{"id":102273,"date":"2026-10-22T08:28:50","date_gmt":"2026-10-22T06:28:50","guid":{"rendered":"https:\/\/conversesacatalunya.cat\/?p=102273"},"modified":"2026-10-22T08:45:51","modified_gmt":"2026-10-22T06:45:51","slug":"balance-gobierno-sanchez-vivienda-economia-industria-ii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/conversesacatalunya.cat\/es\/balance-gobierno-sanchez-vivienda-economia-industria-ii\/","title":{"rendered":"Las diez falsedades del manual de defensa de S\u00e1nchez (y II): los \u00e9xitos que ocultan los fracasos"},"content":{"rendered":"

Si en la primera entrega<\/a><\/strong> examin\u00e1bamos c\u00f3mo el Gobierno utiliza las dificultades pol\u00edticas e institucionales para eludir responsabilidades, los cinco argumentos restantes presentan otra operaci\u00f3n propagand\u00edstica: seleccionar los resultados favorables y convertirlos en demostraci\u00f3n de una gesti\u00f3n extraordinaria.<\/strong><\/span><\/p>\n

El m\u00e9todo consiste en confundir la aprobaci\u00f3n de una ley con la resoluci\u00f3n de un problema, una inversi\u00f3n anunciada con una f\u00e1brica funcionando y una prestaci\u00f3n econ\u00f3mica con la desaparici\u00f3n de la necesidad que pretende aliviar.<\/span><\/p>\n

6. La vivienda es responsabilidad de las comunidades aut\u00f3nomas<\/span><\/strong><\/h4>\n

El argumento resulta especialmente curioso. El Gobierno aprueba una ley estatal de vivienda, interviene en los arrendamientos, regula los precios y proclama sus iniciativas como grandes conquistas sociales. Pero cuando se le exige responder por la crisis, descubre que las competencias pertenecen a las autonom\u00edas.<\/span><\/p>\n

La Constituci\u00f3n permite a las comunidades asumir competencias en vivienda y urbanismo, pero el Estado conserva instrumentos decisivos en legislaci\u00f3n civil, fiscalidad, cr\u00e9dito y pol\u00edtica econ\u00f3mica.<\/span><\/p>\n

Lo esencial son los resultados.<\/span><\/p>\n

Entre 2021 y 2025 se formaron aproximadamente 1,2 millones de nuevos hogares y se terminaron menos de 470.000 viviendas. La diferencia no constituye exactamente el d\u00e9ficit neto, pero ilustra un desequilibrio formidable.<\/span><\/p>\n

Catalu\u00f1a permite comprobar los resultados de la regulaci\u00f3n. Aplica controles de alquiler desde marzo de 2024<\/strong>. Los nuevos contratos registrados pasaron de 167.842 en 2021 a 108.057 en 2025: casi un 36 % menos.<\/span><\/p>\n

La regulaci\u00f3n ha moderado determinados alquileres, pero el mercado habitual se ha contra\u00eddo. La ca\u00edda comenz\u00f3 antes de aplicarse la ley, por lo que no cabe atribu\u00edrsela \u00edntegramente.<\/span><\/p>\n

Lo que no puede hacerse es presentar como \u00e9xito una intervenci\u00f3n sobre los precios mientras el acceso a la vivienda contin\u00faa deterior\u00e1ndose.<\/span><\/strong><\/p>\n

La responsabilidad es compartida. Precisamente por eso, tambi\u00e9n corresponde al Gobierno.<\/span><\/p>\n

7. La econom\u00eda crece: \u00bfqu\u00e9 m\u00e1s se puede pedir?<\/span><\/strong><\/h4>\n

El crecimiento espa\u00f1ol es real. En el segundo trimestre de 2026, el PIB avanz\u00f3 un 2,6 % interanual, el desempleo se situ\u00f3 en el 9,87 % y hab\u00eda 22,78 millones de ocupados.<\/span><\/p>\n

Son buenos resultados. Negarlos ser\u00eda tan partidista como ocultar sus limitaciones.<\/span><\/p>\n

