La madrugada del miércoles, la Guardia Urbana procedió a desalojar el campamento que estaba instalado en la Plaza Universidad y que cortaba la Gran Vía de Barcelona en una área central estratégica, entre las calles Aribau y Balmes, y que ha estado creando graves conflictos de movilidad en todo este espacio neurálgico de la ciudad.
Los Mossos d’Esquadra ya indicaron al Ayuntamiento, justo al inicio de la acampada, que lo mejor era proceder al desalojo inmediato para evitar que se consolidara y fuera más difícil echarlos. Pero la alcaldesa Ada Colau personalmente se opuso de forma rotunda, y prohibió que se adoptara ninguna medida en este sentido, ni siquiera cuando una parte importante de los acampados, los que procedían de Arran (CUP) y de las JERC, decidieran suspender la protesta e irse a casa. Aunque en realidad a casa se iba casi todo el mundo y las numerosas tiendas, sobre todo durante la noche, estaban vacías u ocupadas por personas sin techo que habían encontrado un cobijo en esta teórica protesta.
En realidad, la policía consideraba que la media de personas asentadas era unas 50, que fluctuaban a lo largo del día en función de si había alguna actividad prevista. Otro factor que daba idea de la fragilidad de la ocupación era que las reivindicaciones se habían dispersado y diluido. Era difícil que dos concentrados dieran la misma respuesta a la pregunta de por qué protestaban.
El hecho que la Junta Electoral, como intentaba Ada Colau, no se pronunciara para disolver la concentración y únicamente pidiera garantías para no dificultar el acceso al colegio electoral, acentuó la parálisis municipal. Ahora, con la proximidad de las fiestas navideñas y la actitud cada vez más crítica de los vecinos y comerciantes por una continuidad inexplicable, el Ayuntamiento ha actuado y a la una de la madrugada del pasado miércoles y en menos de dos horas, el campamento quedó desmantelado, echando a 70 personas que residían, y efectuando dos detenciones.
La pregunta es: ¿Por qué Ada Colau ha tardado tanto en permitir una intervención necesaria? Porque hay que recordar que el corte se inició el 30 de octubre y han transcurrido más de 20 días para conseguir dejar expedita una vía fundamental para la ciudad que estaba bloqueada solo por 50 manifestantes y un grupo de personas sin techo, hecho que de paso ponía de relieve la falta de atención municipal a estas personas necesitadas, dada la insuficiencia de número de plazas en los refugios públicos nocturnos.
Junto con esta renuncia a ejercer el buen funcionamiento de la ciudad por parte de la alcaldesa, hay un segundo factor que no puede ser pasado por alto, porque también pone de relieve la debilidad de la racionalidad de sus decisiones.
El cuerpo que llevó a cabo el desalojo, 150 unidades de la Guardia Urbana, pertenecían al grupo de antidisturbios, teóricamente disuelto por Colau. Constituido en tiempo del alcalde Clos, fue mantenido por los alcaldes sucesivos, Hereu, y Trias, con la única modificación del cambio de nombre, de Unidades de la Policía Administrativa y de Seguridad (UPAS) a Unidad de Apoyo Policial (USP), cambio introducido por el alcalde convergente.
Después de ganar las elecciones en 2015, Colau emprendió la liquidación de esta unidad. Ella era, recordémoslo, además de la alcaldesa, la responsable de la política de seguridad, porque no quiso designar a ningún regidor para esta misión y asumió directamente la responsabilidad política. El cuerpo dejó de ejercer funciones de orden público, y a partir de entonces, si bien mantenían la misma uniformidad, estaban encargados de velar en situaciones de emergencia y grandes acontecimientos, como conciertos, y también para proteger el medio ambiente.
La USP fue así extinguida y se constituyó la Unidad de Refuerzo de Emergencias y Proximidad (UREP). Ahora, a pesar de que el decreto de Colau liquidó la función de orden público, la UREP ha actuado en esta tarea enfrentándose a los asentados en la plaza Universidad y practicando detenciones. Albert Batlle, el responsable de seguridad del Ayuntamiento y que no pertenece al partido de Colau, felicitó públicamente por la intervención a este cuerpo especializado de la Guardia Urbana que ejerce funciones de orden público que ahora no están reconocidas en ningún sitio.
