Castigando a las familias

Con motivos más que sobrados, las gentes del campo se han lanzado a la calle a expresar su descontento y protesta por su situación económica y marginación social. Con menos razones, lo que no significa carencia de ellas, los jubilados también vienen manifestando su protesta de manera regular, aunque juega a su favor, como grupo social, el ser el que menos ha registrado los estragos de la crisis pasada. El feminismo aborda con frecuencia la manifestación callejera para expresar sus cuitas, y como mínimo una vez al año y con gran despliegue de medios, lo hacen los grupos politizados LGBTIT (+), y así podría seguir repasando los colectivos socioeconómicos, que con regularidad se manifiestan, protestan, exigen. Pero hay una gran excepción que atañe además a la colectividad central y vertebral de la sociedad: las familias. Concreto más: Los matrimonios, las parejas con hijos a su cargo, que comparten el mismo hogar tendrían razones más que sobradas para manifestarse porque son los grandes olvidados de los gobiernos. Share on X España es uno de los pocos estados europeos que carece de políticas familiares, y de ayuda a la maternidad y a la infancia.

Y este olvido, que ya es menosprecio, se confirma en el nuevo gobierno de Sánchez. No es una novedad, pero a base de reiterar esta actitud, que discrimina y daña a la institución más necesaria de nuestra sociedad, ocurre que el problema se multiplica y agrava. El nuevo Gobierno tiene un ministerio para la transición ecológica y la España vaciada, y también tiene otro para la inmigración, y las pensiones, pero no tiene ninguno que señale a la familia como sujeto de atención prioritaria, Es realmente raro porque, el poblamiento y las pensiones, tienen su última razón en ella, además de muchas otras cosas, que van de la educación a la productividad.

El presidente ha escogido un técnico acreditado como José Luis Escrivá, ahora ya expresidente de AIReF, para dirigir el nuevo Ministerio dedicado a la Seguridad Social. Seguramente lo ha elegido porque dentro del rigor, es la persona que muestra una visión más optimista de la crisis estructural del sistema público de pensiones. Escrivá considera que el déficit puede resolverse trasvasando al presupuesto ordinario del Estado, el coste de las pensiones no contributivas, y porque considera que la inmigración acabará de hacer el resto.

Creo- obviamente ni soy el primero ni el más dotado para hacerlo- que, con aquel trasvase de gasto público, solo se traspasaría el desequilibrio a otra parte, pero el problema continuaría siendo el mismo: como pagarlo. En el trasfondo de esta solución se encuentra la condición necesaria: más impuestos.

Sobre la inmigración, lo mínimo que hay que decir es que es una salida en falso, porque los salarios de los recién llegados corresponden mayoritariamente a personas de un bajo nivel de cualificación profesional, o en todo caso de baja productividad, y su valor medio resulta inferior al de la pensión media. Importar trabajadores de escasa calificación con un salario mínimo, que se persigue que llegue a los 1.200 euros en el 2023, es una solución bien extraña.  Mientras, España continúa siendo un país con una elevada tasa de paro, que afecta sobre todo a las personas con menor formación profesional, y que tiene unas pésimas políticas activas de empleo. Es sobre estos trabajadores menos preparados con los que la inmigración compite presionando a la baja a los salarios. No se puede abordar la solución de la inmigración masiva sin resolver antes estas contradicciones y omisiones, y no se puede hacer sin una política de familia que facilite la natalidad

Y es que al otro lado del espejo hay 2,5 millones de mujeres de entre 18 y 55 años a las que les gustaría tener más hijos pero que todavía no han podido hacerlo por problemas económicos y de conciliación laboral. Pero no hay nada para ellas en las políticas públicas del gobierno PSOE-UP.

En realidad, la respuesta está en otra parte, la más abandonada. Porque solo con productividad y familias con capacidad educadora se asegurarán unas buenas pensiones y el futuro del país. Pero para ello es necesaria una profunda revisión de las políticas públicas, que de momento no forman parte del programa de este gobierno.

 La cuña fiscal y las familias

Y es que además la solución de aumentar los impuestos dañara todavía mas a las familias. Veamos porque:

Habitualmente se dice, y es cierto, que España sufre una menor presión fiscal que la media europea. Pero esta afirmación solo entraña una parte de la verdad: la del cómputo global de los ingresos proporcionados por la fiscalidad, y ahí juegan factores tales como la evasión fiscal legal, el fraude, la baja recaudación en el ámbito de las grandes empresas, y un sistema fiscal mal diseñado, porque es solo una colección de retazos que se han ido zurciendo con el paso del tiempo. Pero la gente que paga impuestos, el “pueblo del IRPF”, lo hace  en una dimensión  que en nada tiene que envidiar a los países europeos, y en este pagar más son precisamente más perjudicadas

El mejor instrumento para medir esta realidad es la llamada “cuña fiscal”, que recoge la suma de lo que se paga en el impuesto sobre la renta por el trabajo, y las cotizaciones de la empresa y el trabajador a la Seguridad Social. Los salarios españoles soportan una ‘cuña fiscal’ media del 39,4%. Esto significa que las personas solo ingresan realmente el 60 por ciento de la retribución contabilizada por la empresa. La cifra revela que la ‘cuña fiscal’ que soporta un trabajador medio sin cargas familiares es más de tres puntos superior a la media de la OCDE, que se sitúa en el 36,1%. Pero si medimos dicha cuña cuando existen cargas familiares (por ejemplo, dos hijos y el padre y la madre trabajan), la brecha es aún mayor, y alcanza los 7,3 puntos (33,9% en España frente a una media del 26,6% en la OCDE). Este resultado define la situación de discriminación en la que se encuentra la familia en España. En los países de Europa y del resto de la OCDE de media la familia se beneficia de casi 10 puntos menos en los pagos, mientras que en España la diferencia es de solo 5,5 puntos, un poco más que la mitad. Ese 2 a 1 marca la distancia entre España y el resto de paises. A ello se le añaden las débiles compensaciones económicas en el caso español que ayudan a esta institución necesaria y socialmente valiosa, y que también en relación con la UE son desfavorables en una proporción semejante de 2 a 1

Pero, además, las familias con hijos sufren otra discriminación, que se añade a esta. Será su descendencia, la que contribuirá a que sea posible el pago de las futuras pensiones. Para lograrlo, los padres y las madres sacrifican su renta actual para mantener, cuidar y educar a sus hijos. Naturalmente, esto afecta a su capacidad de ahorro, que es menor a igualdad de ingresos, que la de aquellas personas sin hijos, y que pueden optar a ahorrar más, y complementar así la pensión que percibirán, que cada vez resulta más incierta y previsiblemente menguante. La injusticia es radical porque los beneficiados son quienes no aportan el plus necesario de los hijos para cubrir el futuro, mientras que quienes sí lo hacen se ven perjudicados en su capacidad de ahorro, porque lo han aplicado a los hijos.

La idea de progreso que tienen Pedro y Pablo excluye, por lo visto, todo apoyo a las familias. Peor todavía, porque la ministra de Educación Isabel Celaá, encima les dice a los padres que no tienen nada que decir sobre la educación moral y religiosa de sus hijos. Paga y calla es el nuevo eslogan del gobierno para la familia.

Article publicat a La Vanguardia