{"id":89107,"date":"2025-06-03T12:57:19","date_gmt":"2025-06-03T10:57:19","guid":{"rendered":"https:\/\/conversesacatalunya.cat\/?p=89107"},"modified":"2025-06-03T13:18:38","modified_gmt":"2025-06-03T11:18:38","slug":"el-tribunal-constitucional-y-la-amnistia-cuando-el-derecho-se-pliega-a-la-conveniencia-politica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/conversesacatalunya.cat\/es\/el-tribunal-constitucional-y-la-amnistia-cuando-el-derecho-se-pliega-a-la-conveniencia-politica\/","title":{"rendered":"El Tribunal Constitucional y la amnist\u00eda: cuando el derecho se pliega a la conveniencia pol\u00edtica"},"content":{"rendered":"

La publicaci\u00f3n \u00a0del borrador de sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la Ley de Amnist\u00eda ha confirmado lo que muchos ya intu\u00edan: el fallo definitivo ser\u00e1 una formalidad.<\/strong><\/p>\n

El texto, elaborado por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalb\u00e1n<\/strong>, da su bendici\u00f3n \u2014con apenas matices\u2014 a la controvertida Ley Org\u00e1nica para la \u00abnormalizaci\u00f3n institucional, pol\u00edtica y social en Catalu\u00f1a\u00bb.<\/strong> Y lo hace con una mayor\u00eda gubernamental que asegura que poco m\u00e1s que una coma se cambiar\u00e1 cuando el texto vea la luz oficialmente.<\/p>\n

Este respaldo a la amnist\u00eda parte de una interpretaci\u00f3n expansiva de la Constituci\u00f3n<\/strong><\/h4>\n

El legislador puede legislar en todo aquello que no est\u00e9 expresamente prohibido<\/strong>. Sin embargo, esa visi\u00f3n choca con una lectura m\u00e1s garantista y tradicional del orden constitucional, que entiende que el Estado \u2014a diferencia del ciudadano\u2014 solo puede actuar dentro del marco delimitado por la propia Carta Magna. Esta diferencia no es menor. Es, en realidad, el n\u00facleo del debate sobre los l\u00edmites del poder legislativo y el papel del Tribunal Constitucional como garante \u00faltimo del orden jur\u00eddico.<\/p>\n

El borrador sostiene que la ley no vulnera derechos fundamentales ni invade la funci\u00f3n judicial, al considerar que no sustituye sentencias, sino que elimina consecuencias punitivas en aras de un inter\u00e9s superior:<\/strong> la convivencia<\/strong>. Seg\u00fan el TC, esta norma responde a la necesidad de \u201csuperar las tensiones sociales y pol\u00edticas\u201d derivadas del proceso independentista, un fen\u00f3meno que califica como \u201cuna de las mayores crisis de la democracia espa\u00f1ola\u201d. Y en este punto se dispara la paradoja: el tribunal asegura no valorar fines pol\u00edticos, pero legitima la norma en funci\u00f3n de ellos<\/strong>.<\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de esta contradicci\u00f3n estructural, el borrador s\u00ed se\u00f1ala algunos elementos de inconstitucionalidad<\/strong> \u2014aunque menores\u2014 como la exclusi\u00f3n discriminatoria de manifestantes contrarios al \u2018proc\u00e9s\u2019 de los beneficios de la ley, el intento de ampliar el l\u00edmite temporal de la amnist\u00eda sin justificaci\u00f3n suficiente, y la falta de audiencia previa a las acusaciones populares en los procedimientos del Tribunal de Cuentas. No obstante, no entra a valorar uno de los aspectos m\u00e1s sensibles del caso: la malversaci\u00f3n<\/strong>. El Partido Popular no impugn\u00f3 este punto, lo que permite al TC evitar pronunciarse sobre la posible amnist\u00eda a l\u00edderes como Carles Puigdemont, a\u00fan en el limbo jur\u00eddico.<\/p>\n

El contenido jur\u00eddico no puede ocultar la deriva pol\u00edtica<\/strong><\/h4>\n

El TC ha asumido, con este borrador, una funci\u00f3n casi constituyente. Se arroga el derecho de reinterpretar el texto constitucional<\/strong>, dotando al Congreso de una facultad que no tiene: modificar, de facto, el alcance de la Constituci\u00f3n sin seguir los procedimientos de reforma previstos en la misma. Se consagra as\u00ed una \u201cConstituci\u00f3n abierta\u201d,<\/strong> no por consenso ni necesidad hist\u00f3rica, sino por una mayor\u00eda coyuntural en el Parlamento y en el propio Tribunal.<\/p>\n