La deuda p\u00fablica, por ejemplo, representaba el 97,1 % del PIB en 2018 y el 101,4 % en el segundo trimestre de 2026. En t\u00e9rminos absolutos, pas\u00f3 de aproximadamente 1,17 a 1,76 billones de euros.<\/span><\/p>\n

La reducci\u00f3n de la ratio desde los m\u00e1ximos de la pandemia es positiva, pero no significa que la deuda haya disminuido.<\/span><\/p>\n

Tampoco puede presentarse la estabilidad de precios como un \u00e9xito incontestable cuando la inflaci\u00f3n interanual alcanz\u00f3 el 4,9 % en septiembre de 2026<\/strong>, con una subyacente del 3,1 %.<\/span><\/p>\n

Y hay una distinci\u00f3n fundamental: <\/span>crecimiento del PIB no equivale a crecimiento de la prosperidad individual<\/span><\/strong>.<\/span><\/p>\n

Es necesario examinar la productividad, el PIB por habitante, los salarios reales y la capacidad de acceso a la vivienda. Una econom\u00eda puede crecer gracias al aumento de la poblaci\u00f3n y del empleo sin que ese crecimiento se traduzca proporcionalmente en bienestar.<\/span><\/p>\n

8. La mayor pol\u00edtica industrial en d\u00e9cadas<\/span><\/strong><\/h4>\n

Este es uno de los argumentos que m\u00e1s necesita una buena comprobaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Existen inversiones importantes:<\/strong> la electrificaci\u00f3n de Martorell, la gigafactor\u00eda de bater\u00edas de Sagunto o el proyecto de hidr\u00f3geno verde de Huelva. Merecen reconocimiento.<\/span><\/p>\n

Pero una cosa son las inversiones ejecutadas y otra, los proyectos anunciados.<\/span><\/p>\n

Los 10.000 millones asociados al programa de Volkswagen no corresponden exclusivamente a Sagunto. La f\u00e1brica de PowerCo prev\u00e9 producir en 2027. Otros proyectos industriales contin\u00faan sujetos a decisiones empresariales y autorizaciones.<\/span><\/p>\n

\u00bfY qu\u00e9 sucede con lo que Espa\u00f1a pierde?<\/strong><\/p>\n

Nissan<\/strong> cerr\u00f3 su producci\u00f3n barcelonesa en 2021, lo que afect\u00f3 a unos 2.500 trabajadores directos. La recuperaci\u00f3n posterior mediante Ebro y Chery es positiva, pero todav\u00eda no equivale a la antigua capacidad productiva.<\/span><\/p>\n

Ford Almussafes perdi\u00f3 alrededor del 71 % de su producci\u00f3n entre 2019 y 2025. BSH cerr\u00f3 su f\u00e1brica de Esqu\u00edroz, con un expediente que contemplaba 609 despidos. Y la continuidad de SEAT como marca m\u00e1s all\u00e1 de 2030 sigue sin estar asegurada, aunque SEAT S. A. y CUPRA mantengan su actividad industrial.<\/span><\/p>\n

El dato decisivo procede de ANFAC: <\/span>Espa\u00f1a fabric\u00f3 2,82 millones de veh\u00edculos en 2018 y solamente 2,27 millones en 2025. Una ca\u00edda del 19,3 %.<\/span><\/strong><\/p>\n

La pandemia, la competencia internacional y la transformaci\u00f3n tecnol\u00f3gica explican una parte sustancial del retroceso. Pero no autorizan a borrarlo del balance.<\/span><\/p>\n

Una pol\u00edtica industrial no se mide sumando promesas de inversi\u00f3n, sino comparando la capacidad productiva que se crea con la que desaparece.<\/span><\/p>\n

9. El salario m\u00ednimo, las pensiones y el ingreso m\u00ednimo vital<\/span><\/strong><\/h4>\n

Tambi\u00e9n aqu\u00ed hay avances que deben reconocerse.<\/span><\/p>\n

El salario m\u00ednimo ha aumentado desde los 735,90 euros mensuales en 2018 hasta los 1.221 euros en 2026, en catorce pagas. El ingreso m\u00ednimo vital alcanzaba en septiembre de 2026 a unos 906.000 hogares y 2,76 millones de personas. La actualizaci\u00f3n de las pensiones con el IPC protege su poder adquisitivo.<\/span><\/p>\n

