{"id":99615,"date":"2026-06-17T09:29:52","date_gmt":"2026-06-17T07:29:52","guid":{"rendered":"https:\/\/conversesacatalunya.cat\/?p=99615"},"modified":"2026-06-17T09:50:00","modified_gmt":"2026-06-17T07:50:00","slug":"el-lio-de-la-vivienda-pinta-mal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/conversesacatalunya.cat\/es\/el-lio-de-la-vivienda-pinta-mal\/","title":{"rendered":"El l\u00edo de la vivienda pinta mal"},"content":{"rendered":"

Tras siete a\u00f1os de gobiernos de Pedro S\u00e1nchez, el balance en materia de vivienda no puede ser m\u00e1s desastroso. No solo porque afecta a una necesidad humana b\u00e1sica, sino porque la crisis ha alcanzado una dimensi\u00f3n que ya compromete las expectativas de vida de millones de personas, especialmente j\u00f3venes y familias de clase media, y porque\u00a0<\/span>sus efectos negativos se proyectan sobre el conjunto de la econom\u00eda.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

La vivienda es un derecho reconocido por la Constituci\u00f3n. Pero conviene recordar que\u00a0<\/span>no se trata de un derecho fundamental exigible directamente ante los tribunales<\/span><\/strong>, sino de un principio rector que obliga a los poderes p\u00fablicos a orientar su acci\u00f3n para hacerlo efectivo. Esto significa que el ciudadano no puede reclamar judicialmente que la Administraci\u00f3n le proporcione una vivienda, pero s\u00ed\u00a0<\/span>puede exigir responsabilidades pol\u00edticas<\/span><\/strong>\u00a0cuando los gobiernos fracasan de forma sistem\u00e1tica en esta obligaci\u00f3n.<\/span><\/span><\/p>\n

Y el fracaso es evidente.<\/span><\/span><\/p>\n

Lo que comenz\u00f3 como una dificultad de acceso a la vivienda para los sectores con menos recursos\u00a0<\/span><\/span>se ha extendido progresivamente hasta afectar a amplias capas de la clase media.<\/span><\/span><\/strong> En muchas \u00e1reas metropolitanas, especialmente en Catalunya, comprar una vivienda se ha convertido en una posibilidad reservada a las rentas m\u00e1s elevadas o a aquellos que disponen del patrimonio acumulado por la venta de una vivienda anterior.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

El alquiler<\/span><\/strong>\u00a0tampoco ofrece una alternativa realista. La escasez es tal que, en muchas zonas tensionadas, la regulaci\u00f3n de los precios ha producido efectos contrarios a los deseados. La oferta se ha reducido y los propietarios seleccionan a los candidatos con m\u00e1s ingresos y m\u00e1s garant\u00edas,\u00a0<\/span>dejando fuera precisamente a aquellos colectivos que se pretend\u00eda proteger.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

La situaci\u00f3n es a\u00fan mayor cuando se analiza la capacidad real de compra. Con los criterios de prudencia impuestos por los bancos tras la crisis financiera de 2008,\u00a0<\/span>la cuota hipotecaria dif\u00edcilmente puede superar el 30%-35% de los ingresos netos familiares<\/span><\/strong>. Esto excluye del acceso a la propiedad una parte creciente de los trabajadores.\u00a0<\/span><\/span>El resultado es una presi\u00f3n creciente sobre el mercado del alquiler y sobre un parque de vivienda social manifiestamente insuficiente.<\/span><\/span><\/p>\n

Pero la pregunta es otra: \u00bfpor qu\u00e9 siguen aumentando los precios?<\/span><\/strong><\/h4>\n

Una primera respuesta la ofrecieron recientemente promotores y constructores frente al Congreso de los Diputados. Seg\u00fan el sector,\u00a0<\/span>la principal dificultad es la incapacidad de generar nuevo suelo urbanizable y las trabas del marco regulador<\/span><\/strong>. La nueva Ley del Suelo, t\u00e9cnicamente consensuada desde hace a\u00f1os, sigue atascada. El diagn\u00f3stico es conocido y tambi\u00e9n la soluci\u00f3n, pero la pol\u00edtica es incapaz de transformarla en realidad.<\/span><\/span><\/p>\n

Es aqu\u00ed donde se manifiesta una vez m\u00e1s una de las grandes debilidades del actual Gobierno: hay ministros ocupando sus cargos, pero\u00a0<\/span><\/span>carece de la capacidad efectiva de gobernar porque no disponen de la mayor\u00eda necesaria para impulsar las reformas<\/span><\/span><\/strong>. \u00c9sta es, en \u00faltima instancia, una de las claves del problema: lo que ahoga el funcionamiento de la sociedad y de la econom\u00eda. Es una situaci\u00f3n ins\u00f3lita en una democracia consolidada: un gobierno dif\u00edcilmente sustituible pero sin fuerza parlamentaria suficiente para gobernar.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Sin nuevo suelo, no existe nueva oferta. Y sin oferta suficiente, los precios siguen subiendo.<\/span><\/strong><\/h5>\n

