{"id":99865,"date":"2026-06-26T11:31:43","date_gmt":"2026-06-26T09:31:43","guid":{"rendered":"https:\/\/conversesacatalunya.cat\/?p=99865"},"modified":"2026-06-26T12:13:08","modified_gmt":"2026-06-26T10:13:08","slug":"25-junio-liquido-formalmente-la-democracia-parlamentaria-en-espana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/conversesacatalunya.cat\/es\/25-junio-liquido-formalmente-la-democracia-parlamentaria-en-espana\/","title":{"rendered":"25 de junio: el d\u00eda en que se liquid\u00f3 formalmente la democracia parlamentaria en Espa\u00f1a"},"content":{"rendered":"

Hay d\u00edas que marcan un hito en la historia pol\u00edtica de un pa\u00eds. El 25 de junio de 2026 es uno de ellos. No porque se modificara ning\u00fan art\u00edculo de la Constituci\u00f3n ni porque se produjera un golpe de Estado cl\u00e1sico, sino porque se consum\u00f3 algo mucho m\u00e1s sutil y, precisamente por ello, mucho m\u00e1s peligroso:\u00a0<\/span><\/span>la ruptura del principio esencial sobre el que descansa cualquier democracia parlamentaria.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

Ayer el Congreso de los Diputados aprob\u00f3, por\u00a0<\/span><\/span>178 votos a favor y 171 en contra,<\/span><\/strong>\u00a0una proposici\u00f3n presentada por el Partido Popular que reclamaba al presidente del Gobierno una de las dos v\u00edas constitucionales que existen cuando la mayor\u00eda parlamentaria considera agotada su legitimidad pol\u00edtica:\u00a0<\/span><\/span>presentar una moci\u00f3n de confianza o convocar elecciones generales.<\/span><\/strong>\u00a0El mismo acuerdo hab\u00eda sido adoptado tambi\u00e9n por el\u00a0<\/span><\/span>Senado.<\/span><\/strong>\u00a0Por tanto, no era una iniciativa partidista cualquiera, sino una decisi\u00f3n coincidente de las dos c\u00e1maras que integran las Cortes Generales.<\/span><\/p>\n

Cierto es que\u00a0<\/span><\/span>la Constituci\u00f3n reserva exclusivamente al presidente del Gobierno<\/span><\/strong>\u00a0<\/span>la facultad de plantear la cuesti\u00f3n de confianza y tambi\u00e9n la de disolver las Cortes y convocar elecciones. Pero precisamente porque esta competencia es suya,\u00a0<\/span><\/span>el Parlamento solo pod\u00eda expresarle formalmente que hab\u00eda llegado el momento de ejercerla.<\/span><\/strong>\u00a0<\/span>Esto es exactamente lo que hizo.<\/span><\/p>\n

La respuesta del Gobierno y sus socios result\u00f3 extraordinariamente reveladora. No solo anunciaron que ignorar\u00edan la decisi\u00f3n parlamentaria, sino que estallaron en aplausos y risas cuando el resultado de la votaci\u00f3n qued\u00f3 confirmado.<\/span><\/p>\n

\n

Dif\u00edcilmente podr\u00eda encontrarse una imagen m\u00e1s expresiva del desprecio hacia la funci\u00f3n representativa del Parlamento: celebrar p\u00fablicamente que no se va a obedecer la voluntad de la c\u00e1mara que representa la soberan\u00eda nacional.<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n

Los defensores de esta actitud invocan inmediatamente la literalidad constitucional: la proposici\u00f3n aprobada\u00a0<\/span><\/span>no tiene fuerza jur\u00eddica vinculante.<\/span><\/strong> Cierto. Pero esta es solo una parte del problema.<\/span><\/p>\n

Las democracias no viven \u00fanicamente de la letra de las leyes. Viven tambi\u00e9n del respeto a sus principios, a sus equilibrios institucionales y a las convenciones constitucionales que hacen posible su funcionamiento. Sin esa cultura pol\u00edtica, cualquier sistema parlamentario acaba convirti\u00e9ndose en un mecanismo vac\u00edo.<\/span><\/p>\n

La Constituci\u00f3n es muy clara en este punto. El art\u00edculo 1.2 establece que \u00abla soberan\u00eda nacional reside en el pueblo espa\u00f1ol\u00bb. Y el art\u00edculo 66.1 a\u00f1ade que\u00a0<\/span><\/span>\u00ablas Cortes Generales representan al pueblo espa\u00f1ol\u00bb<\/span><\/strong>\u00a0<\/span>.<\/span><\/p>\n

