{"id":100155,"date":"2026-07-10T05:38:30","date_gmt":"2026-07-10T03:38:30","guid":{"rendered":"https:\/\/conversesacatalunya.cat\/?p=100155"},"modified":"2026-07-10T05:55:13","modified_gmt":"2026-07-10T03:55:13","slug":"precio-de-destruir-la-familia-coste-50-000-euros-al-ano-por-menor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/conversesacatalunya.cat\/es\/precio-de-destruir-la-familia-coste-50-000-euros-al-ano-por-menor\/","title":{"rendered":"El precio de destruir a la familia: un coste de 50.000 euros al a\u00f1o por menor"},"content":{"rendered":"

Cuando se habla de la familia, el debate pol\u00edtico suele moverse en el terreno de los valores, derechos o modelos de convivencia. Es un debate necesario, pero incompleto. Tambi\u00e9n\u00a0<\/span>existe una dimensi\u00f3n econ\u00f3mica que a menudo queda escondida:<\/span><\/strong> \u00bfqu\u00e9 cuesta sustituir la funci\u00f3n que desempe\u00f1a una familia cuando esta falla o desaparece?<\/span><\/span><\/p>\n

Los datos de la propia Generalitat ofrecen una respuesta tan contundente como poco conocida.<\/span><\/span><\/p>\n

Entre 2022 y 2025, el coste de un menor tutelado en un centro residencial en Catalunya oscila entre los\u00a0<\/span>3.000 y los 4.000 euros mensuales,<\/span><\/strong>\u00a0seg\u00fan la edad. En t\u00e9rminos anuales, el gasto se sit\u00faa en torno a los\u00a0<\/span>50.000 euros por menor.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

Los\u00a0<\/span>menores extranjeros no acompa\u00f1ados<\/span><\/strong>\u00a0presentan cifras similares. En 2024, la Generalitat destin\u00f3 115,5 millones de euros a la atenci\u00f3n de 4.802 menores, con un coste medio de 134,86 euros diarios, esto es, unos 4.000 euros mensuales o aproximadamente 50.000 euros anuales por cada menor atendido.<\/span><\/span><\/p>\n

En cambio, cuando el menor es acogido por una familia, la realidad es radicalmente distinta.<\/span><\/strong><\/span><\/h5>\n

La prestaci\u00f3n p\u00fablica es de unos\u00a0<\/span>500 euros mensuales.<\/span><\/strong> Esta ayuda contribuye a los gastos b\u00e1sicos, pero la parte esencial de la atenci\u00f3n \u2014la vivienda, la dedicaci\u00f3n, el tiempo, el cari\u00f1o y la vida cotidiana\u2014 es <\/span>aportada gratuitamente por la familia acogedora.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

La diferencia es extraordinaria. El sistema residencial llega a costar ocho veces m\u00e1s que el acogimiento familiar.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Por supuesto,\u00a0<\/span><\/span>no se trata de servicios equivalentes.<\/span><\/span><\/strong>\u00a0Un centro residencial funciona las veinticuatro horas del d\u00eda, con educadores, monitores, personal de cocina, limpieza, mantenimiento, direcci\u00f3n, coordinaci\u00f3n, vigilancia y toda una estructura administrativa. Pero, precisamente, esta comparaci\u00f3n pone de manifiesto una realidad a menudo ignorada:\u00a0<\/span><\/span>el inmenso valor econ\u00f3mico que genera una familia funcional.<\/span><\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

Cada familia que es capaz de criar a sus hijos, o que asume voluntariamente la acogida de un menor,\u00a0<\/span>evita un gasto p\u00fablico que puede superar los 40.000 euros anuales.<\/span><\/strong>\u00a0Y esto sin contabilizar los beneficios humanos, educativos, emocionales y sociales que proporciona crecer dentro de un entorno familiar estable.<\/span><\/span><\/p>\n

Este es el gran valor oculto de la familia.<\/span><\/span><\/p>\n

La paradoja es que, mientras el sistema p\u00fablico asume sin demasiada discusi\u00f3n costes muy elevados cuando la familia falla, las pol\u00edticas p\u00fablicas dedican una escasa atenci\u00f3n a evitar, precisamente, este fracaso.<\/span><\/span><\/p>\n

Existe otro aspecto especialmente revelador.<\/span><\/span><\/p>\n

Varios estudios sit\u00faan el\u00a0<\/span><\/span>coste real de criar a un hijo en Catalunya<\/span><\/span><\/strong>\u00a0en torno a los\u00a0<\/span><\/span>900 euros mensuales.<\/span><\/span><\/strong>\u00a0Sin embargo, las\u00a0<\/span><\/span>familias de acogida perciben aproximadamente la mitad<\/span><\/span><\/strong>\u00a0de esta cantidad.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

El argumento habitual es que\u00a0<\/span>una remuneraci\u00f3n superior podr\u00eda incentivar acogimientos motivados por el dinero.<\/span><\/strong>\u00a0Pero ese razonamiento resulta poco convincente. Las administraciones disponen de mecanismos suficientes para valorar la idoneidad de cada familia antes de autorizar una acogida. Penalizar a todas las familias para evitar hipot\u00e9ticos abusos significa, en la pr\u00e1ctica, dificultar que haya m\u00e1s.<\/span><\/span><\/p>\n

