{"id":101936,"date":"2026-10-09T05:18:16","date_gmt":"2026-10-09T03:18:16","guid":{"rendered":"https:\/\/conversesacatalunya.cat\/?p=101936"},"modified":"2026-10-09T05:31:28","modified_gmt":"2026-10-09T03:31:28","slug":"cis-2026-estado-bienestar-ocho-anos-sanchez","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/conversesacatalunya.cat\/es\/cis-2026-estado-bienestar-ocho-anos-sanchez\/","title":{"rendered":"El CIS de Tezanos suspende al Estado del bienestar tras ocho a\u00f1os de S\u00e1nchez"},"content":{"rendered":"

El 70,7% de los espa\u00f1oles cree que las leyes se aplican de forma diferente seg\u00fan qui\u00e9n sea la persona afectada, el 60,9% considera que recibe menos de lo que aporta a las administraciones y m\u00e1s de la mitad teme un deterioro de la sanidad y del acceso a la vivienda. La encuesta refleja un fuerte respaldo a los servicios p\u00fablicos, pero tambi\u00e9n una creciente desconfianza sobre su funcionamiento, su equidad y su futuro.<\/span><\/strong><\/p>\n

El Centro de Investigaciones Sociol\u00f3gicas (CIS), presidido por Jos\u00e9 F\u00e9lix Tezanos, ha publicado el estudio n\u00famero 3579, <\/span>Actitudes hacia el Estado de bienestar (III)<\/em><\/strong>, fechado el 30 de septiembre de 2026. El trabajo de campo se realiz\u00f3 entre el 10 y el 17 de septiembre, mediante 6.040 entrevistas, y analiza las opiniones de los espa\u00f1oles sobre los derechos sociales, los servicios p\u00fablicos, la fiscalidad, la igualdad de oportunidades y las expectativas de futuro.<\/span><\/p>\n

La principal conclusi\u00f3n es clara: <\/span>los ciudadanos siguen defendiendo ampliamente el Estado del bienestar y reclaman m\u00e1s recursos para sus principales servicios, pero muestran una percepci\u00f3n muy cr\u00edtica sobre los resultados que ofrece, la justicia con la que se distribuyen sus beneficios y su capacidad para responder a las necesidades futuras<\/span><\/strong>.<\/span><\/p>\n

La encuesta dibuja as\u00ed una contradicci\u00f3n de fondo: una sociedad que quiere m\u00e1s y mejores servicios p\u00fablicos, pero que desconf\u00eda de la eficacia del sistema, cuestiona la equidad fiscal y percibe desigualdades en el acceso a derechos fundamentales.<\/span><\/p>\n

Un amplio respaldo a los servicios p\u00fablicos, acompa\u00f1ado de una profunda insatisfacci\u00f3n<\/span><\/h4>\n

Los resultados del CIS revelan una percepci\u00f3n especialmente cr\u00edtica sobre la igualdad ante la ley, el reparto de las cargas fiscales y la relaci\u00f3n entre los impuestos pagados y los servicios recibidos.<\/span><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Indicador<\/span><\/th>\nResultado<\/span><\/th>\n<\/tr>\n
Cree que las leyes se aplican de forma diferente seg\u00fan la persona<\/span><\/td>\n70,7 %<\/span><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Considera que no todos tienen las mismas oportunidades de acceso a los servicios p\u00fablicos<\/span><\/td>\n52,4 %<\/span><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Cree que recibe de las administraciones menos de lo que paga<\/span><\/td>\n60,9 %<\/span><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
No considera que paguen m\u00e1s impuestos quienes m\u00e1s tienen<\/span><\/td>\n68,9 %<\/span><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Cree que la sociedad se beneficia poco o nada de los impuestos y las cotizaciones<\/span><\/td>\n58,7 %<\/span><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Reclama m\u00e1s gasto en sanidad<\/span><\/td>\n94,6 %<\/span><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Reclama m\u00e1s gasto en educaci\u00f3n<\/span><\/td>\n92,6 %<\/span><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Reclama m\u00e1s gasto en prevenci\u00f3n de incendios<\/span><\/td>\n92,1 %<\/span><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