\n

Cuando el Parlamento, expresi\u00f3n directa de esta soberan\u00eda, reclama al presidente que se someta a una moci\u00f3n de confianza o convoque elecciones, su decisi\u00f3n puede no ser jur\u00eddicamente ejecutable, pero es pol\u00edtica y moralmente obligatoria en una democracia parlamentaria digna de ese nombre.<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n

M\u00e1s a\u00fan si recordamos el contenido del art\u00edculo 66.2, seg\u00fan el cual la<\/strong><\/span>s<\/strong> Cortes ejercen la potestad legislativa y controlan la acci\u00f3n del Gobierno.<\/span><\/strong><\/p>\n

Este es, precisamente, el problema. Estas funciones hace a\u00f1os que se han ido vaciando de contenido. Hace tres ejercicios consecutivos que el Gobierno no presenta nuevos presupuestos generales. La sesi\u00f3n de control ha perdido buena parte de su real eficacia.\u00a0<\/span><\/span><\/span>La iniciativa legislativa del Congreso ha quedado pr\u00e1cticamente subordinada a las necesidades de supervivencia de un gobierno<\/span><\/span><\/strong>\u00a0<\/span>sostenido por una mayor\u00eda extremadamente fr\u00e1gil. El control parlamentario, que constituye la esencia del parlamentarismo, se ha ido erosionando hasta convertirse a menudo en simple escenificaci\u00f3n.<\/span><\/span><\/p>\n

Por eso\u00a0<\/span><\/span>la liquidaci\u00f3n de la democracia parlamentaria no comienza el 25 de junio. Ese d\u00eda solo se produjo su formalizaci\u00f3n.<\/span><\/strong><\/p>\n

El precedente m\u00e1s grave se produjo\u00a0<\/span><\/span><\/span>durante la pandemia,<\/span><\/span><\/strong>\u00a0cuando Pedro S\u00e1nchez suspendi\u00f3, de facto, el control parlamentario mientras concentraba poderes extraordinarios.\u00a0<\/span><\/span><\/span>Tiempo despu\u00e9s, el Tribunal Constitucional censur\u00f3 aspectos fundamentales de aquella actuaci\u00f3n,<\/span><\/span><\/strong>\u00a0pero el correctivo lleg\u00f3 tarde y no tuvo consecuencias pol\u00edticas.<\/span><\/span><\/p>\n

El precedente hab\u00eda quedado establecido: era posible gobernar reduciendo al m\u00ednimo el papel de las Cortes.<\/span><\/p>\n

\n

Desde entonces, la degradaci\u00f3n institucional ha sido constante. Siempre bajo un mismo principio pol\u00edtico, repetido de formas diversas pero con un significado inequ\u00edvoco: no deben haber elecciones porque podr\u00eda ganarlas la oposici\u00f3n.<\/span><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n

Esta idea supone una ruptura frontal con la democracia constitucional. Las elecciones no existen para que las gane una determinada fuerza pol\u00edtica; existen para que\u00a0<\/span><\/span>sean los ciudadanos quienes decidan qui\u00e9n gobierna.<\/span><\/strong>\u00a0Cuando la mera posibilidad de que la oposici\u00f3n obtenga la victoria se convierte en una raz\u00f3n para impedir la consulta electoral, el sistema deja de funcionar de acuerdo a su propia naturaleza.<\/span><\/p>\n

El presidente del Gobierno ha llegado incluso a afirmar que la Constituci\u00f3n impone una legislatura de cuatro a\u00f1os.<\/span><\/strong>\u00a0<\/span>Es una interpretaci\u00f3n profundamente sesgada. El mandato constitucional no establece que las elecciones no puedan convocarse antes; establece exactamente lo contrario: que no pueden retrasarse m\u00e1s all\u00e1 de ese plazo. La disoluci\u00f3n anticipada de las Cortes forma parte del funcionamiento ordinario del r\u00e9gimen parlamentario.<\/span><\/p>\n

Esta concepci\u00f3n del poder comporta adem\u00e1s una grave discriminaci\u00f3n pol\u00edtica.<\/span><\/p>\n

Los partidos que sostienen al Gobierno \u2014con el\u00a0<\/span><\/span>PSOE<\/span><\/strong>\u00a0<\/span>al frente y con el apoyo imprescindible de sus aliados, entre los que destaca el\u00a0<\/span><\/span>PNV,<\/span><\/strong>\u00a0pese a su discurso permanente sobre democracia y libertades\u2014 est\u00e1n transmitiendo un mensaje impl\u00edcito pero inequ\u00edvoco:\u00a0<\/span><\/span>los millones de espa\u00f1oles que votan al PP, Vox u otras formaciones de la oposici\u00f3n<\/span><\/strong>\u00a0<\/span>pueden ejercer su derecho de voto, pero no pueden aspirar leg\u00edtimamente a formar gobierno. Si esa posibilidad existe, entonces las elecciones dejan de ser convenientes.<\/span><\/p>\n

