Nos encaminamos hacia una nueva pr\u00f3rroga del estado de alarma (o estado que alarma) que el propio Gobierno califica como \u201catenuado\u201d en la medida en que coincidir\u00e1 con el plan de desescalada aprobado por el Consejo de Ministros en su reuni\u00f3n de 28 de abril.<\/p>\n
Numerosas voces de personas con procedencias ideol\u00f3gicas muy diversas han cuestionado el modo como el Gobierno ha gestionado, desde su inicio, el estado de alarma, utiliz\u00e1ndolo para imponer un dr\u00e1stico recorte de derechos y libertades que, solo parcialmente, parec\u00edan imprescindibles para el control de la pandemia.<\/p>\n
Se trata, sin duda de un debate fundamental en la medida en que el Estado de Derecho existe para defender y garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. Kelsen<\/strong>,<\/a> uno de los padres del constitucionalismo moderno, lleg\u00f3 a formularlo categ\u00f3ricamente: \u201cEl Estado es derecho\u201d.<\/p>\n Partiendo de esta premisa no se puede distinguir entre violaciones del derecho de mayor o menor entidad, cuando analizamos la conducta del Gobierno, y ello por cuanto el Gobierno democr\u00e1tico ostenta el \u201cpoder\u201d legitimado por la elecci\u00f3n, pero en todo caso un poder limitado por el control parlamentario y por el imperio de la ley. Fuera de la ley no hay poder leg\u00edtimo.<\/p>\n Por eso buena parte de la opini\u00f3n p\u00fablica empieza a ver con desasosiego la prolongaci\u00f3n de un estado de alarma cuya principal raz\u00f3n de ser, se intuye, es otorgar poderes excepcionales al Gobierno, un Gobierno capaz de limitar derechos y libertades al tiempo que se permite a s\u00ed mismo libertades sin ninguna justificaci\u00f3n.<\/p>\n V\u00e9ase un ejemplo reciente en el escabroso terreno de las compras de material de protecci\u00f3n frente a la Covid-19<\/strong>. El BOE n\u00famero 13.138 de 30 de abril pasado daba cuenta de la adjudicaci\u00f3n de un contrato, sin publicidad, con tramitaci\u00f3n acelerada, en favor de una empresa llamada M.J. Steps de la que se hace constar una direcci\u00f3n desconocida, localidad desconocida y una indicaci\u00f3n de Espa\u00f1a como pa\u00eds, se supone que del domicilio. El contrato tiene un importe de 4,3 millones de euros y<\/strong> basta una simple investigaci\u00f3n en internet para constatar que la empresa en cuesti\u00f3n es suiza<\/strong>, se llama realmente MJ Steps GmbH, tiene un NIF W 03934439, que se corresponde con una empresa no residente<\/strong> y que parece tener una oficina abierta en Gav\u00e1.<\/p>\n En la misma fecha, el BOE n\u00famero 13.139 hace p\u00fablica otra adjudicaci\u00f3n en favor de Hong Kong Travis Asia Limited<\/strong>, otra empresa de direcci\u00f3n desconocida, localidad desconocida, de la que se hace constar como pa\u00eds de residencia Espa\u00f1a<\/strong>.\u00a0 En este caso la cuant\u00eda del contrato es de 11.713.367,02 \u20ac y<\/strong> el procedimiento de adjudicaci\u00f3n es sin publicidad y acelerado. Se da la circunstancia de que esta empresa ha sido adjudicataria, al menos, de otro contrato de material sanitario por importe de 150.061.219 \u20ac. <\/strong>Obviamente la sociedad no es espa\u00f1ola, est\u00e1 constituida en Hong Kong y tiene menos de un a\u00f1o de existencia. Su domicilio es perfectamente conocido y su actividad tambi\u00e9n<\/strong>.<\/p>\n No pretendemos poner en duda la buena intenci\u00f3n o la honestidad de nadie; pero s\u00ed resulta obligatorio cuestionar, tambi\u00e9n en este caso, las buenas pr\u00e1cticas de un Gobierno que parece pensar que las obligaciones y las formalidades rigen solo para los dem\u00e1s.