El contraste resulta significativo. Aunque existe un respaldo abrumador a la ampliaci\u00f3n del gasto en servicios esenciales, una mayor\u00eda cuestiona la equidad del sistema y considera insuficiente el retorno que obtiene de sus aportaciones.<\/span><\/p>\n

El problema, por tanto, no se limita a cu\u00e1nto dinero se destina a las pol\u00edticas sociales. Tambi\u00e9n afecta a c\u00f3mo se recauda, c\u00f3mo se distribuye, c\u00f3mo se gestiona y qu\u00e9 resultados perciben los ciudadanos.<\/strong><\/span><\/p>\n

El dato m\u00e1s inquietante es que siete de cada diez encuestados<\/strong> consideran que las leyes no se aplican por igual a todos. Se trata de una percepci\u00f3n que trasciende la evaluaci\u00f3n de la sanidad, la educaci\u00f3n o las pensiones y afecta directamente a la confianza en las instituciones y a la legitimidad del Estado.<\/span><\/p>\n

El deterioro de las expectativas desde 2024<\/span><\/h4>\n

La comparaci\u00f3n con el estudio <\/span>Actitudes hacia el Estado de bienestar (II)<\/span><\/em>, realizado en noviembre de 2024, permite identificar una evoluci\u00f3n negativa especialmente marcada en dos \u00e1mbitos: la vivienda y la sanidad.<\/span><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Indicador<\/span><\/th>\n2024<\/span><\/th>\n2026<\/span><\/th>\nVariaci\u00f3n<\/span><\/th>\n<\/tr>\n
Cree que empeorar\u00e1 el acceso a la primera vivienda<\/span><\/td>\n58,4 %<\/span><\/td>\n65,9 %<\/span><\/strong><\/td>\n+7,5 puntos<\/span><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Cree que empeorar\u00e1 la sanidad<\/span><\/td>\n42,3 %<\/span><\/td>\n51,1 %<\/span><\/strong><\/td>\n+8,8 puntos<\/span><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Cree que empeorar\u00e1n las pensiones<\/span><\/td>\n55,9 %<\/span><\/td>\n57,5 %<\/span><\/strong><\/td>\n+1,6 puntos<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
Considera satisfactorio el funcionamiento de la ense\u00f1anza<\/span><\/td>\n63,8 %<\/span><\/td>\n54,0 %<\/span><\/strong><\/td>\n\u22129,8 puntos<\/span><\/td>\n<\/tr>\n
Considera satisfactorio el transporte<\/span><\/td>\n60,9 %<\/span><\/td>\n56,2 %<\/span><\/strong><\/td>\n\u22124,7 puntos<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Fuente: estudios del CIS de 2024 y 2026. Variaciones expresadas en puntos porcentuales.<\/span><\/em><\/p>\n

La evoluci\u00f3n de las expectativas es especialmente reveladora. En apenas dos a\u00f1os, la proporci\u00f3n de ciudadanos que teme un empeoramiento de la sanidad ha aumentado 8,8 puntos, mientras que la preocupaci\u00f3n por el acceso a la primera vivienda ha crecido 7,5 puntos. Al mismo tiempo, cae casi diez puntos la valoraci\u00f3n satisfactoria de la ense\u00f1anza.<\/span><\/p>\n

La vivienda y la sanidad concentran dos de las principales se\u00f1ales de deterioro de las expectativas ciudadanas.<\/span><\/strong> En educaci\u00f3n, adem\u00e1s, disminuye la proporci\u00f3n de quienes consideran satisfactorio su funcionamiento.<\/span><\/p>\n

En materia fiscal y de igualdad ante la ley, el diagn\u00f3stico del estudio de 2026 sigue siendo muy cr\u00edtico. Para determinar con precisi\u00f3n si estas percepciones se han mantenido estables desde 2024, conviene contrastar los porcentajes correspondientes de ambos cuestionarios.<\/span><\/p>\n

