Las voces alertando sobre el impacto de los disturbios en la economía catalana se multiplican y van desde la dimensión local hasta la más general.
Las asociaciones de comerciantes del área central de Barcelona han pedido a la alcaldesa Ada Colau que desaloje a los acampados en la plaza Universidad por el perjuicio que ocasionan sobre las actividades económicas del centro de la ciudad.
El último barómetro de la inversión británica en España nos informa que 1 de cada 3 empresas británicas considera que “la inestabilidad política de Cataluña los ha llevado a considerar una localización diferente, en otras comunidades españolas, para sus inversiones actuales y futuras”. Esta constatación del empresariado británico con intereses en España es una prueba más de que el principal perjuicio por la continua alteración del orden público no es tanto España como Cataluña. Este hecho todavía resulta más preocupante si se considera que Barcelona quería conseguir alguna nueva localización de empresas de relevo que se marchaban de Inglaterra a causa del Brexit.
También es grave que la entidad organizadora del Mobile World Congress, la GSMA, ha indicado que “continúa atenta al desarrollo de los acontecimientos en España y Cataluña y evalúa cualquier posibilidad de impacto en el MWC del 24 de febrero del 2020″. No es una advertencia extrema, pero sí un aviso en el sentido de que “la seguridad de todos los participantes en el MWC tiene suma importancia”. Un factor adicional que no se tiene que perder de vista es que estos tipos de observaciones estimulan a las ciudades competidoras que afanan conseguir que este importante congreso salga de Barcelona.
Las declaraciones de los CDR prometiendo “el caos” y postulando el lema “independencia o barbarie” no ayudan a facilitar que Cataluña mantenga su atractivo económico.
Una causa ajena al conflicto, la formación del nuevo gobierno de coalición en Madrid, aumenta las dificultades generales en el plan económico. La entrada de Podemos en el gobierno ha alertado a los grandes inversores, que temen un aumento sustancial de la presión fiscal. La bolsa ha perdido en los dos primeros días más de 2 puntos, y ha castigado especialmente a los bancos.
Las reacciones ante los anuncios de forzar soluciones políticas a través de crear situaciones caóticas están alarmando a una parte sustancial de la sociedad catalana. La Vanguardia publicaba el jueves 14 un editorial extraordinario por su dimensión y contundencia, con el título “Contra la barbarie”, en el cual se afirmaba entre otras cosas que “los accesos de los radicales no son una expresión de la democracia, sino de barbarie”. También afirmaba que “las autoridades catalanas creen posible jugar con dos peleas, pero están jugando con fuego”.
El grupo Treva i Pau, formado por una decena de significadas personas de la vida social catalana, también ha publicado este viernes un crítico artículo titulado «Convivencia, política y orden». Estas respuestas y otras contrastan con la actitud del Govern que, por boca de su Presidente y del Conseller Puigneró, consideran que en Cataluña “se garantiza la seguridad, la libre circulación de personas y bienes, pero también el derecho a la protesta”.
El Conseller Puigneró por su parte utilizó el argumento de siempre desviando la atención hacia la falta de inversión del Estado en Cataluña. La Cámara de Comercio, controlada por el independentismo de la ANC, expresaba su solidaridad con todas las empresas y autónomos afectados, pero a la vez entendía las reacciones violentas que se habían provocado y las atribuía exclusivamente a la negativa del gobierno español a negociar una solución política para Cataluña.
En el fondo continúa alentando la confusión sobre el diálogo y la solución política. La gente del Procés entienden que diálogo y solución política quiere decir reunirse para acordar un referéndum por la independencia. Naturalmente, esta posición tan estricta y cerrada, imposible en el marco constitucional español que es común al de todos los países de la Europa continental, impide cualquier tipo de negociación que comporte una mejora para los catalanes.
