En el delta del Ganges, una multitud de decenas de miles de personas sube a unos barcos viejos y pone rumbo a Europa. Las cubiertas se llenan de familias. La flota atraviesa océanos, bordea África y se acerca al Mediterráneo. Hay tiempo para verla llegar, discutir sus consecuencias y preparar una respuesta. Las noticias del viaje ocupan los medios. Mientras, los gobiernos aplazan la decisión que cada jornada de navegación hace más acuciante.
En Francia, parte de las élites convierte la llegada anunciada en una causa moral. En el sur, los habitantes comienzan a huir. El presidente moviliza a tropas y se dirige al país, pero acaba dejando la actuación de los soldados a su conciencia. Muchos abandonan las posiciones. La cadena de mando se deshace antes del desembarco. Cuando los barcos llegan a la costa, el Estado conserva sus símbolos, pero ha perdido la voluntad efectiva de imponer sus decisiones.
Es la trama de El campamento de los santos, argumento de la novela que Jean Raspail publicó en 1973.
El relato lleva esa quiebra hasta el hundimiento del orden político. Su fuerza narrativa reside en el tiempo perdido: todo el mundo ve acercarse al desenlace y nadie asume la responsabilidad de evitarlo. El autor construye una distopía extrema, pero la pregunta que plantea es concreta: ¿qué ocurre cuando una multitud civil desborda a un Estado que no sabe cómo reaccionar?
Ceuta obliga a España a responder. La incapacidad del Gobierno para prevenir la entrada masiva y actuar con eficacia ha quedado expuesta. Los avisos previos del CNI existían y habían circulado entre los organismos responsables. El problema fue transformar aquella información en decisiones suficientes. Después, el desbordamiento convirtió la acción gubernamental en una gestión de emergencias. El Gobierno perdió la iniciativa antes de la entrada y siguió dependiendo de los acontecimientos una vez producida.
Prevenir significa disponer de escenarios, medios y órdenes antes de que la frontera ceda. Actuar significa recuperar su control con recursos propios. El Gobierno fracasó en la primera exigencia y no demostró autonomía en la segunda. Sánchez reconoció que los retornos masivos habrían sido imposibles sin la colaboración marroquí. Esta admisión describe una debilidad estratégica: España necesita la cooperación de Rabat para resolver una crisis producida en su frontera. Declaraciones de Sánchez.
La segunda quiebra afecta a la adecuación de la legislación. El derecho de extranjería funciona esencialmente a través de decisiones individuales: identificar, escuchar, comprobar, tramitar y resolver. La tramitación ordinaria comporta expedientes, plazos y obligaciones. Esta arquitectura puede ordenar flujos que la administración es capaz de asumir. Ante una irrupción simultánea masiva que supera toda capacidad disponible, el mecanismo deja de ofrecer una respuesta a tiempo. El desfase entre la velocidad de la entrada y la de la decisión administrativa resulta decisivo.
Las normas contemplan rechazos fronterizos y mecanismos para afrontar contingencias migratorias. Sin embargo, su existencia no resuelve por sí sola la cuestión de la soberanía ante grandes masas. Un sistema capaz de distribuir personas después del desbordamiento puede seguir siendo incapaz de impedirlo. La disposición especial para Ceuta y Melilla vincula el rechazo a la superación de elementos de contención fronteriza. Incluso la forma física de atravesar el límite condiciona el procedimiento aplicable. Ley de extranjería.
La legislación vigente no está suficientemente adaptada a este tipo de crisis. Si obliga a una sucesión de actuaciones que resultan impracticables ante la magnitud del problema, deja al Estado sin una respuesta operativa adecuada. Corresponde al Gobierno proponer las reformas necesarias y dotar a las instituciones de los medios que permitan hacer efectivo el control, preservando en todo momento las garantías exigibles. Aceptar que el sistema colapse cada vez que la presión supera cierto volumen equivale a reconocer que la frontera solo funciona con el permiso de quien está al otro lado.
España ya tiene un precedente que debería impedir cualquier ingenuidad: el Sáhara. El 6 de noviembre de 1975, Hassan II puso en marcha una movilización civil hacia el territorio administrado por España. La Marcha Verde exhibía banderas y ejemplares del Corán. Detrás estaba una dirección estatal, una operación logística y presión militar. Franco agonizaba y el poder español vacilaba. El 14 de noviembre, los acuerdos de Madrid prepararon la retirada española y una administración con Marruecos y Mauritania. Marcha Verde, Acuerdos de Madrid.
El Sáhara era un territorio pendiente de descolonización; Ceuta y Melilla son ciudades españolas. La diferencia jurídica es fundamental. El precedente estratégico también: un gobierno marroquí utilizó a una multitud civil para alterar la relación de fuerzas y precipitar una cesión política. El Consejo de Seguridad deploró la marcha y reclamó su retirada. Esa resolución no impidió el desenlace. La capacidad militar española tampoco se convirtió en una decisión política que lo frenara. Ley sobre el Sáhara, Resolución 380.
La lección está clara. Para condicionar un territorio puede bastar con hacer insostenible su gobierno, desbordar sus servicios y obligar al Estado a negociar reiteradamente las condiciones de normalidad. Esta es la vulnerabilidad que hoy exponen Ceuta y Melilla. Si Madrid solo puede mantener su estabilidad cuando Rabat lo facilita, Marruecos dispone de un poder de presión sobre el futuro de ambas ciudades. No hace falta atribuirle la organización de cada entrada para reconocer esta dependencia.
Si persisten la impotencia gubernamental y la insuficiencia de la respuesta jurídica, Ceuta y Melilla quedarán abocadas, a medio plazo, a depender, de una forma u otra, de Marruecos. La subordinación puede avanzar mucho antes de que cambie ninguna bandera.
Raspail lo convirtió en una trama: el poder ve llegar la crisis, discute y acaba cediendo. El Sáhara demostró que España también podía vivir ese desenlace. Repetirlo sería una derrota anunciada.
En el libro El campamento de los santos, de 1973, todos ven llegar la crisis y nadie asume la decisión. Ceuta pone al descubierto una impotencia política que España ya no puede aplazar. #Ceuta #JeanRaspail Compartir en X