La vivienda, el gran examen de la pol\u00edtica social<\/span><\/h4>\n

La vivienda constituye uno de los puntos m\u00e1s delicados para el Gobierno de Pedro S\u00e1nchez. El 65,9 % de los encuestados considera que el acceso a la primera vivienda empeorar\u00e1, un indicador que refleja la dificultad para convertir el reconocimiento de un derecho en una realidad accesible para amplias capas de la poblaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

La cuesti\u00f3n tiene especial relevancia pol\u00edtica porque la vivienda ha ganado protagonismo en la agenda del Ejecutivo y en el debate p\u00fablico. En 2023 se aprob\u00f3 la Ley por el Derecho a la Vivienda, que contempla, entre otras medidas, mecanismos relacionados con las zonas de mercado residencial tensionado y la regulaci\u00f3n de los alquileres en determinados supuestos.<\/span><\/p>\n

La encuesta no permite atribuir el deterioro de las expectativas a esa ley ni a una \u00fanica decisi\u00f3n gubernamental. S\u00ed plantea, sin embargo, una pregunta pol\u00edtica leg\u00edtima: <\/span>\u00bfpor qu\u00e9 las medidas adoptadas no se han traducido en una expectativa social m\u00e1s favorable sobre el acceso a la vivienda?<\/span><\/strong><\/p>\n

El problema, adem\u00e1s, no puede desligarse de la evoluci\u00f3n de la oferta inmobiliaria. El Banco de Espa\u00f1a ha advertido del desajuste entre la creaci\u00f3n de hogares y la construcci\u00f3n de vivienda nueva. La insuficiencia de oferta frente a la demanda constituye uno de los factores estructurales que ayudan a explicar las dificultades de acceso, aunque su alcance concreto debe respaldarse con la serie estad\u00edstica y el periodo de referencia correspondientes.<\/span><\/p>\n

Tras m\u00e1s de ocho a\u00f1os de S\u00e1nchez en el Gobierno, la vivienda se ha convertido en una prueba especialmente visible de la distancia entre los objetivos anunciados y los resultados que esperan los ciudadanos. La responsabilidad pol\u00edtica del Ejecutivo debe evaluarse atendiendo a sus competencias, sus decisiones y sus resultados, sin ignorar el papel de las comunidades aut\u00f3nomas y los ayuntamientos.<\/span><\/p>\n

Sanidad: m\u00e1s preocupaci\u00f3n por el futuro<\/span><\/h4>\n

La sanidad presenta otra se\u00f1al de alarma. La proporci\u00f3n de encuestados que teme que empeore aumenta del 42,3 % en 2024 al 51,1 % en 2026. En paralelo, el 94,6 % reclama m\u00e1s gasto sanitario.<\/span><\/p>\n

Ambos resultados reflejan una demanda social muy elevada de protecci\u00f3n sanitaria y una inquietud creciente sobre la evoluci\u00f3n del servicio.<\/span><\/p>\n

La lectura pol\u00edtica es relevante, aunque exige cautela. El aumento del gasto, por s\u00ed solo, no garantiza una mejora proporcional de la experiencia ciudadana: tambi\u00e9n importan la organizaci\u00f3n asistencial, las listas de espera, la disponibilidad de profesionales, la atenci\u00f3n primaria y la eficiencia en el uso de los recursos.<\/span><\/p>\n

Ahora bien, la encuesta tampoco demuestra que el gasto sanitario haya aumentado de manera homog\u00e9nea en todas las administraciones ni permite concluir que una mayor inversi\u00f3n no haya producido mejoras. Para establecer esa relaci\u00f3n ser\u00eda necesario contrastar las percepciones con datos objetivos de financiaci\u00f3n, actividad asistencial, tiempos de espera y resultados sanitarios.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, la sanidad es una competencia compartida en t\u00e9rminos de financiaci\u00f3n y gobernanza, con un papel central de las comunidades aut\u00f3nomas en la prestaci\u00f3n del servicio. La responsabilidad del Gobierno central debe valorarse dentro de ese reparto competencial.<\/span><\/p>\n