En la pr\u00e1ctica,\u00a0<\/span><\/span>esto significa atribuir un valor pol\u00edtico distinto al voto seg\u00fan a qui\u00e9n beneficie.<\/span><\/strong>\u00a0<\/span>Es dif\u00edcil no ver una contradicci\u00f3n con el art\u00edculo 14 de la Constituci\u00f3n, que proclama la igualdad de todos los espa\u00f1oles sin discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n, entre otras circunstancias, de su opini\u00f3n. Los electores de la oposici\u00f3n pasan a ser ciudadanos cuyo voto tiene menos consecuencias pol\u00edticas que el de los votantes gubernamentales.<\/span><\/p>\n

Esta forma de entender el poder tambi\u00e9n entra en tensi\u00f3n con el art\u00edculo 9.3 de la Constituci\u00f3n, que\u00a0<\/span><\/span>proh\u00edbe expresamente la arbitrariedad de los poderes p\u00fablicos.<\/span><\/strong>\u00a0<\/span>Cuando la decisi\u00f3n de convocar o no elecciones deja de estar vinculada a la l\u00f3gica parlamentaria y pasa a depender exclusivamente de la conveniencia electoral del presidente, la discrecionalidad se transforma en arbitrariedad.<\/span><\/p>\n

Ninguna otra democracia parlamentaria europea<\/span><\/span><\/strong>\u00a0<\/span>aceptar\u00eda con normalidad una situaci\u00f3n similar. En muchos pa\u00edses existen mecanismos institucionales que impiden bloqueos de esa naturaleza. En\u00a0<\/span><\/span><\/span>Italia,<\/span><\/span><\/strong>\u00a0<\/span>por ejemplo, el presidente de la Rep\u00fablica dispone de un margen de intervenci\u00f3n mucho m\u00e1s amplio. Incluso en la presidencialista\u00a0<\/span><\/span><\/span>Francia<\/span><\/span><\/strong>, los equilibrios institucionales hacen pr\u00e1cticamente imposible una degradaci\u00f3n de este tipo.<\/span><\/span><\/p>\n

Espa\u00f1a se est\u00e1 convirtiendo en una anomal\u00eda democr\u00e1tica dentro de la Uni\u00f3n Europea. Pero\u00a0<\/span><\/span>Bruselas prefiere mirar hacia otro lado<\/span><\/strong>\u00a0<\/span>mientras Pedro S\u00e1nchez siga formando parte de su familia pol\u00edtica. La defensa del Estado de derecho parece tener una intensidad variable seg\u00fan qui\u00e9n protagonice sus vulneraciones.<\/span><\/p>\n

Es precisamente en situaciones como esta cuando adquiere todo su sentido\u00a0<\/span><\/span>el art\u00edculo 56 de la Constituci\u00f3n,<\/span><\/strong>\u00a0seg\u00fan el cual\u00a0<\/span><\/span>el Rey<\/span><\/strong>\u00a0<\/span>\u00abarbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones\u00bb. Esta funci\u00f3n no puede reducirse a una representaci\u00f3n simb\u00f3lica ni en la b\u00fasqueda permanente del consenso social. El jefe del Estado existe para que las instituciones sigan funcionando de acuerdo con su esp\u00edritu constitucional cuando este entra en crisis.<\/span><\/p>\n

Si esa funci\u00f3n moderadora desaparece tambi\u00e9n de la pr\u00e1ctica constitucional, Espa\u00f1a habr\u00e1 entrado en un terreno desconocido desde la Transici\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\n

Un sistema parlamentario en el que el Gobierno deja de responder ante el Parlamento y solo responde ante su propio c\u00e1lculo de supervivencia pol\u00edtica es, sencillamente, una democracia que ha empezado a vaciarse por dentro.<\/span><\/span>\u00a0<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n

La historia espa\u00f1ola conoce ya los riesgos que conlleva esta deriva. Cuando las instituciones dejan de reconocerse mutuamente, cuando la legalidad sustituye a la legitimidad y cuando el poder deja de aceptar la posibilidad de la alternancia, el sistema entra en un callej\u00f3n sin salida del que es muy dif\u00edcil salir. La Espa\u00f1a posterior a las elecciones de febrero de 1936 ofrece un precedente que conviene recordar, no para establecer identidades simplistas, sino para comprender hasta qu\u00e9 punto la degradaci\u00f3n institucional siempre comienza mucho antes de que su desenlace sea visible.<\/span><\/span><\/p>\n

