{"id":95604,"date":"2026-01-15T05:50:46","date_gmt":"2026-01-15T04:50:46","guid":{"rendered":"https:\/\/conversesacatalunya.cat\/?p=95604"},"modified":"2026-01-16T06:22:52","modified_gmt":"2026-01-16T05:22:52","slug":"espana-deterioro-garantias-democraticas-fiscalia-rtve-decretos-omnibus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/conversesacatalunya.cat\/es\/espana-deterioro-garantias-democraticas-fiscalia-rtve-decretos-omnibus\/","title":{"rendered":"Espa\u00f1a y el deterioro de las garant\u00edas democr\u00e1ticas: Fiscal\u00eda, RTVE y decretos \u00f3mnibus"},"content":{"rendered":"

La Constituci\u00f3n define a Espa\u00f1a como un\u00a0<\/span><\/span>\u201cEstado social y democr\u00e1tico de derecho\u201d<\/span><\/strong>. No es una proclama ret\u00f3rica: es una obligaci\u00f3n jur\u00eddica que exige neutralidad institucional, igualdad frente a la ley y respeto escrupuloso a las reglas del juego democr\u00e1tico.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia, determinadas pr\u00e1cticas del poder ejecutivo proyectan una sombra inquietante sobre estas garant\u00edas. Los recientes casos de la Fiscal\u00eda, de la televisi\u00f3n p\u00fablica y del abuso de los decretos ley \u00f3mnibus no son episodios aislados, sino s\u00edntomas de un mismo problema: el\u00a0<\/span><\/span>deterioro del funcionamiento institucional.<\/span><\/strong><\/p>\n

Una Fiscal\u00eda con la credibilidad comprometida<\/span><\/h3>\n

Uno de los pilares del Estado de derecho es la confianza en la imparcialidad de la Fiscal\u00eda. Esta confianza queda gravemente tocada cuando se permite que un fiscal\u00a0<\/span><\/span>condenado por el Tribunal Supremo<\/span><\/strong>\u00a0<\/span>siga desarrollando su carrera con normalidad, hasta el punto de ejercer en el mismo \u00f3rgano que le ha condenado.<\/span><\/p>\n

La decisi\u00f3n de la nueva fiscal general del Estado,\u00a0<\/span><\/span>Teresa Peramato<\/a>,<\/span><\/strong>\u00a0de permitir que\u00a0<\/span><\/span>Garc\u00eda Ortiz<\/span><\/strong>\u00a0<\/span>-condenado por el Supremo- contin\u00fae en activo y sea destinado, a petici\u00f3n propia, a la secci\u00f3n social de la Fiscal\u00eda del Supremo, plantea un problema pol\u00edtico e institucional de primer orden. En otro caso, un fiscal con una condena habr\u00eda sido autom\u00e1ticamente apartado de la carrera.\u00a0<\/span><\/span>Aqu\u00ed, no solo no ha sido excluido, sino que ha recibido un destino de alto nivel.<\/span><\/strong><\/p>\n

Formalmente, la operaci\u00f3n no es ilegal: el status del fiscal general permite un tratamiento diferenciado. Pero la legalidad estricta no agota la cuesti\u00f3n. Lo que queda profundamente erosionado es el\u00a0<\/span><\/span>principio de igualdad frente a la ley<\/span><\/strong>\u00a0<\/span>y la percepci\u00f3n de imparcialidad del Ministerio Fiscal. Cuando las normas se aplican de forma selectiva, la democracia se vac\u00eda de contenido.<\/span><\/p>\n

La televisi\u00f3n p\u00fablica bajo sospecha<\/span><\/h3>\n

El segundo gran s\u00edntoma afecta a otra pieza clave de la democracia: la informaci\u00f3n p\u00fablica. La televisi\u00f3n p\u00fablica no es un medio cualquiera; es una\u00a0<\/span><\/span>instituci\u00f3n democr\u00e1tica<\/span><\/strong>\u00a0<\/span>destinada a garantizar una informaci\u00f3n veraz, plural y rigurosa.<\/span><\/p>\n

Los informes del Consejo de Informativos de\u00a0<\/strong><\/span>Televisi\u00f3n Espa\u00f1ola<\/span><\/strong>\u00a0<\/span>sobre varios programas conducidos por\u00a0<\/span><\/span>Jes\u00fas Cintora<\/span><\/strong>\u00a0<\/span>y\u00a0<\/span><\/span>Javier Ruiz<\/span><\/strong>\u00a0<\/span>constituyen un toque de alarma de gran intensidad. M\u00e1s de un centenar de quejas han motivado una descalificaci\u00f3n rotunda de estos espacios, se\u00f1alando que no se rigen por criterios period\u00edsticos y que incluso entran en contradicci\u00f3n con los propios servicios informativos de RTVE.<\/span><\/p>\n