Pensiones: preocupaci\u00f3n por la sostenibilidad<\/span><\/h4>\n

Las pensiones ofrecen un diagn\u00f3stico diferente. El porcentaje de ciudadanos que cree que empeorar\u00e1n pasa del 55,9 % al 57,5 %, un incremento de 1,6 puntos.<\/span><\/p>\n

El cambio es menor que el registrado en vivienda y sanidad, pero la preocupaci\u00f3n sigue siendo mayoritaria. El dato refleja una inquietud persistente sobre el futuro de una de las principales piezas del Estado del bienestar.<\/span><\/p>\n

La encuesta no cuestiona directamente la evoluci\u00f3n de las prestaciones actuales ni permite medir por s\u00ed sola la sostenibilidad financiera del sistema. Lo que pone de manifiesto es que las medidas presentes no eliminan la incertidumbre sobre su evoluci\u00f3n a largo plazo.<\/span><\/p>\n

La cuesti\u00f3n pol\u00edtica consiste en garantizar que la protecci\u00f3n de los pensionistas actuales pueda mantenerse sin trasladar desequilibrios insostenibles a las generaciones futuras.<\/span><\/p>\n

La desigualdad ante la ley, el problema m\u00e1s profundo<\/span><\/h4>\n

El 70,7 % de los encuestados cree que las leyes se aplican de forma diferente seg\u00fan la persona afectada. Es uno de los datos m\u00e1s contundentes del estudio.<\/span><\/p>\n

Esta percepci\u00f3n tiene un alcance mayor que la insatisfacci\u00f3n con un servicio p\u00fablico concreto. Afecta a la confianza en la igualdad ante la ley, a la imparcialidad de las instituciones y a la idea de que todos los ciudadanos est\u00e1n sujetos a las mismas reglas.<\/span><\/p>\n

Cuando una mayor\u00eda considera que la aplicaci\u00f3n de las normas depende de qui\u00e9n sea el afectado, el problema deja de ser exclusivamente administrativo y se convierte en una cuesti\u00f3n de legitimidad institucional.<\/span><\/p>\n

El resultado constituye un aviso para cualquier Gobierno, independientemente de su orientaci\u00f3n pol\u00edtica. La confianza en el Estado no depende \u00fanicamente de las prestaciones que ofrece, sino tambi\u00e9n de la percepci\u00f3n de que act\u00faa con imparcialidad, transparencia y equidad.<\/span><\/p>\n

El sistema fiscal, bajo sospecha<\/span><\/h4>\n

La encuesta tambi\u00e9n revela un problema de legitimidad distributiva. El 68,9 % no cree que quienes m\u00e1s tienen sean quienes m\u00e1s impuestos pagan, mientras que el 60,9 % considera que recibe de las administraciones menos de lo que aporta. Adem\u00e1s, el 58,7 % cree que la sociedad se beneficia poco o nada de los impuestos y las cotizaciones.<\/span><\/p>\n

Estos porcentajes apuntan a una brecha entre la aceptaci\u00f3n del Estado del bienestar y la confianza en los mecanismos que lo financian y administran.<\/span><\/p>\n

Los ciudadanos pueden defender una mayor inversi\u00f3n en sanidad, educaci\u00f3n y protecci\u00f3n social y, al mismo tiempo, desconfiar de la justicia del sistema fiscal o de la eficiencia del gasto. No existe una contradicci\u00f3n necesaria entre ambas posiciones: reclamar servicios de calidad no equivale a considerar que el sistema actual funcione correctamente.<\/span><\/p>\n

La principal dificultad pol\u00edtica consiste en conciliar tres demandas: m\u00e1s prestaciones, mayor eficiencia y una distribuci\u00f3n de las cargas fiscales que se perciba como justa.<\/span><\/strong><\/p>\n