<\/strong><\/p>\n Es una obviedad, pero conviene recordar que un Estado que no respeta el derecho no es un Estado de Derecho, es un Estado que alarma.<\/p>\n M\u00e1s informaci\u00f3n ESPECIAL CORONAVIRUS<\/strong><\/a><\/p>\n V\u00e9ase un ejemplo reciente en el escabroso terreno de las compras de material de protecci\u00f3n frente al Covid19. El BOE n\u00famero 13.138 de 30 de abril pasado <\/a><\/span>Compartir en X<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Nos encaminamos hacia una nueva pr\u00f3rroga del estado de alarma (o estado que alarma) que el propio Gobierno califica como \u201catenuado\u201d en la medida en que coincidir\u00e1 con el plan de desescalada aprobado por el Consejo de Ministros en su reuni\u00f3n de 28 de abril. Numerosas voces de personas con procedencias ideol\u00f3gicas muy diversas han cuestionado el modo como el Gobierno ha gestionado, desde su inicio, el estado de alarma, utiliz\u00e1ndolo para imponer un dr\u00e1stico recorte de derechos y libertades que, solo parcialmente, parec\u00edan imprescindibles para el control de la pandemia. Se trata, sin duda de un debate fundamental en la medida en que el Estado de Derecho existe para defender y garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. Kelsen, uno de los padres del constitucionalismo moderno, lleg\u00f3 a formularlo categ\u00f3ricamente: \u201cEl Estado es derecho\u201d. Partiendo de esta premisa no se puede distinguir entre violaciones del derecho de mayor o menor entidad, cuando analizamos la conducta del Gobierno, y ello por cuanto el Gobierno democr\u00e1tico ostenta el \u201cpoder\u201d legitimado por la elecci\u00f3n, pero en todo caso un poder limitado por el control parlamentario y por el imperio de la ley. Fuera de la ley no hay poder leg\u00edtimo. Por eso buena parte de la opini\u00f3n p\u00fablica empieza a ver con desasosiego la prolongaci\u00f3n de un estado de alarma cuya principal raz\u00f3n de ser, se intuye, es otorgar poderes excepcionales al Gobierno, un Gobierno capaz de limitar derechos y libertades al tiempo que se permite a s\u00ed mismo libertades sin ninguna justificaci\u00f3n. V\u00e9ase un ejemplo reciente en el escabroso terreno de las compras de material de protecci\u00f3n frente a la Covid-19. El BOE n\u00famero 13.138 de 30 de abril pasado daba cuenta de la adjudicaci\u00f3n de un contrato, sin publicidad, con tramitaci\u00f3n acelerada, en favor de una empresa llamada M.J. Steps de la que se hace constar una direcci\u00f3n desconocida, localidad desconocida y una indicaci\u00f3n de Espa\u00f1a como pa\u00eds, se supone que del domicilio. El contrato tiene un importe de 4,3 millones de euros y basta una simple investigaci\u00f3n en internet para constatar que la empresa en cuesti\u00f3n es suiza, se llama realmente MJ Steps GmbH, tiene un NIF W 03934439, que se corresponde con una empresa no residente y que parece tener una oficina abierta en Gav\u00e1. En la misma fecha, el BOE n\u00famero 13.139 hace p\u00fablica otra adjudicaci\u00f3n en favor de Hong Kong Travis Asia Limited, otra empresa de direcci\u00f3n desconocida, localidad desconocida, de la que se hace constar como pa\u00eds de residencia Espa\u00f1a.\u00a0 En este caso la cuant\u00eda del contrato es de 11.713.367,02 \u20ac y el procedimiento de adjudicaci\u00f3n es sin publicidad y acelerado. Se da la circunstancia de que esta empresa ha sido adjudicataria, al menos, de otro contrato de material sanitario por importe de 150.061.219 \u20ac. Obviamente la sociedad no es espa\u00f1ola, est\u00e1 constituida en Hong Kong y tiene menos de un a\u00f1o de existencia. Su domicilio es perfectamente conocido y su actividad tambi\u00e9n. 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