{"id":86850,"date":"2025-03-31T12:29:45","date_gmt":"2025-03-31T10:29:45","guid":{"rendered":"https:\/\/conversesacatalunya.cat\/?p=86850"},"modified":"2025-03-31T12:53:56","modified_gmt":"2025-03-31T10:53:56","slug":"la-ideologia-contra-la-justicia-el-caso-alves","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/conversesacatalunya.cat\/es\/la-ideologia-contra-la-justicia-el-caso-alves\/","title":{"rendered":"La ideolog\u00eda contra la justicia: el caso Alves y la amenaza al Estado de derecho"},"content":{"rendered":"

La reciente\u00a0<\/span>absoluci\u00f3n del futbolista Dani Alves<\/span><\/strong>\u00a0por parte del\u00a0<\/span>Tribunal Superior de Justicia de Catalunya<\/span><\/strong>\u00a0ha desatado una ola de indignaci\u00f3n en ciertos sectores del feminismo institucional. Desde\u00a0<\/span>Irene Montero<\/span><\/strong>, exministra de Igualdad por Podemos, quien calific\u00f3 la resoluci\u00f3n de \u201cviolencia institucional\u201d, hasta la vicepresidenta Yolanda D\u00edaz y la actual titular de Igualdad,\u00a0<\/span>Ana Redondo<\/span><\/strong>,\u00a0la reacci\u00f3n ha sido r\u00e1pida, virulenta y, sobre todo, reveladora.<\/span><\/p>\n

Criticar una sentencia es leg\u00edtimo en democracia. Lo que no lo es \u2014y lo que empieza a ser habitual\u2014 es convertir la cr\u00edtica a una sentencia judicial concreta en una\u00a0<\/span><\/span>descalificaci\u00f3n global del sistema de justicia<\/span><\/span><\/strong>.\u00a0No se cuestiona una decisi\u00f3n; se acusa al poder judicial entero de formar parte de una estructura opresora, de actuar \u201cpor encima de las leyes\u201d o de ser c\u00f3mplice del \u201cpatriarcado\u201d. Se acusa a los jueces, desde el poder pol\u00edtico, de fallar no conforme al derecho, sino contra una supuesta verdad ideol\u00f3gica.<\/span><\/span><\/p>\n

Esta deriva no es s\u00f3lo un ataque institucional. Es una\u00a0<\/span><\/span>amenaza directa a los principios fundamentales del\u00a0<\/a><\/span><\/span>Estado de derecho<\/span><\/span><\/strong>.<\/span><\/span><\/p>\n

Del feminismo como ideolog\u00eda al feminismo como dogma de Estado<\/span><\/span><\/strong><\/h4>\n

En las reacciones a la sentencia de Alves se percibe con claridad lo que ocurre cuando una ideolog\u00eda concreta se convierte en doctrina oficial. Ya no se reclama justicia en nombre de la igualdad, sino\u00a0<\/span><\/span>justicia solo si es compatible con una visi\u00f3n ideol\u00f3gica previa<\/span><\/span><\/strong>,\u00a0a saber: que toda mujer que denuncia dice la verdad y que todo hombre acusado es culpable por defecto.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00abLa<\/span><\/span>\u00a0ley protege y avala lo que una mujer dice como verdadero\u00bb<\/span><\/span><\/strong>, declar\u00f3 la ministra Redondo, sin que haya existido ning\u00fan desmentido. Esta afirmaci\u00f3n es profundamente reveladora: en ella se ampara la exigencia de que la declaraci\u00f3n de la mujer sea suficiente\u00a0<\/span><\/span>no ya para abrir una investigaci\u00f3n, sino para condenar<\/span><\/span><\/strong>,\u00a0incluso si faltan elementos objetivos de prueba.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00bfY qu\u00e9 ocurre si no se condena? Entonces, seg\u00fan ese razonamiento, el sistema judicial falla. No por falta de pruebas, sino porque\u00a0<\/span><\/span>no se ha asumido el relato de la mujer como verdad judicial indiscutible<\/span><\/span><\/strong>. As\u00ed lo expres\u00f3 tambi\u00e9n Montero cuando defend\u00eda que \u00ab<\/span><\/span>no se puede estar permanentemente cuestionando la palabra de las mujeres\u00bb<\/span><\/span><\/strong>.<\/span><\/span><\/p>\n