Por eso, incrementar el gasto no garantiza autom\u00e1ticamente una reducci\u00f3n de la insatisfacci\u00f3n. La percepci\u00f3n de que los recursos se utilizan de forma ineficiente o de que las cargas no se distribuyen equitativamente puede debilitar el apoyo al sistema, incluso cuando existe un amplio consenso sobre la necesidad de mantenerlo.<\/span><\/p>\n

Ocho a\u00f1os de S\u00e1nchez: la distancia entre las pol\u00edticas y los resultados<\/span><\/h4>\n

Los datos adquieren una dimensi\u00f3n pol\u00edtica especial al conocerse despu\u00e9s de m\u00e1s de ocho a\u00f1os de gobiernos presididos por Pedro S\u00e1nchez. La encuesta permite examinar el clima social durante ese periodo y constatar que persisten importantes dudas sobre el funcionamiento del Estado del bienestar.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, no demuestra por s\u00ed sola que el deterioro de las expectativas sea consecuencia directa de la actuaci\u00f3n del Ejecutivo. Los resultados reflejan percepciones ciudadanas, no una evaluaci\u00f3n causal de las pol\u00edticas p\u00fablicas. Adem\u00e1s, \u00e1mbitos como la sanidad, la educaci\u00f3n, la vivienda y los servicios sociales dependen en buena medida de las comunidades aut\u00f3nomas y, en determinados aspectos, de los ayuntamientos.<\/span><\/p>\n

Esa distribuci\u00f3n de competencias no exime al Gobierno central de responsabilidad pol\u00edtica. El Ejecutivo dispone de instrumentos legislativos, presupuestarios, fiscales y de coordinaci\u00f3n que influyen en la evoluci\u00f3n de los servicios y de las condiciones de acceso a derechos sociales. La cuesti\u00f3n es determinar qu\u00e9 parte de los resultados corresponde a sus decisiones y qu\u00e9 parte responde a factores estructurales o a la gesti\u00f3n de otras administraciones.<\/span><\/p>\n

La lectura m\u00e1s s\u00f3lida de la encuesta no es que el Estado del bienestar haya dejado de contar con respaldo social. Es casi lo contrario: la ciudadan\u00eda contin\u00faa reclamando una intervenci\u00f3n p\u00fablica intensa, pero cuestiona que el sistema est\u00e9 respondiendo de manera suficiente y equitativa.<\/span><\/p>\n

El contraste entre las expectativas de los ciudadanos y los objetivos proclamados por las administraciones constituye, en cualquier caso, un elemento relevante para evaluar la gesti\u00f3n p\u00fablica. Despu\u00e9s de tantos a\u00f1os en el poder, el Gobierno debe responder no solo por las pol\u00edticas anunciadas, sino tambi\u00e9n por los resultados obtenidos en los \u00e1mbitos sobre los que tiene capacidad efectiva de actuaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Un Estado del bienestar que conserva el apoyo, pero pierde confianza<\/span><\/h4>\n

