La política forestal de Catalunya sigue pendiente de una reforma esencial para reducir el impacto de los grandes incendios forestales. Pese al éxito del modelo Foc Verd en la detección y extinción rápida, el país aún no ha desplegado una estrategia territorial capaz de limitar la propagación de los grandes fuegos.
Hay una idea que se repite cada verano cuando un gran incendio desborda los servicios de extinción: las condiciones meteorológicas eran tan adversas que el fuego era imposible de detener. Es una afirmación cierta, pero incompleta. Cuenta el final de la historia, no su causa.
En el Mediterráneo, el fuego forestal es consustancial en verano. Siempre habrá temperaturas elevadas, baja humedad relativa, vientos intensos y una vegetación preparada para quemar. Esto forma parte de nuestro ecosistema. La responsabilidad de los poderes públicos —la Generalitat y los ayuntamientos— no consiste solo en impedir que se inicien incendios, sino también en evitar que un foco se convierta en un gran incendio forestal.
Esta es precisamente la lógica que inspiró el programa Foc Verd, impulsado en 1987. Y hay que reconocer su éxito. Durante décadas, salvo algunos años especialmente catastróficos, como en 1994 o 1998, cuando se quemaron decenas de miles de hectáreas, Catalunya ha logrado contener la mayor parte de los incendios antes de que alcanzaran dimensiones incontrolables.
La clave es conocida: detección rápida e intervención inmediata. En terminología militar, es una estrategia de guerra relámpago (Blitzkrieg), basada en la velocidad y el movimiento. Si el primer ataque llega antes de que el fuego adquiera demasiada crítica, el incendio queda extinguido antes de transformarse en un frente que supere la capacidad de los bomberos.
Este modelo sigue siendo imprescindible, y los profesionales que lo ejecutan acreditan un nivel de eficacia muy elevado.
Pero ningún sistema ofrece una garantía del cien por cien.
Cuando, a pesar de todos los esfuerzos, un incendio supera este primer estadio —como ha ocurrido en las Gavarres o en otros grandes fuegos de los últimos años—, la estrategia del Foc Verd ya ha agotado sus posibilidades. Y aquí aparece el gran vacío de la política forestal catalana.
Hace décadas que Catalunya debería haber desarrollado una segunda estrategia, complementaria a la primera: la lucha específica contra el gran incendio forestal.
Es un planteamiento radicalmente distinto.
Si el Foc Verd es una guerra de movimientos, el gran incendio exige una guerra de posiciones.
No se trata solo de apagar llamas, sino de preparar el territorio para que el fuego no pueda avanzar indefinidamente.
La idea es relativamente sencilla, aunque su aplicación técnica sea mucho más compleja: dividir las grandes masas forestales en módulos de una determinada extensión —1.000 o 2.000 hectáreas, según la topografía y la vegetación— separados entre sí por discontinuidades eficaces.
Estas barreras pueden aprovechar elementos naturales del terreno, cultivos de baja inflamabilidad, especies vegetales menos combustibles, plantas crasas o, cuando sea imprescindible, cortafuegos adecuadamente mantenidos.
El objetivo no es evitar cualquier incendio. Es limitar la superficie máxima que puede quemar antes de que el fuego encuentre una barrera capaz de reducir su intensidad y permitir la acción de los servicios de extinción.
Es la diferencia entre perder cientos de hectáreas y perder decenas de miles. Es el complemento indispensable del Foc Verd.
En esta estrategia territorial también desempeñan un papel determinante las franjas de protección de las urbanizaciones y de muchas poblaciones. En Catalunya, el arbolado no debería llegar hasta tocar las primeras edificaciones. Nuestro país es especialmente vulnerable porque está lleno de urbanizaciones dispersas, literalmente entretejidas con el bosque, configurando una combinación explosiva que convierte cualquier incendio en una amenaza directa para las personas.
Nada de todo esto es una idea nueva.
Y ahí aparece la responsabilidad política.
En 1999, las empresas Instituto del Medio Ambiente y las Ciencias Sociales e Iberig elaboraron, por encargo del Departamento de Gobernación de la Generalitat, un extenso Plan de Actuación contra los Grandes Incendios Forestales.
Han pasado más de veinticinco años.
El documento sigue prácticamente inédito. Ni siquiera se ha realizado el esfuerzo de revisarlo, actualizarlo o convertirlo en política pública.
Cuesta encontrar una expresión más adecuada que incuria institucional.
La misma dejadez afecta a la normativa sobre las franjas de protección de las urbanizaciones, vigente también desde finales del siglo pasado. Una parte demasiado importante de los ayuntamientos la incumplen o solo la aplican parcialmente, a menudo sin las dimensiones ni el mantenimiento exigibles.
Cuando llega un gran incendio, se habla inevitablemente del cambio climático, del viento o de las temperaturas extremas.
Pero estas condiciones ya las conocíamos. Lo que no hemos hecho es adaptar el territorio.
Los grandes incendios de Gavarres, Vallès, Anoia o Artesa de Segre probablemente continuarían produciéndose, porque nadie puede eliminar completamente este riesgo en un país mediterráneo.
Pero su impacto sería mucho menor: menos personas amenazadas, menos viviendas evacuadas y mucho menos bosque destruido.
La diferencia entre un desastre inevitable y un desastre gestionable no depende tanto del día en que se enciende el fuego como de los veinte o treinta años anteriores.
Por eso el fuego forestal no es necesariamente una fatalidad. Con demasiada frecuencia es la consecuencia de una incapacidad política prolongada.
La diferencia entre un desastre inevitable y un desastre gestionable no depende tanto del día en que se enciende el fuego como de los veinte o treinta años anteriores. #FocVerd #IncendiosCatalunya Compartir en X