Pero esto es precisamente lo que hace un tribunal de justicia:\u00a0<\/span><\/span>cuestionar, examinar, contrastar, verificar<\/span><\/span><\/strong>.\u00a0La prueba no es creencia, es contraste. Y el derecho no opera con fe sino con hechos.<\/span><\/span><\/p>\n

Una sentencia que defiende garant\u00edas, no un acusado<\/span><\/span><\/strong><\/h4>\n

El tribunal catal\u00e1n, lejos de adoptar una posici\u00f3n negacionista o despectiva para con la denunciante, ha explicado con claridad su decisi\u00f3n:\u00a0<\/span>no se trataba de valorar la credibilidad subjetiva de la mujer, sino la fiabilidad objetiva de su relato<\/span><\/strong>.\u00a0Esta distinci\u00f3n \u2013entre credibilidad (impresi\u00f3n) y fiabilidad (corroboraci\u00f3n)\u2013 es clave. La primera responde a una percepci\u00f3n emocional. La segunda, a un an\u00e1lisis jur\u00eddico de hechos probados. El tribunal ha se\u00f1alado que\u00a0<\/span>no exist\u00edan pruebas suficientes que permitieran afirmar m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable<\/span><\/strong>\u00a0de que Alves cometi\u00f3 el delito y, por tanto,\u00a0<\/span>ha aplicado la presunci\u00f3n de inocencia<\/span><\/strong>,\u00a0como manda el art\u00edculo 24.2 de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola.<\/span><\/p>\n

No se ha dicho que sea inocente, sino que\u00a0<\/span>no se ha acreditado su culpabilidad con el nivel de exigencia que requiere una condena penal<\/span><\/strong>. Esta es la base del derecho penal en cualquier sistema democr\u00e1tico. Pero el feminismo de g\u00e9nero lo rechaza de pura cepa, porque en su l\u00f3gica no cabe el equilibrio entre derechos.\u00a0<\/span>Solo uno debe prevalecer: el de la mujer que denuncia<\/span><\/strong>.<\/span><\/p>\n

La \u00abperspectiva de g\u00e9nero\u00bb como amenaza estructural<\/span><\/span><\/strong><\/h4>\n

Esta forma de concebir la justicia no es nueva, pero s\u00ed est\u00e1 cada vez m\u00e1s consolidada en Espa\u00f1a. Desde la aprobaci\u00f3n de la\u00a0<\/span><\/span>Ley Org\u00e1nica 1\/2004 de Medidas de Protecci\u00f3n Integral contra la Violencia de G\u00e9nero<\/span><\/span><\/strong>,\u00a0se introdujo por primera vez en el ordenamiento una\u00a0<\/span><\/span>asimetr\u00eda penal basada en el sexo del agresor y la v\u00edctima<\/span><\/span><\/strong>.\u00a0Para un mismo acto violento, si lo comete un hombre contra una mujer en el marco de una relaci\u00f3n de pareja, la pena puede ser significativamente mayor, incluso si las circunstancias objetivas del hecho son id\u00e9nticas.<\/span><\/span><\/p>\n

Esto rompe el principio \u00ab<\/span><\/span>a igual delito, igual pena\u00bb<\/span><\/span><\/strong>, consagrado en el derecho penal cl\u00e1sico. Las agravantes o atenuantes permiten modular las penas en funci\u00f3n de las circunstancias, pero\u00a0<\/span><\/span>no de la identidad sexual de los implicados<\/span><\/span><\/strong>. Solo los reg\u00edmenes autoritarios han justificado hist\u00f3ricamente diferencias penales por razones de identidad.<\/span><\/span><\/p>\n

