{"id":79803,"date":"2024-07-10T10:29:01","date_gmt":"2024-07-10T08:29:01","guid":{"rendered":"https:\/\/conversesacatalunya.cat\/ero-andalusia-impunitat\/"},"modified":"2024-07-10T15:13:29","modified_gmt":"2024-07-10T13:13:29","slug":"ere-andalucia-impunidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/conversesacatalunya.cat\/es\/ere-andalucia-impunidad\/","title":{"rendered":"ERE Andaluc\u00eda: el derrumbe de la justicia y la victoria de la impunidad"},"content":{"rendered":"

Ya se tiene conocimiento de las ponencias del Tribunal Constitucional (TC) que prepara la magistrada Montalb\u00e1n, la misma que ha llevado a cabo todas las dem\u00e1s ponencias exculpatorias de condenados que ahora se han visto absueltos o a penas reducidas. En este caso, al dejar sin efecto el <\/span>mayor esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n de Espa\u00f1a<\/span><\/strong>, culminar\u00eda con una reducci\u00f3n sustancial de la condena de Chaves y la absoluci\u00f3n de Gri\u00f1\u00e1n por el delito de malversaci\u00f3n, lo que comportaba el cumplimiento de una pena de 6 a\u00f1os de c\u00e1rcel. Para Chaves, el delito era de prevaricaci\u00f3n y la condena s\u00f3lo era de inhabilitaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

El punto fundamental es que considera que\u00a0<\/span>no ha quedado demostrado que conocieran \u00ablas graves desviaciones\u00bb cometidas<\/span><\/strong>\u00a0por las autoridades de la conselleria de Empleo y que las ayudas se concedieran al margen de toda finalidad p\u00fablica. Montalb\u00e1n, que, record\u00e9moslo, fue premiada con una medalla cuando Gri\u00f1\u00e1n era el presidente de la Junta de Andaluc\u00eda, considera que todos los informes de la intervenci\u00f3n no constituyen una prueba suficiente para acreditar la malversaci\u00f3n. Todo ello resulta muy escandaloso porque, antes de llegar al TC, otras muchas instancias jurisdiccionales y no jurisdiccionales han expresado la conclusi\u00f3n contraria afirmando que hab\u00eda habido \u201carbitrariedad\u201d, \u201comisiones groseras\u201d, \u201cpagos indebidos cuando no ilegales\u201d. En concreto, se han pronunciado en t\u00e9rminos que se\u00f1alan la malversaci\u00f3n:<\/span><\/p>\n

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  1. El Tribunal de Cuentas.<\/span><\/li>\n
  2. La C\u00e1mara de Cuentas de Andaluc\u00eda.<\/span><\/li>\n
  3. El Consejo Consultivo Andaluz.<\/span><\/li>\n
  4. La Intervenci\u00f3n General del Estado.<\/span><\/li>\n
  5. Los interventores de la Junta de Andaluc\u00eda.<\/span><\/li>\n
  6. La Direcci\u00f3n General de Seguros.<\/span><\/li>\n
  7. Las salas de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda.<\/span><\/li>\n
  8. Y el Tribunal Supremo.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Adem\u00e1s, en el \u00e1mbito penal, lo ha se\u00f1alado la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n, y para que no falte nada, existe el informe de la Guardia Civil. Pues bien, todas estas instancias, a ojos de Montalb\u00e1n, y pronto veremos que de la mayor parte del gobierno del TC, se han equivocado y\u00a0<\/span>no hay delito<\/span><\/strong>.<\/span><\/p>\n

    \u00c1ngel Turri\u00f3n, interventor del Estado y perito judicial de los casos ERE, confes\u00f3 que nunca en su vida hab\u00eda visto un c\u00famulo de irregularidades juntas tan grande. Afirm\u00f3 que el 70% de las 270 ayudas concedidas con cargo al programa presupuestario 31L no ten\u00edan relaci\u00f3n alguna con la tramitaci\u00f3n de un ERE, que era la finalidad, o con un plan de jubilaci\u00f3n, sino que sirvieron para causas tan diversas como <\/span>pagar fiestas de un ayuntamiento, un curso de personal de alta direcci\u00f3n de la Junta o gratificaciones a los directivos de Santana Motor<\/span><\/strong>.<\/span><\/p>\n

    Sin embargo, siendo grave todo esto, el hecho a\u00fan se multiplica por las consecuencias, porque con esta forma de proceder el TC establece el precedente de que los altos cargos pol\u00edticos quedan al margen de cualquier control cuando obran amparados por la ley de presupuestos. Es decir, que no importa lo que hagan si formalmente puede atribuirse a que la ley presupuestaria lo cubre.<\/span><\/p>\n

    El otro hecho grav\u00edsimo es que\u00a0<\/span>interpreta las pruebas<\/span><\/strong>, una atribuci\u00f3n que s\u00f3lo tienen los tribunales de justicia, lo que al Constitucional no le corresponde ya que su \u00fanica e importante funci\u00f3n es determinar la constitucionalidad de un acto.<\/span><\/p>\n

    \u00bfC\u00f3mo es posible que se hayan evaporado 680 millones de euros, la mayor parte en actividades que nada tienen que ver con los ERE, en un proceso que ha durado una d\u00e9cada y que los altos cargos de la Junta, terminando por los dos presidentes concernidos , ignoraran lo que era un clamor popular en el terreno: que hab\u00eda un \u201cfondo de reptiles\u201d que el PSOE distribu\u00eda graciosamente?<\/span><\/p>\n

    A partir de estos hechos,\u00a0<\/span>Espa\u00f1a se ha quedado sin garant\u00eda de constitucionalidad<\/span><\/strong>\u00a0y con una victoria absoluta de la impunidad del poder porque, adem\u00e1s, el TC est\u00e1 blindado desde 2007 por una reforma espec\u00edfica de su ley org\u00e1nica que impide que la justicia ordinaria pueda actuar contra \u00e9l como s\u00ed hizo el 23 de enero del 2004 cuando la sala de lo civil del Tribunal Supremo consider\u00f3 que hab\u00eda incurrido en una negligencia grave de sus funciones.<\/span><\/p>\n

    Ahora esto ya no es posible y, por tanto, la impunidad de estos magistrados que no son jueces es absoluta. Lo dicho, la impunidad del poder.<\/span><\/p>\n

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    Creus que Puigdemont tornar\u00e0 ara?<\/strong><\/p>