Pero una prestaci\u00f3n no demuestra que se haya resuelto el problema que la hace necesaria.<\/span><\/p>\n

El ingreso m\u00ednimo vital alivia la pobreza; no acredita su desaparici\u00f3n. La subida del salario m\u00ednimo beneficia a sus perceptores; no demuestra que todos los trabajadores hayan recuperado capacidad adquisitiva.<\/span><\/p>\n

La AIReF ha advertido, adem\u00e1s, sobre los riesgos de sostenibilidad a largo plazo de las pensiones.<\/span><\/p>\n

Un Estado social eficaz no es solamente el que distribuye m\u00e1s recursos, sino el que consigue que menos ciudadanos necesiten asistencia para vivir dignamente.<\/span><\/strong><\/p>\n

Y resulta dif\u00edcil hablar de justicia social cuando una parte de los j\u00f3venes no puede emanciparse ni formar una familia.<\/span><\/p>\n

10. La amnist\u00eda ha acabado con el independentismo<\/span><\/strong><\/h4>\n

La \u00faltima falsedad confunde nuevamente correlaci\u00f3n con causalidad.<\/span><\/p>\n

Es cierto que el independentismo perdi\u00f3 su mayor\u00eda parlamentaria en Catalu\u00f1a en mayo de 2024. Pero aquellas elecciones se celebraron antes de la aprobaci\u00f3n definitiva de la ley de amnist\u00eda, en junio.<\/span><\/p>\n

Su negociaci\u00f3n ya era conocida, naturalmente. Sin embargo, atribuir el retroceso electoral a la amnist\u00eda exige demostrar una relaci\u00f3n causal que no est\u00e1 acreditada.<\/span><\/p>\n

Intervinieron otros factores: el fracaso de la unilateralidad, los conflictos entre ERC y Junts, la fatiga de la movilizaci\u00f3n y los cambios en las prioridades ciudadanas.<\/span><\/p>\n

La amnist\u00eda pudo contribuir a reducir la confrontaci\u00f3n, pero tambi\u00e9n fue una concesi\u00f3n decisiva para conseguir la investidura de S\u00e1nchez.<\/span><\/p>\n

Y el Gobierno socialista de Catalu\u00f1a depende de acuerdos con ERC, que no ha renunciado a la independencia.<\/span><\/p>\n

La constitucionalidad esencial de la ley, avalada por el Tribunal Constitucional, no liquida el debate sobre su oportunidad pol\u00edtica ni demuestra que el conflicto est\u00e9 resuelto.<\/span><\/p>\n

El balance que el Gobierno no quiere hacer<\/span><\/strong><\/h4>\n

Los diez argumentos comparten una misma falsificaci\u00f3n del balance pol\u00edtico: las acciones se presentan como resultados; los \u00e9xitos se atribuyen al Gobierno y los fracasos se trasladan a terceros.<\/span><\/p>\n

No cabe negar las mejoras del empleo, las prestaciones sociales o las inversiones industriales. Pero tampoco utilizarlas para ocultar el deterioro del acceso a la vivienda, las dificultades de productividad, los riesgos fiscales o la p\u00e9rdida de capacidad industrial.<\/span><\/p>\n

La pregunta no es cu\u00e1ntas leyes ha aprobado S\u00e1nchez ni cu\u00e1ntos millones ha prometido invertir, sino qu\u00e9 Espa\u00f1a recibi\u00f3 en 2018, qu\u00e9 Espa\u00f1a deja en 2026 y qu\u00e9 futuro ofrece a los ciudadanos que tendr\u00e1n que asumir las consecuencias de sus decisiones.<\/span><\/strong><\/p>\n