El estudio del CIS deja diez conclusiones principales:<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. El respaldo al Estado del bienestar sigue siendo muy elevado.<\/span><\/strong> La demanda de m\u00e1s gasto en sanidad, educaci\u00f3n y prevenci\u00f3n de incendios demuestra que los ciudadanos no reclaman una retirada del Estado, sino servicios p\u00fablicos que respondan mejor a sus necesidades.<\/span><\/li>\n
  2. La vivienda es uno de los principales focos de pesimismo.<\/span><\/strong> El aumento de 7,5 puntos en quienes creen que empeorar\u00e1 el acceso a la primera vivienda refleja la dificultad de convertir el reconocimiento de ese derecho en una expectativa de acceso real.<\/span><\/li>\n
  3. La sanidad concentra una preocupaci\u00f3n creciente.<\/span><\/strong> La proporci\u00f3n de quienes prev\u00e9n un deterioro aumenta 8,8 puntos en dos a\u00f1os, pese al respaldo pr\u00e1cticamente un\u00e1nime a un mayor gasto sanitario.<\/span><\/li>\n
  4. La ense\u00f1anza pierde valoraci\u00f3n.<\/span><\/strong> La ca\u00edda de 9,8 puntos en la proporci\u00f3n de ciudadanos que consideran satisfactorio su funcionamiento constituye otra se\u00f1al de alerta sobre la percepci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos.<\/span><\/li>\n
  5. Las pensiones siguen generando incertidumbre.<\/span><\/strong> Aunque el empeoramiento de las expectativas es m\u00e1s moderado, m\u00e1s de la mitad de los encuestados teme una evoluci\u00f3n desfavorable.<\/span><\/li>\n
  6. La igualdad ante la ley aparece como una debilidad institucional.<\/span><\/strong> El 70,7 % cree que las normas se aplican de manera diferente seg\u00fan la persona afectada, un dato que cuestiona la confianza en la imparcialidad del sistema.<\/span><\/li>\n
  7. La justicia fiscal est\u00e1 en entredicho.<\/span><\/strong> Una mayor\u00eda no considera que quienes m\u00e1s tienen sean quienes m\u00e1s impuestos pagan y cree que la sociedad obtiene pocos beneficios de las aportaciones fiscales y sociales.<\/span><\/li>\n
  8. Existe una brecha entre lo que se paga y lo que se percibe.<\/span><\/strong> El 60,9 % considera que recibe menos de lo que aporta a las administraciones, una percepci\u00f3n que puede debilitar la legitimidad del gasto p\u00fablico.<\/span><\/li>\n
  9. El deterioro de las expectativas no es uniforme.<\/span><\/strong> La vivienda y la sanidad destacan por la evoluci\u00f3n negativa desde 2024, mientras que la educaci\u00f3n registra una ca\u00edda relevante en su valoraci\u00f3n satisfactoria.<\/span><\/li>\n
  10. La principal exigencia ciudadana es que el sistema funcione mejor.<\/span><\/strong> Los resultados apuntan a la necesidad de evaluar no solo los recursos destinados a las pol\u00edticas sociales, sino tambi\u00e9n su eficiencia, sus resultados y la equidad en el acceso a las prestaciones.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    La conclusi\u00f3n pol\u00edtica: m\u00e1s Estado no basta si no ofrece mejores resultados<\/span><\/h4>\n

    La encuesta dibuja una sociedad que quiere mantener e incluso ampliar el Estado del bienestar, pero que desconf\u00eda de la capacidad de las administraciones para financiarlo, gestionarlo y distribuir sus beneficios de forma eficaz y justa.<\/span><\/p>\n

    Esa es la principal tensi\u00f3n que atraviesa el estudio: <\/span>los ciudadanos reclaman m\u00e1s servicios p\u00fablicos, pero una mayor\u00eda cuestiona la equidad fiscal, la igualdad ante la ley y la relaci\u00f3n entre sus aportaciones y los beneficios que reciben<\/span><\/strong>.<\/span><\/p>\n

    Tras m\u00e1s de ocho a\u00f1os de S\u00e1nchez en el Gobierno, el diagn\u00f3stico merece atenci\u00f3n. No porque la encuesta demuestre que el Ejecutivo sea el responsable exclusivo de todos los problemas detectados, sino porque pone de manifiesto que las pol\u00edticas, las prestaciones y los compromisos p\u00fablicos no han eliminado una profunda insatisfacci\u00f3n en \u00e1mbitos esenciales.<\/span><\/p>\n

    El desaf\u00edo ya no consiste \u00fanicamente en anunciar nuevos derechos o aumentar las partidas presupuestarias. Consiste en demostrar que los recursos se traducen en mejores servicios, que el acceso a ellos es m\u00e1s equitativo y que el sistema fiscal reparte las cargas de forma que los ciudadanos consideren justa.<\/span><\/p>\n

