La ley de regulaci\u00f3n de los alquileres que est\u00e1 en plena tramitaci\u00f3n en el Parlamento significa una piedra de toque para el partido de Puigdemont y para el PDeCAT, y puede romper, de hecho ya lo ha hecho, la mayor\u00eda de gobierno.<\/p>\n
Inicialmente JxCat y ERC<\/strong> apoyaron el texto que entr\u00f3 en el Parlamento, como es l\u00f3gico por una iniciativa gubernamental, y contaba con el apoyo de Units Podem y la CUP<\/strong>, una mayor\u00eda m\u00e1s que suficiente para aprobarla. Pero con el paso del tiempo la cuesti\u00f3n se ha ido complicando. El sector inmobiliario, Fomento del Trabajo y otras organizaciones han hecho sentir sus argumentos en contra. Tambi\u00e9n han tenido mucho peso las reflexiones de economistas especializados en el \u00e1mbito de la vivienda, que en su mayor\u00eda han apuntado que una ley como la catalana no resolver\u00eda el problema sino que podr\u00eda agravarlo. Los efectos de la legislaci\u00f3n comparada con Europa parecer\u00edan confirmar esta tendencia, porque en realidad el texto entrado en el Parlamento m\u00e1s que regular el mercado lo que hace es congelar los precios<\/strong> en determinados territorios y condiciones. La congelaci\u00f3n de precios de cualquier bien es siempre la simplificaci\u00f3n de un problema m\u00e1s profundo y los resultados suelen ser contraproducentes. Aquel bien congelado lo que hace es tender a reducir la oferta en el mercado y crear canales paralelos en el mercado negro donde funciona. Esto se ha observado siempre. Venezuela es un caso espectacular en este sentido. Pero sin necesidad de llegar a este extremo, porque no es el caso, podemos recordar las tentativas del franquismo de intervenir tambi\u00e9n los precios para evitar que aumentaran con un resultado siempre peor que la enfermedad que intentaban curar. Adem\u00e1s, el consejo de Garant\u00edas Estatutarias<\/strong> ya advirti\u00f3 de que el texto en varios art\u00edculos vulnera la Constituci\u00f3n, y consecuentemente podr\u00eda quedar invalidado cuando fuera recorrido por algunas de las instancias que se oponen.<\/p>\n Todos estos hechos han acabado haciendo mella en el grupo de JxCat que adem\u00e1s ahora presenta una divisi\u00f3n interna importante entre seguidores de Puigdemont y los cuatro diputados que se mantienen fieles al partido de Bonveh\u00ed y Artur Mas. La consecuencia de todo ello ha sido la presentaci\u00f3n de una serie de enmiendas, ocho en total, de JxCat<\/strong> que, si se aprobaran, transformar\u00edan sustancialmente la ley, dejando un texto que poco tiene que ver con el que inicialmente se ha presentado. Esta transformaci\u00f3n no es asumida por ERC, UP y la CUP, y tambi\u00e9n tiene la total oposici\u00f3n del Sindicato de inquilinos<\/strong>, que son unos de los m\u00e1ximos responsables de que el actual proyecto de ley se hubiera formulado.<\/p>\n La incertidumbre, por tanto, se cierne sobre los resultados de la votaci\u00f3n. Por una parte por lo que har\u00e1n los cuatro diputados del PDeCAT, si se suman o no a la oposici\u00f3n del PSC, Cs y PP. Por otra parte, en lo que suceder\u00e1 con las enmiendas de JxCat, si al final son aceptadas o no, y si en este caso el partido de Puigdemont retirar\u00eda el apoyo a la ley. Nos encontramos, por tanto, ante otra manifestaci\u00f3n clamorosa de que el gobierno de la Generalitat es una ficci\u00f3n, porque en realidad hay dos organizaciones gubernamentales<\/strong> que compiten entre ellas. El resultado es un caos de proporciones colosales.<\/p>\n La situaci\u00f3n de los altos precios del alquiler, a pesar de que ahora con la crisis del turismo registran una tendencia a la baja, es un problema social muy grave, porque impide que las personas puedan acceder a una vivienda, que es un derecho contemplado por la Constituci\u00f3n, y tambi\u00e9n limita las posibilidades de emancipaci\u00f3n de los j\u00f3venes y de formar nuevas familias. La cuesti\u00f3n es, sin embargo, si una ley como la formulada es la soluci\u00f3n que se necesita, porque no aborda el problema de fondo<\/strong>, que no es otro que la extremada falta de vivienda social. Catalu\u00f1a, como Espa\u00f1a, es el pa\u00eds de Europa con menos vivienda de estas caracter\u00edsticas y naturalmente este hecho presiona la oferta al alza. Un abundante parque de vivienda social, de propiedad y de alquiler, tendr\u00eda un efecto sobre los precios y los reducir\u00eda. Esta es la forma l\u00f3gica, la que no distorsiona el mercado, de actuar. Pero hay un sector de la pol\u00edtica, los seguidores de Colau, la gente de ERC, los socialistas, en muchas ocasiones, y la CUP, por supuesto, que, como sucede con los casos de ocupaci\u00f3n de viviendas, quieren resolver un problema social generado por el d\u00e9ficit de iniciativa p\u00fablica a base de cargar las consecuencias sobre los hombros de los ciudadanos, es decir, los propietarios de pisos. La tolerancia con la ocupaci\u00f3n, justificada con los desahucios, obedece a la misma l\u00f3gica y da lugar a una grave distorsi\u00f3n. No son los propietarios quienes deben resolver el problema social<\/strong>, sino los gobiernos, que por eso recaudan impuestos y tienen obligaciones, en este caso claramente derivadas de la Constituci\u00f3n.<\/p>\nLa ley de regulaci\u00f3n de los alquileres que est\u00e1 en plena tramitaci\u00f3n en el Parlamento significa una piedra de toque para el partido de Puigdemont y para el PDeCAT, y puede romper la mayor\u00eda de gobierno <\/a><\/span>Compartir en X<\/a><\/span>\n