Que estos programas sean\u00a0<\/span><\/span>producciones externas<\/span><\/strong>\u00a0<\/span>agrava el problema: dificulta la transparencia editorial e impide conocer con claridad qui\u00e9n decide los contenidos. El Consejo de Informativos -\u00f3rgano profesional integrado por periodistas de la casa, elegidos por sufragio- advierte de una responsabilidad editorial opaca y de una clara parcialidad de los presentadores<\/strong>, que act\u00faan m\u00e1s como partes interesadas que como moderadores.<\/span><\/p>\n

El resultado es un uso de la televisi\u00f3n p\u00fablica como\u00a0<\/span><\/span>instrumento de confrontaci\u00f3n pol\u00edtica,<\/span><\/strong>\u00a0con lenguaje agresivo, descalificaciones frecuentes y una contribuci\u00f3n directa a la polarizaci\u00f3n social. Cuando el gobierno denuncia las\u00a0<\/span><\/span>fake news,<\/span><\/em>\u00a0deber\u00eda empezar mirando qu\u00e9 pasa con el principal medio de informaci\u00f3n p\u00fablica del pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

Los decretos ley \u00f3mnibus: legislaci\u00f3n por chantaje<\/span><\/h3>\n

El tercer elemento del deterioro institucional es la pr\u00e1ctica legislativa. El\u00a0<\/span><\/span><\/span>decreto ley<\/span><\/span><\/strong>\u00a0<\/span>es un instrumento excepcional, pensado para situaciones de urgencia. Sin embargo, ante la fragilidad parlamentaria, el gobierno ha convertido a los\u00a0<\/span><\/span><\/span>decretos ley \u00f3mnibus<\/span><\/span><\/strong>\u00a0<\/span>en una herramienta habitual: textos que acumulan materias heterog\u00e9neas sin conexi\u00f3n real entre ellas.<\/span><\/span><\/p>\n

Esta t\u00e9cnica fuerza a los grupos parlamentarios a votar en bloque medidas muy diversas. El resultado es un mecanismo de\u00a0<\/span><\/span>chantaje pol\u00edtico:<\/span><\/strong>\u00a0quien se opone a una parte del decreto puede ser acusado de votar contra otras medidas socialmente sensibles que, en condiciones normales, habr\u00edan sido aprobadas sin dificultad.<\/span><\/p>\n

El Tribunal Constitucional ha sido claro en diversas sentencias \u2013entre otras, la STC 199\/2015, la STC 102\/2012 y, m\u00e1s recientemente, la STC 144\/2023\u2013: el decreto ley es una potestad excepcional sometida a requisitos estrictos de urgencia y de homogeneidad m\u00ednima. Sin embargo, el gobierno prepara nuevos textos de este tipo, intentando\u00a0<\/span><\/span>hacer pasar por la v\u00eda de urgencia lo que deber\u00eda seguir el tr\u00e1mite legislativo ordinario.<\/span><\/strong><\/p>\n

Un patr\u00f3n preocupante<\/span><\/h4>\n

Fiscal\u00eda, televisi\u00f3n p\u00fablica y pr\u00e1ctica legislativa apuntan en la misma direcci\u00f3n:\u00a0<\/span><\/span>concentraci\u00f3n de poder, debilitamiento de contrapoderes y uso instrumental de las instituciones.<\/span><\/strong>\u00a0A esto se le a\u00f1ade otro hecho ins\u00f3lito en una democracia occidental: la pr\u00f3rroga reiterada de los presupuestos durante la anterior legislatura.<\/span><\/p>\n

Ninguno de estos episodios, tomado aisladamente, ser\u00eda suficiente para hablar de crisis democr\u00e1tica. Pero todos dibujan un patr\u00f3n inquietante. Un Estado de derecho no se desmorona de un d\u00eda para otro; se va erosionando cuando las excepciones se normalizan y las garant\u00edas se relativizan.<\/span><\/p>\n

La pregunta ya no es si estas pr\u00e1cticas son legales, sino\u00a0<\/span><\/span>hasta qu\u00e9 punto son compatibles con una democracia madura.<\/span><\/strong><\/p>\nUn fiscal condenado que sigue en el Supremo, una televisi\u00f3n p\u00fablica cuestionada y decretos \u00f3mnibus: \u00bfcasualidad o patr\u00f3n? #Democracia <\/a><\/span>Compartir en X<\/a><\/span>\n

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Creus que el Congr\u00e9s dels Diputats aprovar\u00e0, amb la majoria qualificada que necessita, la nova proposta de finan\u00e7ament?<\/strong><\/p>