    El Estado del bienestar conserva el respaldo social, pero ese respaldo no equivale a un voto de confianza sobre su funcionamiento.<\/span><\/strong> La distancia entre ambas cosas constituye el principal mensaje pol\u00edtico de la encuesta y uno de los indicadores que deben tenerse en cuenta al evaluar la gesti\u00f3n de las administraciones durante los \u00faltimos a\u00f1os.<\/span><\/p>\nEntre 2024 y 2026, quienes creen que empeorar\u00e1 el acceso a la primera vivienda pasan del 58,4% al 65,9%. En sanidad, del 42,3% al 51,1%. Dos grandes fracturas del Estado del bienestar. #Vivienda #Sanidad <\/a><\/span>Compartir en X<\/a><\/span>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    El 70,7% de los espa\u00f1oles cree que las leyes se aplican de forma diferente seg\u00fan qui\u00e9n sea la persona afectada, el 60,9% considera que recibe menos de lo que aporta a las administraciones y m\u00e1s de la mitad teme un deterioro de la sanidad y del acceso a la vivienda. La encuesta refleja un fuerte respaldo a los servicios p\u00fablicos, pero tambi\u00e9n una creciente desconfianza sobre su funcionamiento, su equidad y su futuro. El Centro de Investigaciones Sociol\u00f3gicas (CIS), presidido por Jos\u00e9 F\u00e9lix Tezanos, ha publicado el estudio n\u00famero 3579, Actitudes hacia el Estado de bienestar (III), fechado el 30 de septiembre de 2026. El trabajo de campo se realiz\u00f3 entre el 10 y el 17 de septiembre, mediante 6.040 entrevistas, y analiza las opiniones de los espa\u00f1oles sobre los derechos sociales, los servicios p\u00fablicos, la fiscalidad, la igualdad de oportunidades y las expectativas de futuro. La principal conclusi\u00f3n es clara: los ciudadanos siguen defendiendo ampliamente el Estado del bienestar y reclaman m\u00e1s recursos para sus principales servicios, pero muestran una percepci\u00f3n muy cr\u00edtica sobre los resultados que ofrece, la justicia con la que se distribuyen sus beneficios y su capacidad para responder a las necesidades futuras. La encuesta dibuja as\u00ed una contradicci\u00f3n de fondo: una sociedad que quiere m\u00e1s y mejores servicios p\u00fablicos, pero que desconf\u00eda de la eficacia del sistema, cuestiona la equidad fiscal y percibe desigualdades en el acceso a derechos fundamentales. Un amplio respaldo a los servicios p\u00fablicos, acompa\u00f1ado de una profunda insatisfacci\u00f3n Los resultados del CIS revelan una percepci\u00f3n especialmente cr\u00edtica sobre la igualdad ante la ley, el reparto de las cargas fiscales y la relaci\u00f3n entre los impuestos pagados y los servicios recibidos. Indicador Resultado Cree que las leyes se aplican de forma diferente seg\u00fan la persona 70,7 % Considera que no todos tienen las mismas oportunidades de acceso a los servicios p\u00fablicos 52,4 % Cree que recibe de las administraciones menos de lo que paga 60,9 % No considera que paguen m\u00e1s impuestos quienes m\u00e1s tienen 68,9 % Cree que la sociedad se beneficia poco o nada de los impuestos y las cotizaciones 58,7 % Reclama m\u00e1s gasto en sanidad 94,6 % Reclama m\u00e1s gasto en educaci\u00f3n 92,6 % Reclama m\u00e1s gasto en prevenci\u00f3n de incendios 92,1 % El contraste resulta significativo. Aunque existe un respaldo abrumador a la ampliaci\u00f3n del gasto en servicios esenciales, una mayor\u00eda cuestiona la equidad del sistema y considera insuficiente el retorno que obtiene de sus aportaciones. El problema, por tanto, no se limita a cu\u00e1nto dinero se destina a las pol\u00edticas sociales. Tambi\u00e9n afecta a c\u00f3mo se recauda, c\u00f3mo se distribuye, c\u00f3mo se gestiona y qu\u00e9 resultados perciben