplo, la exención para personas que sigan tratamiento médico en los hospitales de la ciudad, para vehículos singulares como los que se dedican a la venta ambulante, y otras medidas de este tipo.
No existe un censo que vincule la matrícula a todas estas condiciones y, por lo tanto, la primera acción será elaborarlo, puesto que de lo contrario será inviable diferenciar los que cumplen con la norma de los que no. Y este control es imposible que esté hecho antes de enero.
Es una manifestación más de que se trata de una medida improvisada que no ha tenido ningún tipo de preparación previa, más allá de la simple idea de prohibir a una parte de los vehículos el acceso a la ciudad.