Sin embargo, esta severidad desaparece cuando se trata del sistema residencial.<\/span><\/strong><\/h5>\n

Durante los \u00faltimos a\u00f1os han aparecido numerosas informaciones sobre graves irregularidades en la\u00a0<\/span><\/span>gesti\u00f3n de la DGAIA<\/a>,<\/span><\/span><\/strong>\u00a0hasta el punto de que la propia Generalitat impuls\u00f3 su sustituci\u00f3n por una nueva estructura, la DIGAPPIA. Tambi\u00e9n se han investigado posibles anomal\u00edas en el control de las plazas residenciales, en la contrataci\u00f3n y en la supervisi\u00f3n de los recursos p\u00fablicos, mientras la Oficina Antifrau ha intervenido en varios expedientes relacionados con este \u00e1mbito.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

El resultado es una contradicci\u00f3n dif\u00edcil de explicar: una extraordinaria exigencia presupuestaria con las familias y mucha menos eficacia en el control de un sistema que moviliza a cientos de millones de euros.<\/span><\/span><\/p>\n

De esa realidad se pueden extraer cuatro conclusiones.<\/span><\/strong><\/h4>\n

La primera<\/span><\/strong>\u00a0es que el sistema residencial es extraordinariamente costoso y necesita un control mucho m\u00e1s riguroso de los recursos p\u00fablicos.<\/span><\/span><\/p>\n

La segunda<\/span><\/strong>\u00a0es que Catalunya no hace una apuesta decidida por ampliar el n\u00famero de familias acogedoras, aunque representan la opci\u00f3n m\u00e1s humana y tambi\u00e9n la m\u00e1s eficiente desde el punto de vista econ\u00f3mico.<\/span><\/span><\/p>\n

La tercera<\/span><\/span><\/strong>\u00a0es que estos datos permiten comprender mejor hasta qu\u00e9 punto las familias estables constituyen una aut\u00e9ntica infraestructura social. Cuando funcionan, ahorran enormes cantidades de gasto p\u00fablico que despu\u00e9s hay que sustituir con servicios mucho m\u00e1s caros.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Y la cuarta<\/span><\/strong>\u00a0es pol\u00edtica.<\/span><\/span><\/p>\n

Pese a esta evidencia, el Gobierno de Illa sigue orientando sus prioridades en una direcci\u00f3n muy distinta. La negativa a desarrollar medidas de apoyo familiar como las recogidas en la Moci\u00f3n 124\/XV del Parlament, la falta de una pol\u00edtica potente de apoyo a la natalidad, la persistencia de la pobreza infantil y programas como el Coeduca’t responden a una concepci\u00f3n que tiende a reducir el papel educativo de los padres y madres e incrementar el protagonismo de las instituciones p\u00fablicas.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Ya no es aceptable ignorar el coste del modelo que se aplica en Catalunya.<\/span><\/span><\/p>\n

La familia no es solo una instituci\u00f3n moral o cultural. Tambi\u00e9n es una instituci\u00f3n econ\u00f3mica de una eficacia extraordinaria. Cuando la pol\u00edtica deja de fortalecerla, la sociedad acaba pagando dos veces: primero, con el deterioro de los v\u00ednculos humanos y despu\u00e9s con una factura p\u00fablica inmensamente superior.<\/span><\/span><\/p>\n