La democracia no muere necesariamente con un golpe de Estado. A veces muere entre aplausos.<\/span><\/p>\n

La democracia no muere necesariamente con un golpe de Estado. A veces muere entre aplausos. #CongresoDiputados <\/a><\/span>Compartir en X<\/a><\/span>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Hay d\u00edas que marcan un hito en la historia pol\u00edtica de un pa\u00eds. El 25 de junio de 2026 es uno de ellos. No porque se modificara ning\u00fan art\u00edculo de la Constituci\u00f3n ni porque se produjera un golpe de Estado cl\u00e1sico, sino porque se consum\u00f3 algo mucho m\u00e1s sutil y, precisamente por ello, mucho m\u00e1s peligroso:\u00a0la ruptura del principio esencial sobre el que descansa cualquier democracia parlamentaria. Ayer el Congreso de los Diputados aprob\u00f3, por\u00a0178 votos a favor y 171 en contra,\u00a0una proposici\u00f3n presentada por el Partido Popular que reclamaba al presidente del Gobierno una de las dos v\u00edas constitucionales que existen cuando la mayor\u00eda parlamentaria considera agotada su legitimidad pol\u00edtica:\u00a0presentar una moci\u00f3n de confianza o convocar elecciones generales.\u00a0El mismo acuerdo hab\u00eda sido adoptado tambi\u00e9n por el\u00a0Senado.\u00a0Por tanto, no era una iniciativa partidista cualquiera, sino una decisi\u00f3n coincidente de las dos c\u00e1maras que integran las Cortes Generales. Cierto es que\u00a0la Constituci\u00f3n reserva exclusivamente al presidente del Gobierno\u00a0la facultad de plantear la cuesti\u00f3n de confianza y tambi\u00e9n la de disolver las Cortes y convocar elecciones. Pero precisamente porque esta competencia es suya,\u00a0el Parlamento solo pod\u00eda expresarle formalmente que hab\u00eda llegado el momento de ejercerla.\u00a0Esto es exactamente lo que hizo. La respuesta del Gobierno y sus socios result\u00f3 extraordinariamente reveladora. No solo anunciaron que ignorar\u00edan la decisi\u00f3n parlamentaria, sino que estallaron en aplausos y risas cuando el resultado de la votaci\u00f3n qued\u00f3 confirmado. Dif\u00edcilmente podr\u00eda encontrarse una imagen m\u00e1s expresiva del desprecio hacia la funci\u00f3n representativa del Parlamento: celebrar p\u00fablicamente que no se va a obedecer la voluntad de la c\u00e1mara que representa la soberan\u00eda nacional. Los defensores de esta actitud invocan inmediatamente la literalidad constitucional: la proposici\u00f3n aprobada\u00a0no tiene fuerza jur\u00eddica vinculante. Cierto. Pero esta es solo una parte del problema. Las democracias no viven \u00fanicamente de la letra de las leyes. Viven tambi\u00e9n del respeto a sus principios, a sus equilibrios institucionales y a las convenciones constitucionales que hacen posible su funcionamiento. Sin esa cultura pol\u00edtica, cualquier sistema parlamentario acaba convirti\u00e9ndose en un mecanismo vac\u00edo. La Constituci\u00f3n es muy clara en este punto. El art\u00edculo 1.2 establece que \u00abla soberan\u00eda nacional reside en el pueblo espa\u00f1ol\u00bb. Y el art\u00edculo 66.1 a\u00f1ade que\u00a0\u00ablas Cortes Generales representan al pueblo espa\u00f1ol\u00bb\u00a0. Cuando el Parlamento, expresi\u00f3n directa de esta soberan\u00eda, reclama al presidente que se someta a una moci\u00f3n de confianza o convoque elecciones, su decisi\u00f3n puede no ser jur\u00eddicamente ejecutable, pero es pol\u00edtica y moralmente obligatoria en una democracia parlamentaria digna de ese nombre. M\u00e1s a\u00fan si recordamos el contenido del art\u00edculo 66.2, seg\u00fan el cual las Cortes ejercen la potestad legislativa y controlan la acci\u00f3n del Gobierno. Este es, precisamente, el problema. Estas funciones hace a\u00f1os que se han ido vaciando de contenido. Hace tres ejercicios consecutivos que el Gobierno no presenta nuevos presupuestos generales. La sesi\u00f3n de control ha perdido buena parte de su real eficacia.