Ese es el balance que el manual de propaganda intenta evitar.<\/span><\/p>\nLa econom\u00eda crece, pero la deuda p\u00fablica pas\u00f3 de unos 1,17 a 1,76 billones de euros desde 2018. Y la inflaci\u00f3n alcanz\u00f3 el 4,9% en septiembre. El \u00e9xito tiene letra peque\u00f1a. #Econom\u00eda #DeudaP\u00fablica <\/a><\/span>Compartir en X<\/a><\/span>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Si en la primera entrega examin\u00e1bamos c\u00f3mo el Gobierno utiliza las dificultades pol\u00edticas e institucionales para eludir responsabilidades, los cinco argumentos restantes presentan otra operaci\u00f3n propagand\u00edstica: seleccionar los resultados favorables y convertirlos en demostraci\u00f3n de una gesti\u00f3n extraordinaria. El m\u00e9todo consiste en confundir la aprobaci\u00f3n de una ley con la resoluci\u00f3n de un problema, una inversi\u00f3n anunciada con una f\u00e1brica funcionando y una prestaci\u00f3n econ\u00f3mica con la desaparici\u00f3n de la necesidad que pretende aliviar. 6. La vivienda es responsabilidad de las comunidades aut\u00f3nomas El argumento resulta especialmente curioso. El Gobierno aprueba una ley estatal de vivienda, interviene en los arrendamientos, regula los precios y proclama sus iniciativas como grandes conquistas sociales. Pero cuando se le exige responder por la crisis, descubre que las competencias pertenecen a las autonom\u00edas. La Constituci\u00f3n permite a las comunidades asumir competencias en vivienda y urbanismo, pero el Estado conserva instrumentos decisivos en legislaci\u00f3n civil, fiscalidad, cr\u00e9dito y pol\u00edtica econ\u00f3mica. Lo esencial son los resultados. Entre 2021 y 2025 se formaron aproximadamente 1,2 millones de nuevos hogares y se terminaron menos de 470.000 viviendas. La diferencia no constituye exactamente el d\u00e9ficit neto, pero ilustra un desequilibrio formidable. Catalu\u00f1a permite comprobar los resultados de la regulaci\u00f3n. Aplica controles de alquiler desde marzo de 2024. Los nuevos contratos registrados pasaron de 167.842 en 2021 a 108.057 en 2025: casi un 36 % menos. La regulaci\u00f3n ha moderado determinados alquileres, pero el mercado habitual se ha contra\u00eddo. La ca\u00edda comenz\u00f3 antes de aplicarse la ley, por lo que no cabe atribu\u00edrsela \u00edntegramente. Lo que no puede hacerse es presentar como \u00e9xito una intervenci\u00f3n sobre los precios mientras el acceso a la vivienda contin\u00faa deterior\u00e1ndose. La responsabilidad es compartida. Precisamente por eso, tambi\u00e9n corresponde al Gobierno. 7. La econom\u00eda crece: \u00bfqu\u00e9 m\u00e1s se puede pedir? El crecimiento espa\u00f1ol es real. En el segundo trimestre de 2026, el PIB avanz\u00f3 un 2,6 % interanual, el desempleo se situ\u00f3 en el 9,87 % y hab\u00eda 22,78 millones de ocupados. Son buenos resultados. Negarlos ser\u00eda tan partidista como ocultar sus limitaciones. La deuda p\u00fablica, por ejemplo, representaba el 97,1 % del PIB en 2018 y el 101,4 % en el segundo trimestre de 2026. En t\u00e9rminos absolutos, pas\u00f3 de aproximadamente 1,17 a 1,76 billones de euros. La reducci\u00f3n de la ratio desde los m\u00e1ximos de la pandemia es positiva, pero no significa que la deuda haya disminuido. Tampoco puede presentarse la estabilidad de precios como un \u00e9xito incontestable cuando la inflaci\u00f3n interanual alcanz\u00f3 el 4,9 % en septiembre de 2026, con una subyacente del 3,1 %. Y hay una distinci\u00f3n fundamental: crecimiento del PIB no equivale a crecimiento de la prosperidad individual. Es necesario examinar la productividad, el PIB por habitante, los salarios reales y la capacidad de acceso a la vivienda. Una econom\u00eda puede crecer gracias al aumento de la poblaci\u00f3n y del empleo sin que ese crecimiento se traduzca proporcionalmente en bienestar. 