los ciudadanos. El dato m\u00e1s inquietante es que siete de cada diez encuestados consideran que las leyes no se aplican por igual a todos. Se trata de una percepci\u00f3n que trasciende la evaluaci\u00f3n de la sanidad, la educaci\u00f3n o las pensiones y afecta directamente a la confianza en las instituciones y a la legitimidad del Estado. El deterioro de las expectativas desde 2024 La comparaci\u00f3n con el estudio Actitudes hacia el Estado de bienestar (II), realizado en noviembre de 2024, permite identificar una evoluci\u00f3n negativa especialmente marcada en dos \u00e1mbitos: la vivienda y la sanidad. Indicador 2024 2026 Variaci\u00f3n Cree que empeorar\u00e1 el acceso a la primera vivienda 58,4 % 65,9 % +7,5 puntos Cree que empeorar\u00e1 la sanidad 42,3 % 51,1 % +8,8 puntos Cree que empeorar\u00e1n las pensiones 55,9 % 57,5 % +1,6 puntos Considera satisfactorio el funcionamiento de la ense\u00f1anza 63,8 % 54,0 % \u22129,8 puntos Considera satisfactorio el transporte 60,9 % 56,2 % \u22124,7 puntos Fuente: estudios del CIS de 2024 y 2026. Variaciones expresadas en puntos porcentuales. La evoluci\u00f3n de las expectativas es especialmente reveladora. En apenas dos a\u00f1os, la proporci\u00f3n de ciudadanos que teme un empeoramiento de la sanidad ha aumentado 8,8 puntos, mientras que la preocupaci\u00f3n por el acceso a la primera vivienda ha crecido 7,5 puntos. Al mismo tiempo, cae casi diez puntos la valoraci\u00f3n satisfactoria de la ense\u00f1anza. La vivienda y la sanidad concentran dos de las principales se\u00f1ales de deterioro de las expectativas ciudadanas. En educaci\u00f3n, adem\u00e1s, disminuye la proporci\u00f3n de quienes consideran satisfactorio su funcionamiento. En materia fiscal y de igualdad ante la ley, el diagn\u00f3stico del estudio de 2026 sigue siendo muy cr\u00edtico. Para determinar con precisi\u00f3n si estas percepciones se han mantenido estables desde 2024, conviene contrastar los porcentajes correspondientes de ambos cuestionarios. La vivienda, el gran examen de la pol\u00edtica social La vivienda constituye uno de los puntos m\u00e1s delicados para el Gobierno de Pedro S\u00e1nchez. El 65,9 % de los encuestados considera que el acceso a la primera vivienda empeorar\u00e1, un indicador que refleja la dificultad para convertir el reconocimiento de un derecho en una realidad accesible para amplias capas de la poblaci\u00f3n. La cuesti\u00f3n tiene especial relevancia pol\u00edtica porque la vivienda ha ganado protagonismo en la agenda del Ejecutivo y en el debate p\u00fablico. En 2023 se aprob\u00f3 la Ley por el Derecho a la Vivienda, que contempla, entre otras medidas, mecanismos relacionados con las zonas de mercado residencial tensionado y la regulaci\u00f3n de los alquileres en determinados supuestos. La encuesta no permite atribuir el deterioro de las expectativas a esa ley ni a una \u00fanica decisi\u00f3n gubernamental. S\u00ed plantea, sin embargo, una pregunta pol\u00edtica leg\u00edtima: \u00bfpor qu\u00e9 las medidas adoptadas no se han traducido en una expectativa social m\u00e1s favorable sobre el acceso a la vivienda? El problema, adem\u00e1s, no puede desligarse de la evoluci\u00f3n de la oferta inmobiliaria. El Banco de Espa\u00f1a ha advertido del desajuste entre la creaci\u00f3n de hogares y la construcci\u00f3n de vivienda nueva. La insuficiencia de oferta frente a la demanda constituye uno de los factores estructurales que ayudan a explicar las dificultades de acceso, aunque su alcance concreto debe respaldarse con la serie estad\u00edstica y el periodo de referencia correspondientes. 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