A esto se a\u00f1ade una segunda causa:\u00a0<\/span>el encarecimiento de los costes.<\/span><\/strong>\u00a0El suelo es cada vez m\u00e1s caro, la mano de obra escasea y los materiales de construcci\u00f3n han experimentado incrementos muy importantes. El sector calcula que el coste de construir viviendas\u00a0<\/span>ha aumentado aproximadamente un 25% entre 2020 y 2025.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

Existe todav\u00eda un tercer factor:\u00a0<\/span>el atasco administrativo y urban\u00edstico.<\/span><\/strong>\u00a0Los procedimientos son lentos, complejos y con frecuencia contradictorios. La construcci\u00f3n de viviendas se encuentra atrapada en una red de competencias repartidas entre el Estado, las comunidades aut\u00f3nomas y los ayuntamientos, sin que exista\u00a0<\/span>una autoridad capaz de coordinarlas eficazmente.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

Esa\u00a0<\/span>fragmentaci\u00f3n institucional<\/span><\/strong>\u00a0es una de las grandes debilidades del sistema. El Gobierno dispone de los recursos financieros m\u00e1s importantes. Las comunidades aut\u00f3nomas tienen las competencias en vivienda. Los municipios controlan la planificaci\u00f3n urban\u00edstica. Pero nadie dirige realmente al conjunto.<\/span><\/span><\/p>\n

El resultado es la par\u00e1lisis.<\/span><\/span><\/p>\n

Ante esta situaci\u00f3n,\u00a0<\/span><\/span>la ministra de Vivienda<\/span><\/span><\/strong>\u00a0ha optado demasiado a menudo por una pol\u00edtica declarativa basada en proclamar derechos y anunciar planes. Pero gobernar no consiste en formular deseos, sino en obtener resultados. Y los resultados son cada vez peores.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

La responsabilidad pol\u00edtica de Pedro S\u00e1nchez es ineludible.<\/span><\/strong>\u00a0No solo porque la crisis se ha agravado durante sus mandatos, sino porque ha mantenido a una ministra que no ha sido capaz de impulsar una estrategia eficaz. Pero la debilidad parlamentaria del presidente parece impedir cualquier rectificaci\u00f3n de fondo.<\/span><\/span><\/p>\n

Hay quien ofrece una explicaci\u00f3n distinta.<\/span><\/strong><\/h5>\n

Algunos profesionales sostienen que\u00a0<\/span>los promotores carecen de incentivos para construir viviendas asequibles<\/span><\/strong>\u00a0si el mercado est\u00e1 dispuesto a comprar pisos de 600.000 o 800.000 euros. El mercado responde a la capacidad de pago, no a la necesidad social.<\/span><\/span><\/p>\n

Este argumento contiene una parte de verdad. Pero precisamente por eso ser\u00eda necesaria una potente intervenci\u00f3n p\u00fablica, capaz de incrementar la oferta e introducir una presi\u00f3n efectiva a la baja sobre los precios.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

En Catalunya existe\u00a0<\/span>el Incas\u00f2l<\/span>,<\/a><\/strong>\u00a0que podr\u00eda desempe\u00f1ar parcialmente esta funci\u00f3n. Pero el\u00a0<\/span>Gobierno de Illa<\/span><\/a>,\u00a0pese a los anuncios y las promesas de decenas de miles de viviendas, no le ha dotado de los recursos necesarios para convertirlo en un instrumento realmente transformador.<\/span><\/span><\/p>\n

La consecuencia es que el problema sigue agrav\u00e1ndose.<\/span><\/span><\/p>\n

Pero hay un dato especialmente revelador que a menudo queda escondido en el debate p\u00fablico.<\/span><\/span><\/p>\n

Varias estimaciones del sector promotor y constructor sostienen que la suma de impuestos, tasas, cesiones urban\u00edsticas y otras cargas p\u00fablicas\u00a0<\/span><\/span>puede llegar a representar cerca del 30% del precio final de una vivienda.<\/span><\/strong><\/p>\n

Dicho de otra forma: en plena crisis de la vivienda, las administraciones obtienen una parte muy sustancial de sus ingresos gracias al encarecimiento de la vivienda.<\/span><\/span><\/p>\n