El verdadero problema no reside tanto en la amnist\u00eda como en lo que esta implica para el futuro del Estado de derecho. Si el TC justifica la norma por su contribuci\u00f3n a la \u00abpaz social\u00bb, \u00bfcu\u00e1l ser\u00e1 el l\u00edmite para futuras leyes que invoquen ese mismo argumento?<\/strong> \u00bfQu\u00e9 queda del principio de legalidad si el legislador puede amnistiar delitos en funci\u00f3n de su utilidad pol\u00edtica? \u00bfNo es eso, precisamente, lo que el art\u00edculo 9.3 de la Constituci\u00f3n proh\u00edbe: la arbitrariedad del poder?<\/p>\n

La sentencia, que ser\u00e1 debatida a partir del 10 de junio y votada el 24, marcar\u00e1 jurisprudencia para los 23 recursos a\u00fan pendientes sobre la amnist\u00eda. Y lo har\u00e1 en un contexto en el que las instituciones del Estado<\/a> se ven cada vez m\u00e1s condicionadas por las necesidades pol\u00edticas del momento<\/strong>.<\/p>\n

El presidente Pedro S\u00e1nchez neg\u00f3 hasta la saciedad la constitucionalidad de la amnist\u00eda<\/strong> antes de las elecciones. Solo tras necesitar los votos de Junts para su investidura, cambi\u00f3 su discurso. Esa metamorfosis<\/strong> \u2014leg\u00edtima en pol\u00edtica, pero t\u00f3xica en derecho\u2014 es lo que ahora intenta revestirse de legalidad desde el propio Constitucional.<\/p>\n

El Tribunal Supremo ya ha planteado su discrepancia<\/strong><\/h4>\n

Advierte de una vulneraci\u00f3n del principio de igualdad<\/strong> (art. 14 CE) y de la seguridad jur\u00eddica<\/strong>. A su juicio, no se puede amnistiar selectivamente a los delitos del \u2018proc\u00e9s\u2019 sin hacerlo con conductas an\u00e1logas fuera de ese marco pol\u00edtico. Adem\u00e1s, el Supremo rechaza la amnist\u00eda por malversaci\u00f3n, al considerar que los delitos cometidos por Puigdemont y otros dirigentes afectaron intereses financieros de la UE y se realizaron con \u00e1nimo de lucro. La falta de pronunciamiento del TC sobre esta cuesti\u00f3n solo aumenta la incertidumbre.<\/p>\n

En \u00faltimo t\u00e9rmino, lo que est\u00e1 en juego no es solo una ley, sino la propia arquitectura del sistema constitucional. No\u00a0es la primera vez que el Tribunal Constitucional asume un papel que desborda sus competencias tradicionales.<\/strong> Lo hizo tambi\u00e9n con su sentencia sobre el aborto, en la que reinterpret\u00f3 el derecho a la vida hasta desdibujarlo, y lo ha vuelto a hacer ahora al amparar un acto de car\u00e1cter netamente pol\u00edtico bajo la apariencia de una norma general.<\/p>\n