\u00a0La iniciativa legislativa del Congreso ha quedado pr\u00e1cticamente subordinada a las necesidades de supervivencia de un gobierno\u00a0sostenido por una mayor\u00eda extremadamente fr\u00e1gil. El control parlamentario, que constituye la esencia del parlamentarismo, se ha ido erosionando hasta convertirse a menudo en simple escenificaci\u00f3n. Por eso\u00a0la liquidaci\u00f3n de la democracia parlamentaria no comienza el 25 de junio. Ese d\u00eda solo se produjo su formalizaci\u00f3n. El precedente m\u00e1s grave se produjo\u00a0durante la pandemia,\u00a0cuando Pedro S\u00e1nchez suspendi\u00f3, de facto, el control parlamentario mientras concentraba poderes extraordinarios.\u00a0Tiempo despu\u00e9s, el Tribunal Constitucional censur\u00f3 aspectos fundamentales de aquella actuaci\u00f3n,\u00a0pero el correctivo lleg\u00f3 tarde y no tuvo consecuencias pol\u00edticas. El precedente hab\u00eda quedado establecido: era posible gobernar reduciendo al m\u00ednimo el papel de las Cortes. Desde entonces, la degradaci\u00f3n institucional ha sido constante. Siempre bajo un mismo principio pol\u00edtico, repetido de formas diversas pero con un significado inequ\u00edvoco: no deben haber elecciones porque podr\u00eda ganarlas la oposici\u00f3n. Esta idea supone una ruptura frontal con la democracia constitucional. Las elecciones no existen para que las gane una determinada fuerza pol\u00edtica; existen para que\u00a0sean los ciudadanos quienes decidan qui\u00e9n gobierna.\u00a0Cuando la mera posibilidad de que la oposici\u00f3n obtenga la victoria se convierte en una raz\u00f3n para impedir la consulta electoral, el sistema deja de funcionar de acuerdo a su propia naturaleza. El presidente del Gobierno ha llegado incluso a afirmar que la Constituci\u00f3n impone una legislatura de cuatro a\u00f1os.\u00a0Es una interpretaci\u00f3n profundamente sesgada. El mandato constitucional no establece que las elecciones no puedan convocarse antes; establece exactamente lo contrario: que no pueden retrasarse m\u00e1s all\u00e1 de ese plazo. La disoluci\u00f3n anticipada de las Cortes forma parte del funcionamiento ordinario del r\u00e9gimen parlamentario. Esta concepci\u00f3n del poder comporta adem\u00e1s una grave discriminaci\u00f3n pol\u00edtica. Los partidos que sostienen al Gobierno \u2014con el\u00a0PSOE\u00a0al frente y con el apoyo imprescindible de sus aliados, entre los que destaca el\u00a0PNV,\u00a0pese a su discurso permanente sobre democracia y libertades\u2014 est\u00e1n transmitiendo un mensaje impl\u00edcito pero inequ\u00edvoco:\u00a0los millones de espa\u00f1oles que votan al PP, Vox u otras formaciones de la oposici\u00f3n\u00a0pueden ejercer su derecho de voto, pero no pueden aspirar leg\u00edtimamente a formar gobierno. Si esa posibilidad existe, entonces las elecciones dejan de ser convenientes. En la pr\u00e1ctica,\u00a0esto significa atribuir un valor pol\u00edtico distinto al voto seg\u00fan a qui\u00e9n beneficie.\u00a0Es dif\u00edcil no ver una contradicci\u00f3n con el art\u00edculo 14 de la Constituci\u00f3n, que proclama la igualdad de todos los espa\u00f1oles sin discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n, entre otras circunstancias, de su opini\u00f3n. Los electores de la oposici\u00f3n pasan a ser ciudadanos cuyo voto tiene menos consecuencias pol\u00edticas que el de los votantes gubernamentales. Esta forma de entender el poder tambi\u00e9n entra en tensi\u00f3n con el art\u00edculo 9.3 de la Constituci\u00f3n, que\u00a0proh\u00edbe expresamente la arbitrariedad de los poderes p\u00fablicos.\u00a0Cuando la decisi\u00f3n de convocar o no elecciones deja de estar vinculada a la l\u00f3gica parlamentaria y pasa a depender exclusivamente de la conveniencia electoral del presidente, la discrecionalidad se transforma en arbitrariedad. Ninguna otra democracia parlamentaria europea\u00a0aceptar\u00eda con normalidad una situaci\u00f3n similar. En muchos pa\u00edses existen mecanismos institucionales que impiden bloqueos de esa naturaleza. En\u00a0Italia,\u00a0por ejemplo, el presidente de la Rep\u00fablica dispone de un margen de intervenci\u00f3n mucho m\u00e1s amplio. 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