La realidad es tozuda. Y las cifras tambi\u00e9n.<\/span><\/span><\/p>\nEl coste de un menor tutelado en Catalunya supera los 50.000\u20ac anuales. Las cifras comparan el sistema residencial con el acogimiento familiar. <\/a><\/span>Compartir en X<\/a><\/span>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Cuando se habla de la familia, el debate pol\u00edtico suele moverse en el terreno de los valores, derechos o modelos de convivencia. Es un debate necesario, pero incompleto. Tambi\u00e9n\u00a0existe una dimensi\u00f3n econ\u00f3mica que a menudo queda escondida: \u00bfqu\u00e9 cuesta sustituir la funci\u00f3n que desempe\u00f1a una familia cuando esta falla o desaparece? Los datos de la propia Generalitat ofrecen una respuesta tan contundente como poco conocida. Entre 2022 y 2025, el coste de un menor tutelado en un centro residencial en Catalunya oscila entre los\u00a03.000 y los 4.000 euros mensuales,\u00a0seg\u00fan la edad. En t\u00e9rminos anuales, el gasto se sit\u00faa en torno a los\u00a050.000 euros por menor. Los\u00a0menores extranjeros no acompa\u00f1ados\u00a0presentan cifras similares. En 2024, la Generalitat destin\u00f3 115,5 millones de euros a la atenci\u00f3n de 4.802 menores, con un coste medio de 134,86 euros diarios, esto es, unos 4.000 euros mensuales o aproximadamente 50.000 euros anuales por cada menor atendido. En cambio, cuando el menor es acogido por una familia, la realidad es radicalmente distinta. La prestaci\u00f3n p\u00fablica es de unos\u00a0500 euros mensuales. Esta ayuda contribuye a los gastos b\u00e1sicos, pero la parte esencial de la atenci\u00f3n \u2014la vivienda, la dedicaci\u00f3n, el tiempo, el cari\u00f1o y la vida cotidiana\u2014 es aportada gratuitamente por la familia acogedora. La diferencia es extraordinaria. El sistema residencial llega a costar ocho veces m\u00e1s que el acogimiento familiar. Por supuesto,\u00a0no se trata de servicios equivalentes.\u00a0Un centro residencial funciona las veinticuatro horas del d\u00eda, con educadores, monitores, personal de cocina, limpieza, mantenimiento, direcci\u00f3n, coordinaci\u00f3n, vigilancia y toda una estructura administrativa. Pero, precisamente, esta comparaci\u00f3n pone de manifiesto una realidad a menudo ignorada:\u00a0el inmenso valor econ\u00f3mico que genera una familia funcional. Cada familia que es capaz de criar a sus hijos, o que asume voluntariamente la acogida de un menor,\u00a0evita un gasto p\u00fablico que puede superar los 40.000 euros anuales.\u00a0Y esto sin contabilizar los beneficios humanos, educativos, emocionales y sociales que proporciona crecer dentro de un entorno familiar estable. Este es el gran valor oculto de la familia. La paradoja es que, mientras el sistema p\u00fablico asume sin demasiada discusi\u00f3n costes muy elevados cuando la familia falla, las pol\u00edticas p\u00fablicas dedican una escasa atenci\u00f3n a evitar, precisamente, este fracaso. Existe otro aspecto especialmente revelador. Varios estudios sit\u00faan el\u00a0coste real de criar a un hijo en Catalunya\u00a0en torno a los\u00a0900 euros mensuales.\u00a0Sin embargo, las\u00a0familias de acogida perciben aproximadamente la mitad\u00a0de esta cantidad. El argumento habitual es que\u00a0una remuneraci\u00f3n superior podr\u00eda incentivar acogimientos motivados por el dinero.\u00a0Pero ese razonamiento resulta poco convincente. Las administraciones disponen de mecanismos suficientes para valorar la idoneidad de cada familia antes de autorizar una acogida. Penalizar a todas las familias para evitar hipot\u00e9ticos abusos significa, en la pr\u00e1ctica, dificultar que haya m\u00e1s. Sin embargo, esta severidad desaparece cuando se trata del sistema residencial. Durante los \u00faltimos a\u00f1os han aparecido numerosas informaciones sobre graves irregularidades en la\u00a0gesti\u00f3n de la DGAIA,\u00a0hasta el punto de que la propia Generalitat impuls\u00f3 su sustituci\u00f3n por una nueva estructura, la DIGAPPIA. Tambi\u00e9n se han investigado posibles anomal\u00edas en el control de las plazas residenciales, en la contrataci\u00f3n y en la supervisi\u00f3n de los recursos p\u00fablicos, mientras la Oficina Antifrau ha intervenido en varios expedientes relacionados con este \u00e1mbito. El resultado es una contradicci\u00f3n dif\u00edcil de explicar: una extraordinaria exigencia presupuestaria con las familias y mucha menos eficacia en el control de un sistema que moviliza a cientos de millones de euros. De esa realidad se pueden extraer cuatro conclusiones. La primera\u00a0es que el sistema residencial es extraordinariamente costoso y necesita un control mucho m\u00e1s riguroso de los recursos p\u00fablicos. La segunda\u00a0es que Catalunya no hace una apuesta decidida por ampliar el n\u00famero de familias acogedoras, aunque representan la opci\u00f3n m\u00e1s humana y tambi\u00e9n la m\u00e1s eficiente desde el punto de vista econ\u00f3mico. La tercera\u00a0es que estos datos permiten comprender mejor hasta qu\u00e9 punto las familias estables constituyen una aut\u00e9ntica infraestructura social. Cuando funcionan, ahorran enormes cantidades de gasto p\u00fablico que despu\u00e9s hay que sustituir con servicios mucho m\u00e1s caros. Y la cuarta\u00a0es pol\u00edtica. Pese a esta evidencia, el Gobierno de Illa sigue orientando sus prioridades en una direcci\u00f3n muy distinta. La negativa a desarrollar medidas de apoyo familiar como las recogidas en la Moci\u00f3n 124\/XV del Parlament, la falta de una pol\u00edtica potente de apoyo a la natalidad, la persistencia de la pobreza infantil y programas como el Coeduca’t responden a una concepci\u00f3n que tiende a reducir el papel educativo de los padres y madres e incrementar el protagonismo de las instituciones p\u00fablicas. Ya no es aceptable ignorar el coste del modelo que se aplica en Catalunya. La familia no es solo una instituci\u00f3n moral o cultural. Tambi\u00e9n es una instituci\u00f3n econ\u00f3mica de una eficacia extraordinaria. Cuando la pol\u00edtica deja de fortalecerla, la sociedad acaba pagando dos veces: primero, con el deterioro de los v\u00ednculos humanos y despu\u00e9s con una factura p\u00fablica inmensamente superior. La realidad es tozuda. 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