Es una paradoja dif\u00edcil de ignorar.<\/span><\/span><\/p>\n

Si esta carga fiscal se redujera de forma significativa y si la reducci\u00f3n se trasladara efectivamente a los precios finales, el impacto ser\u00eda inmediato. Es m\u00e1s:\u00a0<\/span>si cada a\u00f1o se destinara a pol\u00edticas de vivienda una parte relevante de lo que las administraciones recaudan gracias al sector inmobiliario,<\/span><\/strong>\u00a0el problema podr\u00eda empezar a resolverse en un plazo relativamente corto.<\/span><\/span><\/p>\n

Por eso la crisis actual no es solo consecuencia del mercado.<\/span><\/span><\/strong>\u00a0Tambi\u00e9n es el resultado de una acumulaci\u00f3n de decisiones pol\u00edticas equivocadas, de omisiones, de retrasos legislativos, de falta de coordinaci\u00f3n institucional y de una fiscalidad excesiva.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Pedro S\u00e1nchez<\/span><\/strong>\u00a0dejar\u00e1 como una de sus m\u00e1s pesadas herencias una crisis de la vivienda que combina escasez, precios desbocados, regulaciones fallidas y una carga fiscal extraordinaria.<\/span><\/span><\/p>\n

Una crisis que bajo su gobierno se ha convertido en uno de los grandes problemas estructurales de Espa\u00f1a.<\/span><\/span><\/p>\nLa crisis de la vivienda no es solo consecuencia del mercado. Tambi\u00e9n es el resultado de una acumulaci\u00f3n de decisiones pol\u00edticas equivocadas, de retrasos legislativos, de falta de coordinaci\u00f3n institucional y una fiscalidad excesiva. <\/a><\/span>Compartir en X<\/a><\/span>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Tras siete a\u00f1os de gobiernos de Pedro S\u00e1nchez, el balance en materia de vivienda no puede ser m\u00e1s desastroso. No solo porque afecta a una necesidad humana b\u00e1sica, sino porque la crisis ha alcanzado una dimensi\u00f3n que ya compromete las expectativas de vida de millones de personas, especialmente j\u00f3venes y familias de clase media, y porque\u00a0sus efectos negativos se proyectan sobre el conjunto de la econom\u00eda. La vivienda es un derecho reconocido por la Constituci\u00f3n. Pero conviene recordar que\u00a0no se trata de un derecho fundamental exigible directamente ante los tribunales, sino de un principio rector que obliga a los poderes p\u00fablicos a orientar su acci\u00f3n para hacerlo efectivo. Esto significa que el ciudadano no puede reclamar judicialmente que la Administraci\u00f3n le proporcione una vivienda, pero s\u00ed\u00a0puede exigir responsabilidades pol\u00edticas\u00a0cuando los gobiernos fracasan de forma sistem\u00e1tica en esta obligaci\u00f3n. Y el fracaso es evidente. Lo que comenz\u00f3 como una dificultad de acceso a la vivienda para los sectores con menos recursos\u00a0se ha extendido progresivamente hasta afectar a amplias capas de la clase media. En muchas \u00e1reas metropolitanas, especialmente en Catalunya, comprar una vivienda se ha convertido en una posibilidad reservada a las rentas m\u00e1s elevadas o a aquellos que disponen del patrimonio acumulado por la venta de una vivienda anterior. El alquiler\u00a0tampoco ofrece una alternativa realista. La escasez es tal que, en muchas zonas tensionadas, la regulaci\u00f3n de los precios ha producido efectos contrarios a los deseados. La oferta se ha reducido y los propietarios seleccionan a los candidatos con m\u00e1s ingresos y m\u00e1s garant\u00edas,\u00a0dejando fuera precisamente a aquellos colectivos que se pretend\u00eda proteger. La situaci\u00f3n es a\u00fan mayor cuando se analiza la capacidad real de compra. Con los criterios de prudencia impuestos por los bancos tras la crisis financiera de 2008,\u00a0la cuota hipotecaria dif\u00edcilmente puede superar el 30%-35% de los ingresos netos familiares. Esto excluye del acceso a la propiedad una parte creciente de los trabajadores.