Estamos ante una sentencia con impacto estructural. No solo avala una amnist\u00eda. Avala un m\u00e9todo. Y ese m\u00e9todo puede ser replicado por cualquier mayor\u00eda que, en el futuro, quiera moldear la Constituci\u00f3n sin reformarla. El da\u00f1o no est\u00e1 en la medida, sino en el precedente.<\/strong> La grieta abierta hoy podr\u00eda convertirse ma\u00f1ana en una v\u00eda de escape del constitucionalismo. Y entonces, ya no habr\u00e1 tribunal que pueda cerrarla.<\/p>\nEstamos ante una sentencia con impacto estructural. No solo avala una amnist\u00eda. Avala un m\u00e9todo. Y ese m\u00e9todo puede ser replicado por cualquier mayor\u00eda que, en el futuro, quiera moldear la Constituci\u00f3n sin reformarla <\/a><\/span>Compartir en X<\/a><\/span>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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Sin embargo, esa visi\u00f3n choca con una lectura m\u00e1s garantista y tradicional del orden constitucional, que entiende que el Estado \u2014a diferencia del ciudadano\u2014 solo puede actuar dentro del marco delimitado por la propia Carta Magna. Esta diferencia no es menor. Es, en realidad, el n\u00facleo del debate sobre los l\u00edmites del poder legislativo y el papel del Tribunal Constitucional como garante \u00faltimo del orden jur\u00eddico. El borrador sostiene que la ley no vulnera derechos fundamentales ni invade la funci\u00f3n judicial, al considerar que no sustituye sentencias, sino que elimina consecuencias punitivas en aras de un inter\u00e9s superior: la convivencia. Seg\u00fan el TC, esta norma responde a la necesidad de \u201csuperar las tensiones sociales y pol\u00edticas\u201d derivadas del proceso independentista, un fen\u00f3meno que califica como \u201cuna de las mayores crisis de la democracia espa\u00f1ola\u201d. Y en este punto se dispara la paradoja: el tribunal asegura no valorar fines pol\u00edticos, pero legitima la norma en funci\u00f3n de ellos. M\u00e1s all\u00e1 de esta contradicci\u00f3n estructural, el borrador s\u00ed se\u00f1ala algunos elementos de inconstitucionalidad \u2014aunque menores\u2014 como la exclusi\u00f3n discriminatoria de manifestantes contrarios al \u2018proc\u00e9s\u2019 de los beneficios de la ley, el intento de ampliar el l\u00edmite temporal de la amnist\u00eda sin justificaci\u00f3n suficiente, y la falta de audiencia previa a las acusaciones populares en los procedimientos del Tribunal de Cuentas. No obstante, no entra a valorar uno de los aspectos m\u00e1s sensibles del caso: la malversaci\u00f3n. El Partido Popular no impugn\u00f3 este punto, lo que permite al TC evitar pronunciarse sobre la posible amnist\u00eda a l\u00edderes como Carles Puigdemont, a\u00fan en el limbo jur\u00eddico. El contenido jur\u00eddico no puede ocultar la deriva pol\u00edtica El TC ha asumido, con este borrador, una funci\u00f3n casi constituyente. Se arroga el derecho de reinterpretar el texto constitucional, dotando al Congreso de una facultad que no tiene: modificar, de facto, el alcance de la Constituci\u00f3n sin seguir los procedimientos de reforma previstos en la misma. Se consagra as\u00ed una \u201cConstituci\u00f3n abierta\u201d, no por consenso ni necesidad hist\u00f3rica, sino por una mayor\u00eda coyuntural en el Parlamento y en el propio Tribunal. El verdadero problema no reside tanto en la amnist\u00eda como en lo que esta implica para el futuro del Estado de derecho. Si el TC justifica la norma por su contribuci\u00f3n a la \u00abpaz social\u00bb, \u00bfcu\u00e1l ser\u00e1 el l\u00edmite para futuras leyes que invoquen ese mismo argumento? \u00bfQu\u00e9 queda del principio de legalidad si el legislador puede amnistiar delitos en funci\u00f3n de su utilidad pol\u00edtica? \u00bfNo es eso, precisamente, lo que el art\u00edculo 9.3 de la Constituci\u00f3n proh\u00edbe: la arbitrariedad del poder? La sentencia, que ser\u00e1 debatida a partir del 10 de junio y votada el 24, marcar\u00e1 jurisprudencia para los 23 recursos a\u00fan pendientes sobre la amnist\u00eda. Y lo har\u00e1 en un contexto en el que las instituciones del Estado se ven cada vez m\u00e1s condicionadas por las necesidades pol\u00edticas del momento. El presidente Pedro S\u00e1nchez neg\u00f3 hasta la saciedad la constitucionalidad de la amnist\u00eda antes de las elecciones. Solo tras necesitar los votos de Junts para su investidura, cambi\u00f3 su discurso. Esa metamorfosis \u2014leg\u00edtima en pol\u00edtica, pero t\u00f3xica en derecho\u2014 es lo que ahora intenta revestirse de legalidad desde el propio Constitucional. El Tribunal Supremo ya ha planteado su discrepancia Advierte de una vulneraci\u00f3n del principio de igualdad (art. 14 CE) y de la seguridad jur\u00eddica. A su juicio, no se puede amnistiar selectivamente a los delitos del \u2018proc\u00e9s\u2019 sin hacerlo con conductas an\u00e1logas fuera de ese marco pol\u00edtico. Adem\u00e1s, el Supremo rechaza la amnist\u00eda por malversaci\u00f3n, al considerar que los delitos cometidos por Puigdemont y otros dirigentes afectaron intereses financieros de la UE y se realizaron con \u00e1nimo de lucro. La falta de pronunciamiento del TC sobre esta cuesti\u00f3n solo aumenta la incertidumbre. En \u00faltimo t\u00e9rmino, lo que est\u00e1 en juego no es solo una ley, sino la propia arquitectura del sistema constitucional. No\u00a0es la primera vez que el Tribunal Constitucional asume un papel que desborda sus competencias tradicionales. Lo hizo tambi\u00e9n con su sentencia sobre el aborto, en la que reinterpret\u00f3 el derecho a la vida hasta desdibujarlo, y lo ha vuelto a hacer ahora al amparar un acto de car\u00e1cter netamente pol\u00edtico bajo la apariencia de una norma general. Estamos ante una sentencia con impacto estructural. No solo avala una amnist\u00eda. Avala un m\u00e9todo. Y ese m\u00e9todo puede ser replicado por cualquier mayor\u00eda que, en el futuro, quiera moldear la Constituci\u00f3n sin reformarla. El da\u00f1o no est\u00e1 en la medida, sino en el precedente. La grieta abierta hoy podr\u00eda convertirse ma\u00f1ana en una v\u00eda de escape del constitucionalismo. 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