M\u00e1s preocupante es a\u00fan la tendencia, ya practicada en los delitos de odio,\u00a0<\/span>de invertir la carga de la prueba.<\/span><\/strong>\u00a0En casos de acusaci\u00f3n de homofobia o transfobia, el acusado debe demostrar su inocencia. Ahora se pretende aplicar esta l\u00f3gica a los delitos sexuales:\u00a0<\/span>quien acusa es verdadero por defecto, y quien es acusado debe probar que no lo hizo<\/span><\/strong>.\u00a0El resultado es la ruptura total del principio de presunci\u00f3n de inocencia.<\/span><\/p>\n

Hacia una justicia subordinada al relato ideol\u00f3gico<\/span><\/span><\/strong><\/h4>\n

Lo que se est\u00e1 reclamando desde el poder no es una justicia m\u00e1s sensible ni justa. Es\u00a0<\/span>una justicia subordinada a una narrativa ideol\u00f3gica<\/span><\/strong>,\u00a0donde las reglas del juego cambian seg\u00fan el sexo, la identidad o la adscripci\u00f3n colectiva de los implicados. Y esto\u00a0<\/span>no es igualdad, es supremacismo legal<\/span><\/strong>.<\/span><\/p>\n

Esta \u00abperspectiva de g\u00e9nero\u00bb se convierte as\u00ed en un instrumento de poder: quien la comparte est\u00e1 legitimado, quien la cuestiona es sospechoso.\u00a0<\/span>No importa el contenido del proceso judicial, importa si la sentencia sirve a la causa<\/span><\/strong>.\u00a0Y si no lo hace, se descalifica al juez, se presiona a las instituciones y se reescriben las leyes para que encajen con la ideolog\u00eda.<\/span><\/p>\n

Lo grave no es solo que esta deriva avance. Lo grave es que ya se ha instalado en buena parte del ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol, sin apenas resistencia institucional, medi\u00e1tica ni acad\u00e9mica.<\/span><\/p>\n

Conclusi\u00f3n: el Estado de derecho en peligro<\/span><\/span><\/strong><\/h4>\n

La sentencia sobre Alves es un punto de inflexi\u00f3n. No porque sienta un precedente judicial preocupante -al contrario, reafirma garant\u00edas b\u00e1sicas-, sino porque ha dejado al descubierto la reacci\u00f3n del poder pol\u00edtico ante una sentencia que no encaja en su marco ideol\u00f3gico.<\/span><\/p>\n

Cuando desde el Ejecutivo se cuestiona p\u00fablicamente a los jueces, se pretende definir por ley qu\u00e9 testimonio debe considerarse verdadero, exigiendo que los tribunales dicten conforme a una visi\u00f3n ideol\u00f3gica de los hechos, no estamos ya ante una discrepancia. Estamos ante una\u00a0<\/span><\/span>ruptura con el Estado de derecho<\/span><\/span><\/strong>.<\/span><\/span><\/p>\n

Lo que se pretende consolidar, bajo el pretexto de proteger a las mujeres, es un nuevo modelo judicial en el que\u00a0<\/span><\/span>la igualdad ante la ley desaparece y los derechos fundamentales se subordinen a la identidad de g\u00e9nero<\/span><\/span><\/strong>.\u00a0Un modelo en el que\u00a0<\/span><\/span>ser hombre es una condici\u00f3n de sospecha permanente<\/span><\/span><\/strong>.<\/span><\/span><\/p>\n