\u00a0El resultado es una presi\u00f3n creciente sobre el mercado del alquiler y sobre un parque de vivienda social manifiestamente insuficiente. Pero la pregunta es otra: \u00bfpor qu\u00e9 siguen aumentando los precios? Una primera respuesta la ofrecieron recientemente promotores y constructores frente al Congreso de los Diputados. Seg\u00fan el sector,\u00a0la principal dificultad es la incapacidad de generar nuevo suelo urbanizable y las trabas del marco regulador. La nueva Ley del Suelo, t\u00e9cnicamente consensuada desde hace a\u00f1os, sigue atascada. El diagn\u00f3stico es conocido y tambi\u00e9n la soluci\u00f3n, pero la pol\u00edtica es incapaz de transformarla en realidad. Es aqu\u00ed donde se manifiesta una vez m\u00e1s una de las grandes debilidades del actual Gobierno: hay ministros ocupando sus cargos, pero\u00a0carece de la capacidad efectiva de gobernar porque no disponen de la mayor\u00eda necesaria para impulsar las reformas. \u00c9sta es, en \u00faltima instancia, una de las claves del problema: lo que ahoga el funcionamiento de la sociedad y de la econom\u00eda. Es una situaci\u00f3n ins\u00f3lita en una democracia consolidada: un gobierno dif\u00edcilmente sustituible pero sin fuerza parlamentaria suficiente para gobernar. Sin nuevo suelo, no existe nueva oferta. Y sin oferta suficiente, los precios siguen subiendo. A esto se a\u00f1ade una segunda causa:\u00a0el encarecimiento de los costes.\u00a0El suelo es cada vez m\u00e1s caro, la mano de obra escasea y los materiales de construcci\u00f3n han experimentado incrementos muy importantes. El sector calcula que el coste de construir viviendas\u00a0ha aumentado aproximadamente un 25% entre 2020 y 2025. Existe todav\u00eda un tercer factor:\u00a0el atasco administrativo y urban\u00edstico.\u00a0Los procedimientos son lentos, complejos y con frecuencia contradictorios. La construcci\u00f3n de viviendas se encuentra atrapada en una red de competencias repartidas entre el Estado, las comunidades aut\u00f3nomas y los ayuntamientos, sin que exista\u00a0una autoridad capaz de coordinarlas eficazmente. Esa\u00a0fragmentaci\u00f3n institucional\u00a0es una de las grandes debilidades del sistema. El Gobierno dispone de los recursos financieros m\u00e1s importantes. Las comunidades aut\u00f3nomas tienen las competencias en vivienda. Los municipios controlan la planificaci\u00f3n urban\u00edstica. Pero nadie dirige realmente al conjunto. El resultado es la par\u00e1lisis. Ante esta situaci\u00f3n,\u00a0la ministra de Vivienda\u00a0ha optado demasiado a menudo por una pol\u00edtica declarativa basada en proclamar derechos y anunciar planes. Pero gobernar no consiste en formular deseos, sino en obtener resultados. Y los resultados son cada vez peores. La responsabilidad pol\u00edtica de Pedro S\u00e1nchez es ineludible.\u00a0No solo porque la crisis se ha agravado durante sus mandatos, sino porque ha mantenido a una ministra que no ha sido capaz de impulsar una estrategia eficaz. Pero la debilidad parlamentaria del presidente parece impedir cualquier rectificaci\u00f3n de fondo. Hay quien ofrece una explicaci\u00f3n distinta. Algunos profesionales sostienen que\u00a0los promotores carecen de incentivos para construir viviendas asequibles\u00a0si el mercado est\u00e1 dispuesto a comprar pisos de 600.000 o 800.000 euros. El mercado responde a la capacidad de pago, no a la necesidad social. Este argumento contiene una parte de verdad. Pero precisamente por eso ser\u00eda necesaria una potente intervenci\u00f3n p\u00fablica, capaz de incrementar la oferta e introducir una presi\u00f3n efectiva a la baja sobre los precios. En Catalunya existe\u00a0el Incas\u00f2l,\u00a0que podr\u00eda desempe\u00f1ar parcialmente esta funci\u00f3n. Pero el\u00a0Gobierno de Illa,\u00a0pese a los anuncios y las promesas de decenas de miles de viviendas, no le ha dotado de los recursos necesarios para convertirlo en un instrumento realmente transformador. La consecuencia es que el problema sigue agrav\u00e1ndose. Pero hay un dato especialmente revelador que a menudo queda escondido en el debate p\u00fablico. Varias estimaciones del sector promotor y constructor sostienen que la suma de impuestos, tasas, cesiones urban\u00edsticas y otras cargas p\u00fablicas\u00a0puede llegar a representar cerca del 30% del precio final de una vivienda. Dicho de otra forma: en plena crisis de la vivienda, las administraciones obtienen una parte muy sustancial de sus ingresos gracias al encarecimiento de la vivienda. Es una paradoja dif\u00edcil de ignorar. Si esta carga fiscal se redujera de forma significativa y si la reducci\u00f3n se trasladara efectivamente a los precios finales, el impacto ser\u00eda inmediato. Es m\u00e1s:\u00a0si cada a\u00f1o se destinara a pol\u00edticas de vivienda una parte relevante de lo que las administraciones recaudan gracias al sector inmobiliario,\u00a0el problema podr\u00eda empezar a resolverse en un plazo relativamente corto. 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