El primer ministro de Francia, François Bayrou, sorprendió a todos por su osadía cuando anunció el pasado julio unos presupuestos para el 2026 que retomaban el camino de la disciplina fiscal.
La sorpresa fue aún mayor cuando Bayrou decidió lanzarse, ya en pleno mes de agosto, a una moción de confianza en la sesión parlamentaria del 8 de septiembre. Todo indica que el primer ministro no obtendrá el beneplácito de la cámara baja y se verá forzado a dejar el cargo… y con él el enderezamiento fiscal que Francia necesita desesperadamente.
Las declaraciones que desde entonces hace Bayrou tienen el tono desesperado de quien busca salvar su vida (política en este caso), pero en ningún caso suponen una exageración de la penosa situación que vive Francia.
«La vida de la nación está en juego» o los jóvenes «han quedado reducidos a la esclavitud» son tan solo dos ejemplos del dramatismo que Bayrou emplea en sus comparecencias públicas desde hace unos días.
El ambiente en París se ha electrizado. Varios sindicatos, así como el partido de extrema izquierda del influyente Jean-Luc Mélenchon, han convocado un movimiento de huelga general que debe empezar el 10 de septiembre y que busca «bloquearlo todo», según anuncian algunos de los propios organizadores.
Buena parte de los franceses rechazan la realidad que se les presenta ante sus ojos: una espiral de endeudamiento público insostenible y continuado que se inició en 1974 (último ejercicio en el que las arcas públicas no terminaron en números rojos), hace más de 50 años sin un solo año de excepción.
Por ejemplo, desde el Partido Socialista, que resuena en el palacio del Elíseo como candidato posible a gobernar tras la caída de Bayrou, acaba de anunciarse un programa que incluye bajar de nuevo la edad de jubilación a los 62 años.
El año pasado, Francia ya pagó 58,8 miles de millones de euros en materia de intereses de su deuda, que supusieron aproximadamente el 10% del gasto público total. Más que el presupuesto anual en defensa.
Según las últimas proyecciones, este año Francia tendrá que desembolsar 67,1 miles de millones. Más que el presupuesto anual de enseñanza.
Pero es que al ritmo actual, París prácticamente tendrá que doblar la partida destinada a pagar a sus acreedores en el 2029 (dentro de tan solo cuatro años) hasta alcanzar los 107,7 millones.
Al mismo tiempo, la economía francesa, al revés de la estadounidense, no puede aspirar de ninguna de las maneras a financiar esta monstruosa deuda a través de un crecimiento de su Producto Interior Bruto (PIB) elevado de forma sostenida en el tiempo: salvando la aberración de la pandemia de la Covid, el crecimiento anual francés lleva más de una década estancado en entorno el 1% del PIB. Una situación que se debe en buena parte a la pobre productividad de los nuevos puestos de trabajo y al retroceso del sector industrial frente a los servicios.
La caída del gobierno de Bayrou dejará a Francia a las puertas de una crisis social, económica y política sin precedentes. No existe ninguna fuerza política que parezca estar dispuesta ni que tenga los apoyos necesarios para llevar a cabo las dolorosas reformas necesarias para enderezar el país.
La sorpresa fue aún mayor cuando Bayrou decidió lanzarse, ya en pleno mes de agosto, a una moción de confianza en la sesión parlamentaria del 8 de septiembre Compartir en X
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