La historia demuestra que cuando el poder exige fe ideol\u00f3gica en lugar de pruebas, y cuando el derecho deja de ser escudo para convertirse en herramienta de reeducaci\u00f3n social, lo erosionado no es solo la justicia, sino la libertad.<\/span><\/p>\nLa ley protege y avala lo que una mujer dice como verdadero, declar\u00f3 la ministra Redondo, sin que haya existido ning\u00fan desmentido <\/a><\/span>Compartir en X<\/a><\/span>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La reciente\u00a0absoluci\u00f3n del futbolista Dani Alves\u00a0por parte del\u00a0Tribunal Superior de Justicia de Catalunya\u00a0ha desatado una ola de indignaci\u00f3n en ciertos sectores del feminismo institucional. Desde\u00a0Irene Montero, exministra de Igualdad por Podemos, quien calific\u00f3 la resoluci\u00f3n de \u201cviolencia institucional\u201d, hasta la vicepresidenta Yolanda D\u00edaz y la actual titular de Igualdad,\u00a0Ana Redondo,\u00a0la reacci\u00f3n ha sido r\u00e1pida, virulenta y, sobre todo, reveladora. Criticar una sentencia es leg\u00edtimo en democracia. Lo que no lo es \u2014y lo que empieza a ser habitual\u2014 es convertir la cr\u00edtica a una sentencia judicial concreta en una\u00a0descalificaci\u00f3n global del sistema de justicia.\u00a0No se cuestiona una decisi\u00f3n; se acusa al poder judicial entero de formar parte de una estructura opresora, de actuar \u201cpor encima de las leyes\u201d o de ser c\u00f3mplice del \u201cpatriarcado\u201d. Se acusa a los jueces, desde el poder pol\u00edtico, de fallar no conforme al derecho, sino contra una supuesta verdad ideol\u00f3gica. Esta deriva no es s\u00f3lo un ataque institucional. Es una\u00a0amenaza directa a los principios fundamentales del\u00a0Estado de derecho. Del feminismo como ideolog\u00eda al feminismo como dogma de Estado En las reacciones a la sentencia de Alves se percibe con claridad lo que ocurre cuando una ideolog\u00eda concreta se convierte en doctrina oficial. Ya no se reclama justicia en nombre de la igualdad, sino\u00a0justicia solo si es compatible con una visi\u00f3n ideol\u00f3gica previa,\u00a0a saber: que toda mujer que denuncia dice la verdad y que todo hombre acusado es culpable por defecto. \u00abLa\u00a0ley protege y avala lo que una mujer dice como verdadero\u00bb, declar\u00f3 la ministra Redondo, sin que haya existido ning\u00fan desmentido. Esta afirmaci\u00f3n es profundamente reveladora: en ella se ampara la exigencia de que la declaraci\u00f3n de la mujer sea suficiente\u00a0no ya para abrir una investigaci\u00f3n, sino para condenar,\u00a0incluso si faltan elementos objetivos de prueba. \u00bfY qu\u00e9 ocurre si no se condena? Entonces, seg\u00fan ese razonamiento, el sistema judicial falla. No por falta de pruebas, sino porque\u00a0no se ha asumido el relato de la mujer como verdad judicial indiscutible. As\u00ed lo expres\u00f3 tambi\u00e9n Montero cuando defend\u00eda que \u00abno se puede estar permanentemente cuestionando la palabra de las mujeres\u00bb. Pero esto es precisamente lo que hace un tribunal de justicia:\u00a0cuestionar, examinar, contrastar, verificar.\u00a0La prueba no es creencia, es contraste. Y el derecho no opera con fe sino con hechos. Una sentencia que defiende garant\u00edas, no un acusado El tribunal catal\u00e1n, lejos de adoptar una posici\u00f3n negacionista o despectiva para con la denunciante, ha explicado con claridad su decisi\u00f3n:\u00a0no se trataba de valorar la credibilidad subjetiva de la mujer, sino la fiabilidad objetiva de su relato.