8. La mayor pol\u00edtica industrial en d\u00e9cadas Este es uno de los argumentos que m\u00e1s necesita una buena comprobaci\u00f3n. Existen inversiones importantes: la electrificaci\u00f3n de Martorell, la gigafactor\u00eda de bater\u00edas de Sagunto o el proyecto de hidr\u00f3geno verde de Huelva. Merecen reconocimiento. Pero una cosa son las inversiones ejecutadas y otra, los proyectos anunciados. Los 10.000 millones asociados al programa de Volkswagen no corresponden exclusivamente a Sagunto. La f\u00e1brica de PowerCo prev\u00e9 producir en 2027. Otros proyectos industriales contin\u00faan sujetos a decisiones empresariales y autorizaciones. \u00bfY qu\u00e9 sucede con lo que Espa\u00f1a pierde? Nissan cerr\u00f3 su producci\u00f3n barcelonesa en 2021, lo que afect\u00f3 a unos 2.500 trabajadores directos. La recuperaci\u00f3n posterior mediante Ebro y Chery es positiva, pero todav\u00eda no equivale a la antigua capacidad productiva. Ford Almussafes perdi\u00f3 alrededor del 71 % de su producci\u00f3n entre 2019 y 2025. BSH cerr\u00f3 su f\u00e1brica de Esqu\u00edroz, con un expediente que contemplaba 609 despidos. Y la continuidad de SEAT como marca m\u00e1s all\u00e1 de 2030 sigue sin estar asegurada, aunque SEAT S. A. y CUPRA mantengan su actividad industrial. El dato decisivo procede de ANFAC: Espa\u00f1a fabric\u00f3 2,82 millones de veh\u00edculos en 2018 y solamente 2,27 millones en 2025. Una ca\u00edda del 19,3 %. La pandemia, la competencia internacional y la transformaci\u00f3n tecnol\u00f3gica explican una parte sustancial del retroceso. Pero no autorizan a borrarlo del balance. Una pol\u00edtica industrial no se mide sumando promesas de inversi\u00f3n, sino comparando la capacidad productiva que se crea con la que desaparece. 9. El salario m\u00ednimo, las pensiones y el ingreso m\u00ednimo vital Tambi\u00e9n aqu\u00ed hay avances que deben reconocerse. El salario m\u00ednimo ha aumentado desde los 735,90 euros mensuales en 2018 hasta los 1.221 euros en 2026, en catorce pagas. El ingreso m\u00ednimo vital alcanzaba en septiembre de 2026 a unos 906.000 hogares y 2,76 millones de personas. La actualizaci\u00f3n de las pensiones con el IPC protege su poder adquisitivo. Pero una prestaci\u00f3n no demuestra que se haya resuelto el problema que la hace necesaria. El ingreso m\u00ednimo vital alivia la pobreza; no acredita su desaparici\u00f3n. La subida del salario m\u00ednimo beneficia a sus perceptores; no demuestra que todos los trabajadores hayan recuperado capacidad adquisitiva. La AIReF ha advertido, adem\u00e1s, sobre los riesgos de sostenibilidad a largo plazo de las pensiones. Un Estado social eficaz no es solamente el que distribuye m\u00e1s recursos, sino el que consigue que menos ciudadanos necesiten asistencia para vivir dignamente. Y resulta dif\u00edcil hablar de justicia social cuando una parte de los j\u00f3venes no puede emanciparse ni formar una familia. 10. La amnist\u00eda ha acabado con el independentismo La \u00faltima falsedad confunde nuevamente correlaci\u00f3n con causalidad. Es cierto que el independentismo perdi\u00f3 su mayor\u00eda parlamentaria en Catalu\u00f1a en mayo de 2024. Pero aquellas elecciones se celebraron antes de la aprobaci\u00f3n definitiva de la ley de amnist\u00eda, en junio. Su negociaci\u00f3n ya era conocida, naturalmente. Sin embargo, atribuir el retroceso electoral a la amnist\u00eda exige demostrar una relaci\u00f3n causal que no est\u00e1 acreditada. 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