\u00a0Esta distinci\u00f3n \u2013entre credibilidad (impresi\u00f3n) y fiabilidad (corroboraci\u00f3n)\u2013 es clave. La primera responde a una percepci\u00f3n emocional. La segunda, a un an\u00e1lisis jur\u00eddico de hechos probados. El tribunal ha se\u00f1alado que\u00a0no exist\u00edan pruebas suficientes que permitieran afirmar m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable\u00a0de que Alves cometi\u00f3 el delito y, por tanto,\u00a0ha aplicado la presunci\u00f3n de inocencia,\u00a0como manda el art\u00edculo 24.2 de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola. No se ha dicho que sea inocente, sino que\u00a0no se ha acreditado su culpabilidad con el nivel de exigencia que requiere una condena penal. Esta es la base del derecho penal en cualquier sistema democr\u00e1tico. Pero el feminismo de g\u00e9nero lo rechaza de pura cepa, porque en su l\u00f3gica no cabe el equilibrio entre derechos.\u00a0Solo uno debe prevalecer: el de la mujer que denuncia. La \u00abperspectiva de g\u00e9nero\u00bb como amenaza estructural Esta forma de concebir la justicia no es nueva, pero s\u00ed est\u00e1 cada vez m\u00e1s consolidada en Espa\u00f1a. Desde la aprobaci\u00f3n de la\u00a0Ley Org\u00e1nica 1\/2004 de Medidas de Protecci\u00f3n Integral contra la Violencia de G\u00e9nero,\u00a0se introdujo por primera vez en el ordenamiento una\u00a0asimetr\u00eda penal basada en el sexo del agresor y la v\u00edctima.\u00a0Para un mismo acto violento, si lo comete un hombre contra una mujer en el marco de una relaci\u00f3n de pareja, la pena puede ser significativamente mayor, incluso si las circunstancias objetivas del hecho son id\u00e9nticas. Esto rompe el principio \u00aba igual delito, igual pena\u00bb, consagrado en el derecho penal cl\u00e1sico. Las agravantes o atenuantes permiten modular las penas en funci\u00f3n de las circunstancias, pero\u00a0no de la identidad sexual de los implicados. Solo los reg\u00edmenes autoritarios han justificado hist\u00f3ricamente diferencias penales por razones de identidad. M\u00e1s preocupante es a\u00fan la tendencia, ya practicada en los delitos de odio,\u00a0de invertir la carga de la prueba.\u00a0En casos de acusaci\u00f3n de homofobia o transfobia, el acusado debe demostrar su inocencia. Ahora se pretende aplicar esta l\u00f3gica a los delitos sexuales:\u00a0quien acusa es verdadero por defecto, y quien es acusado debe probar que no lo hizo.\u00a0El resultado es la ruptura total del principio de presunci\u00f3n de inocencia. Hacia una justicia subordinada al relato ideol\u00f3gico Lo que se est\u00e1 reclamando desde el poder no es una justicia m\u00e1s sensible ni justa. Es\u00a0una justicia subordinada a una narrativa ideol\u00f3gica,\u00a0donde las reglas del juego cambian seg\u00fan el sexo, la identidad o la adscripci\u00f3n colectiva de los implicados. Y esto\u00a0no es igualdad, es supremacismo legal. Esta \u00abperspectiva de g\u00e9nero\u00bb se convierte as\u00ed en un instrumento de poder: quien la comparte est\u00e1 legitimado, quien la cuestiona es sospechoso.\u00a0No importa el contenido del proceso judicial, importa si la sentencia sirve a la causa.\u00a0Y si no lo hace, se descalifica al juez, se presiona a las instituciones y se reescriben las leyes para que encajen con la ideolog\u00eda. Lo grave no es solo que esta deriva avance. Lo grave es que ya se ha instalado en buena parte del ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol, sin apenas resistencia institucional, medi\u00e1tica ni acad\u00e9mica. Conclusi\u00f3n: el Estado de derecho en peligro La sentencia sobre Alves es un punto de inflexi\u00f3n. No porque sienta un precedente judicial preocupante -al contrario, reafirma garant\u00edas b\u00e1sicas-, sino porque ha dejado al descubierto la reacci\u00f3n del poder pol\u00edtico ante una sentencia que no encaja en su marco ideol\u00f3gico. Cuando desde el Ejecutivo se cuestiona p\u00fablicamente a los jueces, se pretende definir por ley qu\u00e9 testimonio debe considerarse verdadero, exigiendo que los tribunales dicten conforme a una visi\u00f3n ideol\u00f3gica de los hechos, no estamos ya ante una discrepancia. 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